El Tribunal de Paz de Colombia eleva a más de 6.400 los ‘falsos positivos’ bajo el Gobierno de Uribe

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal de justicia transicional encargado de juzgar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado en Colombia, estableció que entre 2002 y 2008 hubo más de 6.400 víctimas de los llamados “falsos positivos”, el eufemismo con el que se conocen los asesinatos de civiles por parte de militares para presentarlos como guerrilleros caídos en combate. Esa cifra casi que triplica los 2.248 que había reportado previamente la Fiscalía en sus infor...

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal de justicia transicional encargado de juzgar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado en Colombia, estableció que entre 2002 y 2008 hubo más de 6.400 víctimas de los llamados “falsos positivos”, el eufemismo con el que se conocen los asesinatos de civiles por parte de militares para presentarlos como guerrilleros caídos en combate. Esa cifra casi que triplica los 2.248 que había reportado previamente la Fiscalía en sus informes.

“La JEP establece que por lo menos 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008”, señaló este jueves la Sala de Reconocimiento de Verdad del alto tribunal, surgido del acuerdo de paz, al hacer pública la estrategia de priorización del caso 03, relacionado con los falsos positivos. Esos crímenes, perpetrados principalmente durante los dos mandatos del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), el más férreo opositor a la negociación con las FARC, siguen siendo una fuente permanente de conmoción en una sociedad que busca doblar la página de la violencia sin esquivar la verdad.

Como parte del proceso para dimensionar el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales, el tribunal ha contrastado un enorme volumen de información que incluye cuatro bases de datos. “Las cifras del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), el Sistema de Información Judicial de la Fiscalía (SIJUF), el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) difieren respecto a la magnitud del crimen investigado por la JEP”, señaló el alto tribunal. “Sin embargo, las distintas fuentes oficiales y no gubernamentales identificaron el periodo de 2002 a 2008 como el de mayor número de víctimas. El resultado muestra que durante esta etapa se registró el 78% del total de la victimización histórica”.

La primera fase de investigación, detalló la JEP, se concentra en seis territorios del país: Antioquia, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta, así como la costa Caribe. Dos de cada tres víctimas se presentaron en 10 de los 32 departamentos de Colombia, que incluyen todos los territorios priorizados. Las versiones voluntarias que ya han aportado algunos involucrados en el caso 03, que aborda las “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, han detallado las presiones en el ejército para obtener resultados a cambio de recompensas.

“Hasta que el ejército no sea honesto y cuente la verdad, es vergonzoso pero irán apareciendo más fosas comunes como la de Dabeiba con nuestros hijos, esposos padres y seres queridos que un día salieron para no volver”, reaccionó en sus redes sociales Luz Marina Bernal, una de las fundadores de las Madres de Soacha, un movimiento de familiares de víctimas de falsos positivos. Su mensaje hace referencia a las exhumaciones que ha hecho la JEP en el cementerio católico de Dabeiba, un paraje montañoso a unas cuatro horas de Medellín, en el noroeste de Colombia, donde se han recuperado cuerpos de presuntas víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

A cuatro años de la firma del acuerdo de paz entre el Estado y la extinta guerrilla de las FARC, Colombia se acerca a las primeras decisiones judiciales de fondo sobre más de medio siglo de conflicto armado. El mes pasado, la JEP imputó a la cúpula de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –hoy desarmadas y convertidas en el partido político rebautizado como Comunes– una serie de crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con el secuestro, una de sus prácticas más crueles y repudiadas. Esa inédita imputación se produjo en el marco del caso 01, que aborda la “toma de rehenes y graves privaciones de la libertad cometidas por las FARC-EP”.

El del secuestro es el más avanzado de los siete grandes procesos –o ‘macrocasos’– que ha abierto hasta ahora la justicia transicional, y la imputación se considera su primer gran resultado. El caso 03, “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, es el otro macrocaso más avanzado, en el que se espera en este 2021 un auto de determinación de hechos y conductas.

La JEP, considerada la columna vertebral de los acuerdos de paz, se ha visto obligado a navegar en medio de la polarización que ha caracterizado a la sociedad colombiana desde los diálogos de La Habana, y avanza en sus pesquisas a pesar de los múltiples obstáculos. El tribunal de paz privilegia la verdad plena, y establece penas alternativas a la cárcel a cambio de que los involucrados confiesen sus crímenes y reparen a las víctimas. Junto a la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, la JEP forma parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición surgido de los acuerdos, que ha contado con el robusto respaldo de la comunidad internacional.

El sistema, sin embargo, ha sido blanco de ataques por parte del expresidente Uribe, mentor político de Iván Duque y fundador del Centro Democrático, el partido de Gobierno. Uribe, quien insiste en derogar la JEP y modificar los acuerdos, consideró la decisión de este jueves como un “nuevo atropello de la JEP por falsos positivos” en un comunicado que publicó en su cuenta de Twitter. “Nunca he eludido la justicia, que cuando se trata de mi persona muchos la presionan o la sustituyen cuando menos sembrando suspicacias”, señaló el exmandatario, quien renunció a su escaño en el Senado para enfrentar un proceso por manipulación de testigos.

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