El nuevo Congreso argentino pone a prueba la unidad del peronismo gobernante
El Ejecutivo y la oposición tendrán que pactar para aprobar leyes clave como la reestructuración de deuda con el FMI
El Gobierno argentino está obligado a pactar con la oposición para sacar adelante leyes en los próximos dos años. Este martes juraron su cargo los 127 nuevos diputados electos en los comicios del 14 de noviembre y el jueves lo harán los 24 nuevos senadores. Todos asumirán sus bancas el próximo día 10. A partir de entonces, el peronismo mantendrá la mayoría en la Cámara Alta pero perderá la capacidad de imponer la agenda en solitario, mientras...
El Gobierno argentino está obligado a pactar con la oposición para sacar adelante leyes en los próximos dos años. Este martes juraron su cargo los 127 nuevos diputados electos en los comicios del 14 de noviembre y el jueves lo harán los 24 nuevos senadores. Todos asumirán sus bancas el próximo día 10. A partir de entonces, el peronismo mantendrá la mayoría en la Cámara Alta pero perderá la capacidad de imponer la agenda en solitario, mientras que la nueva conformación de la Cámara Baja estará dominada por un empate casi técnico entre la coalición gobernante, el Frente de Todos, con 118 legisladores, y la opositora Juntos por el Cambio, con 116. Por fuera quedan 23 diputados, repartidos en pequeños partidos, pero cuyo voto será clave para alcanzar la mayoría de 129 requerida para la aprobación de casi todas las leyes.
El diálogo será imprescindible puertas afuera de las coaliciones, pero también en su interior. Dentro del peronismo gobernante, hay marcadas diferencias entre el sector kirchnerista —que responden a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner— y aquellos más cercanos al presidente, Alberto Fernández, o al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Kirchner, Fernández y Massa representan las tres patas de la coalición de distintas corrientes del peronismo que gobierna Argentina desde hace dos años.
En la coalición Juntos por el Cambio, las divisiones son aún mayores: los tres partidos que la integran (el PRO de Mauricio Macri, la centenaria Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica) estarán escindidos en ocho bloques. Las divisiones internas muestran la pugna que existe en la centro derecha opositora para la carrera presidencial de 2023. A dos años de las elecciones generales predomina el deseo de algunos de dirigentes por convertir la función legislativa en un escaparate que los promocione. María Eugenia Vidal, Martín Losteau y Facundo Manes son algunos de los diputados que suenan para competir en las primarias de Juntos por el Cambio en 2023. Fuera del Congreso, la mayor aspiración la tienen el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y el expresidente Mauricio Macri. Las tensiones dentro de las dos alianzas mayoritarias no han generado hasta el momento ninguna fractura formal, pero se agudizarán a medida que se acerquen las elecciones.
La primera prueba del nuevo Congreso será el Presupuesto 2022, que duerme en la Cámara baja desde mediados de septiembre. El ministro de Economía, Martín Guzmán, irá a defender el proyecto de ley el lunes y a partir de entonces se reactivará la negociación con los distintos jefes de bloque para consensuar modificaciones que permitan su aprobación. El Presupuesto para el año que viene prevé un crecimiento del 4% y una inflación del 33%. Las proyecciones oficialistas parecen muy optimistas al lado de las de organismos como el Fondo Monetario Internacional: la entidad presidida por Kristalina Georgieva reduce el crecimiento de los próximos 12 meses al 2,5%.
La discusión sobre el presupuesto está atada a otra más compleja. El Congreso deberá aprobar el plan económico plurianual que el presidente Fernández prometió enviar esta semana al recinto. El proyecto funcionará como una hoja de ruta en las negociaciones que esta semana avanzan con el Fondo Monetario Internacional para renegociar el pago de los 44.0000 millones de dólares que el multilateral prestó en 2018 a Mauricio Macri. La Casa Rosada quiere que ese plan económico, uno de las condiciones que puso el FMI para avanzar en cualquier acuerdo, tenga apoyo parlamentario. El hueso más duro no está en la oposición, que no se opondrá a la renegociación de una deuda que ellos mismos contrajeron, sino con los sectores del kirchnerismo que se oponen a cualquier opción que implique un ajuste fiscal.
El proyecto del Ejecutivo contempla las metas macroeconómicas para Argentina en el próximo lustro y tiene como punto destacado una progresiva reducción del déficit hasta llegar a un punto de equilibrio en 2025. El diálogo con el organismo internacional se ha estancado en numerosas ocasiones, pero el Gobierno pretende alcanzar un acuerdo definitivo con el FMI en el primer trimestre de 2022. La negociación es urgente porque, según el actual cronograma de vencimientos, Argentina debe desembolsar el año que viene 19.100 millones de dólares, una cifra a la que no le puede hacer frente.
El nuevo Congreso acompañará a Fernández durante los próximos dos años. Será un campo de batalla poco amigable para el Ejecutivo, como nunca antes enfrentó el peronismo. Será la primera vez que no tendrá el control total del Senado, donde están representadas las provincias a razón de tres por cada una, mientras deberá negociar cada paso con la oposición en Diputados. El kirchnerismo, que ahora va por su tercera versión, gobernó siempre con mayorías en ambas cámaras, al punto de que el Parlamento era considerado un trámite menor que debían sortear los proyectos que salían de la Casa Rosada. La nueva relación de fuerzas, surgida de la derrota electoral del 14 de noviembre, pondrá a prueba la unidad del peronismo para acordar una agenda común, en medio de las mayores tensiones internas.
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