Las fuerzas de seguridad de Sri Lanka desalojan la Presidencia y la principal acampada de protesta
Hay nueve detenidos y, según los manifestantes, al menos 50 heridos. El nuevo jefe de Estado, Ranil Wickremesinghe, había dado a los manifestantes un ultimátum de 72 horas
Cuando no habían transcurrido ni 24 horas desde que el nuevo presidente de Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, fuera investido el jueves en el cargo, el ejército y fuerzas especiales de la policía expulsaron en la madrugada de este viernes a parte de los manifestantes acampados en el parque Galle de la capital, Colombo. También desalojaron la Presidencia, ocupada desde el 9 de julio por la multitudinaria protesta popular contra el ...
Cuando no habían transcurrido ni 24 horas desde que el nuevo presidente de Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, fuera investido el jueves en el cargo, el ejército y fuerzas especiales de la policía expulsaron en la madrugada de este viernes a parte de los manifestantes acampados en el parque Galle de la capital, Colombo. También desalojaron la Presidencia, ocupada desde el 9 de julio por la multitudinaria protesta popular contra el anterior mandatario. Nueve personas, entre ellas dos heridas, han sido detenidas en la operación, confirmó Nalin Thalduwa, un portavoz policial, a la agencia Reuters. Los organizadores de las acampadas han denunciado que al menos 50 manifestantes resultaron heridos durante el desalojo de la protesta que el pasado 15 de julio forzó la huida y posterior renuncia del anterior jefe del Estado, Gotabaya Rajapaksa, en medio de la peor crisis económica del país desde su independencia del Reino Unido en 1948.
Ranil Wickremesinghe había jurado en la mañana del jueves como nuevo presidente tras obtener la mayoría de los apoyos en el Parlamento durante una votación secreta. Sustituyó a su aliado Rajapaksa, principal blanco de las iras de los manifestantes, que le acusaban de haberse lucrado personalmente mientras los esrilanqueses de a pie afrontan una grave escasez de suministros básicos como el combustible e incluso medicinas y alimentos.
Sin embargo, la llegada a la jefatura del Estado del también impopular Wickremesinghe, que ejerció como primer ministro con su predecesor en la presidencia, no auguraba un retorno a la calma, pues los manifestantes lo consideran parte de la élite corrupta a la que culpan de haber expoliado en beneficio propio los recursos del país, por lo que también habían pedido su dimisión. Al igual que el entonces presidente Rajapaksa, Wickremesinghe se comprometió a renunciar a su cargo el pasado día 13, una promesa que ambos incumplieron.
La continuidad de aliados del presidente depuesto en los puestos clave del Estado se ha visto plasmada de nuevo este viernes cuando otro aliado de Rajapaksa, el diputado Dinesh Gunawardena, prestó juramento como nuevo primer ministro de Sri Lanka, apenas unas horas después de que las fuerzas de seguridad irrumpieran en los campamentos de protesta. Está previsto que el resto del Ejecutivo jure también su cargo durante esta jornada. Una de las principales demandas de los manifestantes que desde hace meses claman en las calles del país, la convocatoria de elecciones y la renovación en los puestos del poder, queda así incumplida.
Tras tomar posesión de su cargo el jueves, el recién investido presidente, que también ha asumido el Ministerio de Finanzas, había dado un ultimátum de 72 horas a los acampados en edificios y sedes oficiales para que los abandonaran. Wickremesinghe emitió, el mismo día, una orden a todos los miembros de las Fuerzas Armadas para que se prepararan para “mantener el orden público” a partir de este viernes. El lunes, cuando aún era presidente interino — fue nombrado para ese cargo por Rajapaksa antes de que el Parlamento lo confirmara como jefe de Estado— , Wickremesinghe había decretado el estado de emergencia, que faculta a los militares para detener a los manifestantes y restringir el derecho de manifestación.
Estas decisiones hicieron temer una oleada represiva que, según los organizadores de las protestas, se ha concretado esta madrugada, cuando cientos de militares y agentes de la Policía desmantelaron parte del campamento bautizado como Gota go home (por Gotabaya, nombre de pila del anterior presidente), en el parque Galle, en el centro de Colombo, antes de dirigirse a la sede de la Presidencia para sacar a los allí acampados. Los medios de comunicación del país mostraron imágenes de soldados con equipamiento antidisturbios y armados con rifles de asalto derribando las tiendas de ese parque, convertido en el epicentro de las protestas y levantado en abril por manifestantes enfurecidos por la situación de bancarrota del país. Según el organizador de la protesta, Manjula Samarasekara, los agentes agredieron a los manifestantes.
“Estamos siendo atacados, necesitamos ayuda”, confirmó a la agencia Efe uno de los manifestantes, Manodhya Jayaratne, hacia las 2.30 hora local (22.30 del jueves en hora peninsular española), cuando comenzó la operación de desalojo. “Nos golpearon de forma muy cruel”, declaró a Reuters Buddhika Abeyrathne, de 34 años, que presenció la redada. “El señor Wickremesinghe no sabe lo que es la democracia”, añadió.
Tras las redadas, cientos de manifestantes marcharon desde la estación de tren de la ciudad hasta el parque Galle, donde fueron retenidos por militares y policías antidisturbios, que habían levantado barricadas para cerrar el paso a la multitud. “Esta es la cara de Ranil Wickremesinghe. En su primer día [en la presidencia] ya ha utilizado a las fuerzas armadas”, declaró a Reuters Rajeevkanth Rajkumar, director general de una empresa de construcción, “No queremos que más personas inocentes resulten heridas, pero iremos a ese sitio [el lugar de la protesta] a cualquier precio”, añadió.
El Colegio de Abogados de Sri Lanka ha advertido de que la represión puede desestabilizar el país, pendiente de un rescate del Fondo Monetario Internacional. “El uso de las fuerzas armadas para reprimir las protestas civiles en el primer día de mandato del nuevo presidente es despreciable y tendrá consecuencias graves para la estabilidad social, económica y política de nuestro país”, censuró el colectivo de abogados en un comunicado.
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