El Reino Unido y Francia acuerdan un aumento de patrullas conjuntas para controlar la inmigración irregular en el canal de la Mancha

La mayor urgencia del nuevo primer ministro británico, Rishi Sunak, es la economía. La segunda, responder de una manera eficaz a la crisis del canal de la Mancha, donde el número de inmigrantes irregulares que intentan alcanzar las costas británicas se ha vuelto incontrolable. En lo que va de año, superan ya los 40.000. En 2019, la cifra no llegó a los 2.000. Para poder afrontar el problema, es fundamental la colaboración de las autor...

La mayor urgencia del nuevo primer ministro británico, Rishi Sunak, es la economía. La segunda, responder de una manera eficaz a la crisis del canal de la Mancha, donde el número de inmigrantes irregulares que intentan alcanzar las costas británicas se ha vuelto incontrolable. En lo que va de año, superan ya los 40.000. En 2019, la cifra no llegó a los 2.000. Para poder afrontar el problema, es fundamental la colaboración de las autoridades francesas y, de momento, el Gobierno de Sunak ha logrado la respuesta positiva de París.

El Ministerio del Interior británico ha anunciado en la madrugada de este lunes la renovación de un acuerdo de cooperación policial entre ambos países, con objetivos más ambiciosos que el que ya existía. El número de patrullas fronterizas que controlarán las costas francesas, de donde zarpan la gran mayoría de las embarcaciones ilegales controladas por organizaciones mafiosas de traficantes, aumentará en un 40% durante los próximos meses. Pero lo más relevante, según ha anunciado el Gobierno de Sunak, es que agentes británicos podrán estar presentes, por primera vez, tanto en la sala de control de las operaciones desplegadas en territorio francés como en las patrullas que se desplieguen sobre el terreno costero. Era una petición de Londres que, hasta hoy mismo, el Gobierno de Emmanuel Macron no se planteaba por la dificultad legal y técnica que suponía, y por el modo en que ponía en cuestión la soberanía territorial de los franceses.

“No existen soluciones fáciles para este problema, pero con el nuevo acuerdo podremos aumentar de un modo significativo el número de gendarmes franceses que patrullan las playas del norte de Francia, y asegurarnos de que agentes del Reino Unido y de Francia trabajan codo con codo para detener a los traficantes de personas”, ha dicho la ministra de Interior británica, Suella Braverman, que ha firmado este mismo lunes en París el nuevo acuerdo con su homólogo francés, Gérald Darmanin.

El Gobierno británico se compromete a aportar más de 72 millones de euros durante el próximo año para incrementar la seguridad en las costas. El Ejecutivo de Boris Johnson ya firmó el desembolso de más de 50 millones con el mismo propósito, pero los reproches mutuos entre Londres y París, y, sobre todo, el modo en que el lado británico utilizó la tensión a ambos lados del canal para hacer política, enturbiaron el esfuerzo de cooperación. La llegada de Sunak, que ha mostrado en sus primeros pasos una voluntad de enderezar las relaciones con el continente europeo, ha permitido dar un nuevo impulso al esfuerzo migratorio en un momento especialmente delicado.

De momento, todo se reduce a grandes promesas, pero el nuevo acuerdo pretende aumentar la inversión conjunta en tecnología de vigilancia, con un mayor número de drones, equipos de detección con perros adiestrados, cámaras costeras y helicópteros de supervisión. Londres y París quieren crear, además, una fuerza especializada que se concentrará en combatir el nuevo desafío surgido en los últimos meses, que preocupa especialmente al Gobierno británico: las mafias albanesas que se han hecho con el control de las rutas migratorias entre el occidente del continente europeo y el Reino Unido. “Debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para frenar estas travesías tan peligrosas y golpear duramente a estas bandas criminales. Es un desafío global que exige soluciones globales”, ha dicho Braverman.

El desafío en casa

La ministra Braverman, que cuenta con el apoyo entusiasta del ala más dura del Partido Conservador, tiene un discurso de control de la inmigración todavía más agresivo que el de su predecesora, Priti Patel. Sunak la incorporó a su Gobierno para asegurarse el apoyo de los diputados y los militantes que se sitúan más a la derecha, y que ven en la inmigración sin control la mayor amenaza para el Reino Unido. Cuando hace pocas semanas, la ministra se refirió al problema en la Cámara de los Comunes, lo definió como “una invasión de las costas del sur de Inglaterra”. El término escandalizó a la oposición, a las organizaciones de ayuda a los refugiados y a muchos diputados tories moderados, pero logró el aplauso de los medios conservadores, que elogiaron a la ministra por llamar a las cosas, según ellos, por su nombre.

El Gobierno británico tiene un serio problema de gestión y logística de los inmigrantes que llegan hasta la isla. En las últimas semanas, han salido a la luz las condiciones en las que viven las personas llegadas al centro de procesamiento de refugiados de Manston, una antigua bases aérea en el condado de Kent destinada a tomar las primeras decisiones de distribución y vivienda con todos aquellos que llegan hasta las costas británicas (en su mayoría, iraquíes, afganos, sirios y cada vez más, albaneses). En teoría, los inquilinos de Manston solo pueden permanecer allí 24 horas, y su capacidad de alojamiento tiene un límite de 1.600 personas. En las últimas semanas, el número de inmigrantes en el centro ha superado los 4.000, y algunas familias llevan más de un mes instaladas en tiendas de campaña. Ha habido episodios de difteria, altamente contagiosa, entre las personas alojadas.

“El Gobierno se ha centrado, de modo deliberado, en provocar que el sistema [de acogida de refugiados] fuera cada vez más duro y austero, en vez de destinar recursos y capacidades a tratar a las personas con compasión y respeto”, ha denunciado Enver Solomon, el director ejecutivo de la organización humanitaria UK Refugee Council. Los funcionarios de Interior acusaron en su momento a Braverman de ignorar los consejos de los expertos y su propia obligación legal como ministra, y frenar el traslado de los inmigrantes de Manston hasta hoteles cercanos, como se lleva haciendo en los últimos años. Braverman ha negado esta acusación, y los traslados se han incrementado de inmediato, pero lo cierto es que las protestas de los vecinos y la escasa capacidad hotelera complican cada vez más una solución provisional que cuesta al erario público británico unos ocho millones de euros diarios.

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