La comisión del asalto al Capitolio pide procesar a Trump por cuatro delitos, incluido el de insurrección

Hay gestos simbólicos que también son históricos. El comité de la Cámara de Representantes que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 recomendó este lunes, de forma unánime, el procesamiento penal de Donald Trump por su implicación en los hechos de esa jornada ominosa, y por sus actos durante los 64 días que precedieron a una insurrección violenta instigada por él con sus teorías, que se han demostrado una y...

Hay gestos simbólicos que también son históricos. El comité de la Cámara de Representantes que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 recomendó este lunes, de forma unánime, el procesamiento penal de Donald Trump por su implicación en los hechos de esa jornada ominosa, y por sus actos durante los 64 días que precedieron a una insurrección violenta instigada por él con sus teorías, que se han demostrado una y otra vez falsas, de que los demócratas le robaron las elecciones de noviembre de 2020. Los nueve miembros de la comisión (siete demócratas y dos republicanos) lo consideran culpable de cuatro delitos, con los cargos de incitación a una insurrección, de conspiración para emitir un falso testimonio y para defraudar a Estados Unidos y de obstrucción de un procedimiento oficial del Congreso, es decir, de la votación para certificar el triunfo del presidente Joe Biden, que se tenía que celebrar pacíficamente aquel día y que interrumpió una turba violenta al término de un mitin de Trump en Washington.

El comité, por boca del representante de Maryland Jamie Raskin, también pidió al Departamento de Justicia, que tiene abierta su propia investigación sobre el 6 de enero de 2021, ahora en manos de un fiscal especial, el encausamiento de estrechos colaboradores del expresidente durante ese tiempo, como el abogado John Eastman. Son recomendaciones no vinculantes, porque el comité no tiene poder para iniciar procedimientos legales, pero cargan un enorme peso moral al dar por probada la implicación de Trump y los suyos en varios crímenes graves, y tendrán asimismo consecuencias para el futuro sobre la responsabilidad de los presidentes en el desempeño de sus cargos.

“Y esa responsabilidad solo puede encontrarse en el sistema judicial criminal”, dijo en su intervención inicial el presidente del comité, Bennie Thompson, representante demócrata de Misisipi, que presentó un impactante video con el resumen de las pruebas obtenidas por la comisión. Después, dio paso a las palabras de varios de sus miembros, que se repartieron el relato del mismo modo teatral al que han acostumbrado a los seguidores de unas sesiones que han despertado las comparaciones con otros momentos cruciales de la historia del país, como el escándalo del Watergate o la investigación por el Irán-Contra.

“Tenemos toda la confianza en que nuestro trabajo proveerá de una hoja de ruta a la justicia para hacer pagar a los culpables”, añadió Thompson, que también aseguró que Trump quebró la fe en la democracia del pueblo estadounidense: “Perdió las elecciones de 2020, y lo sabía. Pero optó por tratar de mantenerse en el cargo a través de un plan en varias partes para anular los resultados y bloquear la transferencia del poder”.

La reunión de este lunes era la última de una comisión bipartidista que empezó sus trabajos hace un año y medio. Por el camino han realizado más de mil entrevistas, revisado más un millón de documentos y han citado a un centenar de testigos. El resultado de esas pesquisas las han puesto en conocimiento del público estadounidense en una serie de 10 espectaculares audiencias televisadas, algunas de ellas, en horario de máxima audiencia, entre junio y octubre de este año.

La última de esas sesiones inaugura también una semana horribilis (otra) para Trump, que continuará el martes, cuando el Congreso tiene previsto anunciar si hace públicas o no sus declaraciones de impuestos finalmente obtenidas tras casi cuatro años de esfuerzos legales por parte del magnate para bloquear su publicación. El miércoles, la comisión del 6 de enero presentará su informe definitivo, que estará dividido en ocho capítulos, con los ocho temas en los que han dividido sus 10 audiencias, al que ha precedido este lunes el lanzamiento de un resumen ejecutivo.

Dos de sus miembros, los republicanos Adam Kinzinger (Illinois) y Liz Cheney (Wyoming), no renovaron en las últimas elecciones su asiento en el nuevo Congreso, que echará a andar con el nuevo año. El triunfo de los conservadores, menor del que esperaban, les ha dado control sobre la Cámara baja, control que presumiblemente usarán para enterrar esta comisión de investigación, entre otras, y para tratar de pasar página de las responsabilidades penales de Trump.

Cheney aprovechó su intervención inaugural para, echando mano de referentes morales de su partido, como Abraham Lincoln o Ronald Reagan, recordar que “en el corazón” de la república late la garantía de la “transferencia pacífica del poder”. Cheney también recordó que el 6 de enero el expresidente se quedó en la Casa Blanca, viendo todo por televisión, aun a sabiendas de que era el único con poder para parar el ataque y la violencia. “Ningún hombre que se comporte de esa manera, en un momento como ese, está capacitado para ocupar un puesto de autoridad en nuestra nación. No es apto para ningún cargo”, remató.

Candidatura a la Casa Blanca

La petición de procesamiento llega semanas después de que el magnate lanzase su candidatura a la Casa Blanca para 2024. Lo hizo a los pocos días de la celebración de las elecciones legislativas de medio mandato, en las que el Partido Republicano, que en muchos sentidos sigue viviendo a su sombra, se llevase una decepción en las urnas de la que responsabilizaron a Trump por su apoyo a candidatos inexpertos y demasiado extremistas que impidieron a los conservadores retomar el control del Senado. El anuncio extraordinariamente temprano de su intención de optar por tercera vez a la presidencia fue interpretado como una manera de librarse de los muchos líos legales que lo acosan, desde Nueva York, donde se investigan sus finanzas, hasta Atlanta, donde un gran jurado estudia las presiones para tratar de subvertir los resultados electorales.

El Departamento de Justicia, que no está obligado a atender a las recomendaciones del comité del Congreso, continuará con su propia investigación sobre el 6 de enero. Entre las últimas actuaciones de esa investigación destaca la citación de funcionarios de siete Estados en los que Trump y los suyos trataron de certificar falsamente el triunfo republicano.

La audiencia también sirvió para refrescar la memoria de la opinión pública estadounidense de los principales hallazgos y de los protagonistas que fueron desfilando ante la comisión, que Trump volvió a denigrar en su cuenta de Truth, la red social que creó después de su expulsión de Twitter a raíz del 6 de enero; concretamente, los llamó “corruptos Cobardes que odian nuestro País [las mayúsculas son suyas]”. Personajes como Cassidy Hutchinson, joven ayudante de Meadows, que fue testigo de cómo se desarrollaron las cosas aquel día en el entorno del Despacho Oval, desfilaron por la pantalla en un vídeo entre fragmentos de grabaciones que ofrecieron ejemplos gráficos de la extrema violencia que se desplegó en el Capitolio en esa gélida jornada, o testimonios de un miembro de los cuerpos de seguridad que contó que en esas horas críticas llamó desde dentro del Capitolio a su familia para despedirse, temiéndose lo peor.

Este lunes se añadió un nuevo personaje a la trama. Se trata de Hope Hicks, asesora de Trump en dos periodos diferentes de su presidencia, así como durante su campaña de 2016. En una declaración grabada mostrada por el comité, Hicks contó que expresó a su jefe la preocupación de que, al empeñarse en el fraude electoral, estuviera “dañando su legado”. A lo que aquel le respondió: “A nadie le importará mi legado si pierdo [las elecciones]. Entonces, eso no importará. Lo único que importa es ganar”.

Además de los cargos penales contra Trump, la comisión también mandó a cuatro republicanos del Congreso al comité de ética de la Cámara por no atender a sus citaciones. Se trata del líder de la minoría, Kevin McCarthy (California), y de los representantes Jim Jordan (Ohio), Scott Perry (Pensilvania) y Andy Biggs (Arizona). Esa decisión también carece de precedentes.

Sigue toda la información internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.