Bruselas pone en el punto de mira al círculo familiar de los oligarcas para evitar que evadan las sanciones

La Unión Europea contempla golpear a los familiares de los oligarcas ya sancionados para evitar que se aprovechen de posibles agujeros o fugas en las sanciones aplicadas hasta ahora, pero se resiste a ir más allá de momento en sus represalias contra Moscú. Cumplidas cinco semanas desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania y tras una cumbre europea copada por asuntos energéticos y sin resultados tangibles en materia de sanc...

La Unión Europea contempla golpear a los familiares de los oligarcas ya sancionados para evitar que se aprovechen de posibles agujeros o fugas en las sanciones aplicadas hasta ahora, pero se resiste a ir más allá de momento en sus represalias contra Moscú. Cumplidas cinco semanas desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania y tras una cumbre europea copada por asuntos energéticos y sin resultados tangibles en materia de sanciones, la Comisión Europea multiplica estos días sus contactos con los aliados para afinar un quinto paquete de sanciones. O casi mejor –por usar la terminología manejada en el Ejecutivo comunitario– un “paquete intermedio” centrado en reforzar los cuatro golpes ya asestados contra Rusia, para evitar que empresas, oligarcas y sus familiares evadan las medidas y que el Banco Central de Rusia pueda realizar transacciones usando sus reservas de oro. Mientras, entre bambalinas, sigue trabajando en un paquete de mayor envergadura para el caso hipotético de que haya que dar respuesta a un ataque químico o similar ordenado por el presidente ruso, Vladímir Putin.

Hasta la fecha, las sanciones y la guerra han provocado que el comercio de la UE con Rusia se reduzca hasta alcanzar un cuarto de su tamaño prebélico, según cifras internas que se manejan en la Comisión. En 2021, los intercambios comerciales entre Rusia y el bloque comunitario sumaron 257.000 millones de euros. El efecto sobre el vecino euroasiático comienza a hacer mella al otro lado del telón de Putin. “La economía rusa se está contrayendo a un ritmo más rápido que desde 1998, cuando dejó de pagar su deuda”, expuso este martes Adewale Adeyemo, vicesecretario estadounidense del Tesoro, en una comparecencia pública desde Bruselas. A este lado, también se notan los efectos en forma de una inflación galopante impulsada por los precios de la energía, que en España se ha disparado hasta el 9,8%, el máximo desde 1985.

Adeyemo ha estado de visita en la capital comunitaria, donde se ha reunido con la comisaria europea de Finanzas, Mairead McGuinness (el martes) y con el de Economía, Paolo Gentiloni (el miércoles) con el objetivo de afinar y coordinar los siguientes pasos. “La clave es garantizar la aplicación efectiva y completa de las sanciones en todas las jurisdicciones. Esto es una prioridad y es un trabajo en curso”, aseveró McGuinness junto al estadounidense. “Estamos muy centrados en la elusión”, añadió Adeyemo.

Firmas tecnológicas

Tras la cita, Estados Unidos ha dado este jueves un nuevo golpe a Moscú en línea con el objetivo de tapar vías de escape. Esta vez son las empresas tecnológicas las que están en el punto de mira: el Departamento del Tesoro ha señalado 34 organizaciones (21 compañías y 13 individuos) asociadas a las redes alternativas que está empleando Moscú para sortear los efectos de las represalias impuestas en las primeras semanas del conflicto. Las nuevas medidas –desde empresas que adquieren de forma ilícita material para el Ejército ruso al mayor fabricante de chips del país– hablan de los desafíos que supone atacar las operaciones de los bancos y los movimientos de los oligarcas en un mundo interconectado y en el que las vías financieras y de abastecimiento tradicionales han sido sustituidas en parte por otras, más opacas y difíciles de rastrear, informa Iker Seisdedos.

“Hay varios agujeros en los que estamos trabajando”, reconocen fuentes de la Comisión. Entre los planes se encuentra actuar sobre familiares de determinados oligarcas y sobre empresas, para evitar maniobras o transferencias de dinero dirigidas a ocultar su riqueza y evadir las represalias. Hasta la fecha, 877 personas, incluidos el presidente ruso, su ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, y más de 30 miembros de las élites económicas próximas al Kremlin, además de 62 empresas, están sujetas a una congelación de bienes bajo el régimen sancionador de la UE. A las personas también se les ha prohibido desplazarse a la UE, salvo a Putin y Lavrov, por si se abre una eventual vía diplomática.

Otra de las fórmulas que baraja la UE es tratar de detectar componentes imprescindibles para Rusia y establecer prohibiciones teledirigidas a la exportación de esos productos críticos. No descarta tampoco actuar en las criptomonedas, que algunos rusos podrían estar usando para vadear las prohibiciones de la UE, tal y como denunció la semana pasada la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde.

Entre los Veintisiete, algún país ha expresado preocupación por el hecho de que dos vecinos muy próximos y que aspiran a formar parte de la UE algún día, Turquía y Serbia, actúen como posibles grietas en las represalias. Turquía es el único miembro de la OTAN que no participa en las sanciones contra Rusia.

En Bruselas son conscientes de que las medidas barajadas no tienen el atractivo de otras rondas; pero creen en el potencial de sumar una miríada de pequeños ajustes, entre los que también se incluye el mandato del G-7, tras su reunión en Bruselas el pasado jueves, de coordinar las “respuestas relacionadas con la evasión de las medidas, incluidas las relativas a las transacciones de oro del Banco Central de Rusia”, cuyas reservas en la UE han sido congeladas.

Empresas ‘offshore’

Las redes financieras globales opacas son uno de los diversos agujeros por los que se diluyen las sanciones con un manto de legalidad. Una reciente investigación de EL PAÍS constató el vínculo de 40 rusos sancionados por Bruselas con 27 empresas offshore activas que aparecen en registros públicos.

“Debemos asegurarnos de que quienes prestan servicios –financieros, jurídicos y de otro tipo– a los oligarcas para facilitar la evasión de las sanciones son plenamente conscientes de los riesgos que corren. Investigaremos todos y cada uno de los esfuerzos por infringir nuestra legislación en materia de sanciones y las infracciones tendrán consecuencias”, afirmó hace un par de semanas la comisaria McGuiness, al filo de la segunda reunión de trabajo de una división especial de la UE creada para coordinar la aplicación de las sanciones contra oligarcas rusos y bielorrusos.

Bautizado como Freeze and Seize (congela e incauta), este grupo operativo reúne a miembros de la Comisión, los Estados miembros, Eurojust (Agencia de la UE para la Cooperación Judicial Penal) y Europol (cooperación policial) para facilitar el intercambio de información y coordinar a las 27 capitales, para incautar y, en su caso, confiscar los activos de los oligarcas. “Corresponde a los Estados miembros aplicar las sanciones”, aclara un portavoz del Ejecutivo comunitario.

La UE ha multiplicado además sus contactos con los aliados para cerrar posibles grietas y coordina sus trabajos con el G-7 (Alemania, Francia, Italia, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y Japón) y Australia a través de otra división recién creada, llamada REPO (acrónimo en inglés de Élites, apoderados y oligarcas rusos).

El bloque comunitario nunca había hecho hasta la fecha un seguimiento tan quirúrgico de las sanciones ni había desplegado una cooperación tan estrecha con terceros países (incluido el santuario financiero de Suiza) para garantizar su efectividad.

La “hijastra” de Lavrov

Entre los golpes más sonados contra esta élite económica y sus círculos más íntimos se encuentra el nombre de Polina Kovaleva, de 26 años, sancionada por el Reino Unido como “hijastra” de Serguéi Lavrov, a pesar de que no existe un lazo directo entre ellos: es hija de la pareja sentimental del ministro de Exteriores, que sigue casado con otra persona, según medios de la disidencia rusa. Kovaleva vive desde hace años en el Reino Unido; en 2016, a los 21, cuando era un estudiante sin ingresos conocidos en la universidad inglesa de Loughborough, compró a tocateja un piso en el lujoso barrio londinense de Kensington por valor de 4,4 millones de libras (5,2 millones de euros). “Esto envía una fuerte señal de que aquellos que se benefician de la asociación con los responsables de la agresión rusa están en el ámbito de nuestras sanciones”, advirtió el Gobierno británico en un comunicado. Poco antes de ser sancionada, la semana pasada, Maria Pevchikh, una investigadora de la fundación anticorrupción del opositor ruso Alexéi Navalni, denunció a través de redes sociales la “glamurosa” vida de esta joven cuyo “historial de Instagram parecen unas vacaciones interminables”.

La UE también ha probado ya su munición contra la familia de algunos poderosos rusos: el 9 de marzo, le llegó el turno al piloto de fórmula 1 Nikita Mazepin, de 23 años, hijo de Dmitry Mazepin (también sancionado), propietario del grupo Uralchem, un fabricante ruso de productos químicos, como abonos minerales y amoníaco. “Dado que Uralchem patrocina al equipo Haas de Fórmula 1, Dmitry Mazepin es el principal patrocinador de las actividades de su hijo en dicho equipo”, detalla el documento de las sanciones. Unos días antes, Haas rescindió su contrato con la compañía patrocinadora y con el piloto (e hijo del dueño de la empresa).

En la lista negra comunitaria también figuran Galina Pumpyanskaya (56 años) y Alexander Pumpyansky (34 años), esposa e hijo de Dmitry Pumpyansky, director de Pipe Metallurgical Company, uno de los líderes mundiales en la fabricación de gasoductos y oleoductos, al considerarlos “asociados” al empresario sancionado.

Y el círculo de Lavrov también ha sido alcanzado desde Bruselas: la UE ha incluido en su nomenclatura al yerno del ministro de Exteriores, Alexander Vinokurov, de 39 años, empresario con intereses en el comercio minorista de alimentos, productos farmacéuticos, agricultura e infraestructuras; casado con Ekaterina Vinokurova, vástago de Lavrov; e hijo de Semen Vinokurov, que fue director de la empresa pública “Capital Pharmacies” y al que la UE considera “uno de los principales empresarios de la industria farmacéutica rusa”.

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