La UE se prepara para una larga crisis de refugiados que podría desplazar hasta 10 millones de personas

Se preveía una guerra relámpago, y no una de desgaste de duración indefinida. Pero un mes después de la invasión rusa de Ucrania, la situación parece alargarse en el tiempo. Con Moscú atascada en distintos frentes, en buena parte gracias a la resistencia de las fuerzas ucranias, la Unión Europea teme que el conflicto se pueda prolongar meses o incluso años, forzando la crisis humanitaria más allá de lo esperado. Los Veintisiete, que ya cuentan c...

Se preveía una guerra relámpago, y no una de desgaste de duración indefinida. Pero un mes después de la invasión rusa de Ucrania, la situación parece alargarse en el tiempo. Con Moscú atascada en distintos frentes, en buena parte gracias a la resistencia de las fuerzas ucranias, la Unión Europea teme que el conflicto se pueda prolongar meses o incluso años, forzando la crisis humanitaria más allá de lo esperado. Los Veintisiete, que ya cuentan con 17.000 millones de euros a su disposición facilitados por la Comisión y con el respaldo de la directiva de protección internacional —aprobada por primera vez en la historia de la UE para hacer frente a la emergencia— buscan ahora soluciones financieras y mecanismos de reparto solidario de refugiados para dar una respuesta en el largo plazo.

La guerra en Ucrania ya ha provocado el mayor éxodo en Europa desde la II Guerra Mundial, con 3,8 millones de personas atravesando las fronteras de su país en busca de refugio en la UE. Las cifras podrían elevarse hasta los ocho o incluso los 10 millones en los próximos meses, según estiman fuentes comunitarias, citando números de la ONU. “Hay que prepararse para algo estructural”, advierten.

“No sabemos cuál va a ser el próximo paso que va a dar [el presidente ruso, Vladímir] Putin. Tenemos que estar preparados”, ha asegurado este lunes en Bruselas la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, en una comparecencia tras una reunión extraordinaria de ministros del Interior de la UE, convocada para dar respuesta a la emergencia humanitaria. Johansson ha urgido a preparar “planes de contingencia por si la situación se deteriora”.

En la cita, los ministros han aprobado un decálogo de acciones para aliviar el drama humanitario. Entre los puntos, se reclama la creación de una plataforma europea única y centralizada para registrar a los recién llegados, con el fin de evitar duplicidades y errores de cálculo; pide coordinar entre los distintos socios comunitarios el transporte y la información, a través de puntos neurálgicos a los que puedan acudir los refugiados que quieran viajar por territorio Schengen.

Los Estados miembros también han acordado crear una especie de índice de países en función de su capacidad de recepción y acogida, para alentar el movimiento de ucranios hacia ellos, quitando presión a los Estados más saturados. Se prevé además la puesta en marcha de un plan de lucha contra la trata de seres humanos. Ya antes de la guerra, Ucrania estaba entre los cinco países con mayor tráfico de personas hacia la UE, según la Comisión. Y las ONG que actúan sobre el terreno han alertado de posibles situaciones de acoso de proxenetas.

Plan de acogida para la infancia

Los Veintisiete buscan además una solución común y coordinada para la acogida de la infancia: los niños suman más de la mitad de las llegadas a territorio comunitario. Son tantos que, como indicaba la semana pasada el vicepresidente de la Comisión, Margaritis Schinas, es como si en un solo mes se hubiera multiplicado casi por tres el número de nacimientos anual de Polonia.

A pesar de que el flujo de llegadas ha bajado —ha pasado de las 200.000 entradas diarias a cerca de 40.000, según cifras aportadas este lunes por la comisaria de Interior—, las capitales europeas ubicadas en primera línea temen que la presión desborde sus capacidades de alojamiento, asistencia social y sanitaria y acceso a la educación en el medio y largo plazo. A Polonia, primer país receptor, han llegado más de 2,2 millones de personas en las últimas cuatro semanas, según ACNUR. Le siguen Rumania (casi 600.000), Hungría (594.000) y Eslovaquia (275.000).

En la Comisión Europea reconocen, además, que los refugiados no se han redistribuido de forma voluntaria por los Estados miembros en el volumen que se esperaba. Esta era la apuesta inicial de Bruselas: las personas ucranias, al no tener restricciones de movimientos en zona Schengen, se irían trasladando a diferentes países. Pero la mayoría se han quedado en los lugares de primera acogida, cerca de su país de origen, previsiblemente para aguardar a un posible regreso.

Bruselas ha movilizado hasta 17.000 millones para hacer frente a la emergencia, según indican fuentes comunitarias. La cantidad es un encaje de bolillos presupuestario que bebe, entre otros, de los fondos estructurales del periodo 2014-2020 aún no gastados y de la iniciativa React-EU, creada para ayudar a los territorios a fortalecer el Estado del bienestar, blindar los servicios públicos y reactivar la economía tras el impacto de la pandemia. Los mecanismos, sin descender al detalle de las sumas, fueron anunciados la semana pasada por la Comisión.

El Ejecutivo comunitario no descarta ampliar las cantidades ante el drama que se avecina. En el Consejo Europeo celebrado este jueves y viernes en Bruselas, los jefes de Estado y de Gobierno emplazaron al Ejecutivo comunitario a buscar más recursos, según las conclusiones pactadas durante la cumbre. Los Veintisiete piden que “se completen con urgencia los trabajos sobre las recientes propuestas de la Comisión tendentes a respaldar a los Estados miembros, de manera que pueda movilizarse con rapidez la financiación de la UE para los refugiados y para quienes los acogen, e invita a la Comisión a que trabaje sobre otras propuestas para reforzar el apoyo de la UE”.

“Está claro que nuestros recursos y capacidades de acogida no serán suficientes para hacer frente al creciente flujo de personas”, asegura una carta enviada al Ejecutivo comunitario de forma conjunta por los ministros de Interior de Alemania, Nancy Faeser, y de Polonia, Mariusz Kaminski, a cuyo contenido ha tenido acceso EL PAÍS. “Esto es especialmente cierto a largo plazo”, añade la misiva, fechada el pasado viernes, y cuya intención era en parte marcar el debate de los ministros de Interior, reunidos este lunes para abordar la emergencia.

En Polonia se han quedado en torno a un millón y medio de personas, según cifras de la Comisión. Hasta Alemania han llegado ya cerca de 300.000 en movimientos secundarios desde los países fronterizos. A otros países, como Francia, se han desplazado al menos 30.000, según cifras aportadas este lunes por el ministro del Interior de este país (el 80% de ellas mujeres). En la carta, Berlín y Varsovia reclaman a la Comisión esquemas financieros que alivien a las capitales más afectadas de forma urgente, como por ejemplo aportar 1.000 euros por cada refugiado acogido en los primeros seis meses desde el inicio de la guerra.

El texto asegura que Polonia estima haber gastado hasta ahora 2.200 millones de euros en la asistencia humanitaria a los refugiados. “Eventos extraordinarios requieren medidas extraordinarias”, asevera la misiva, que reclama además potenciar la “plataforma de solidaridad” para “facilitar la posibilidad de viajar en condiciones seguras a otros Estados miembros”.

La carta se mueve en línea con el decálogo aprobado por los ministros de Interior. Aunque, de momento, la UE no tiene previsto activar ningún mecanismo obligatorio de cuotas de refugiados, la idea es alentar su desplazamiento voluntario con mayor información sobre los países con capacidades de acogida disponibles y el fomento de centros de transporte con acceso a trenes, autobuses e incluso vuelos.

La respuesta a la crisis de refugiados ha marcado un hito en la UE. Solo una semana después de que comenzara ala guerra, activó por primera vez una regulación jamás utilizada antes, la directiva de protección internacional, que permite la entrada en territorio comunitario de un número ilimitado de personas que huyen de una catástrofe. Los ucranios tienen derecho con su pasaporte a tres meses de estancia en la UE. Esta directiva, sin embargo, amplía la protección hasta el año, renovable automáticamente dos veces por periodos de seis meses, y permite el acceso a vivienda, escuelas, atención sanitaria y empleo. Hasta ahora, 800.000 personas han solicitado el amparo de esta directiva, según ha detallado la comisaria Johansson en su comparecencia.

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