Organizaciones sociales de Nicaragua suspenden sus operaciones por la Ley de Agentes Extranjeros de Ortega

La Ley de Agentes Extranjeros, una de las cuatro normativas aprobadas por el Parlamento de Nicaragua para acallar a la disidencia, ha avanzado sobre los pocos organismos de la sociedad civil que continuaban operando en el país tras los cierres y confiscaciones ordenadas por el Gobierno de Daniel Ortega a partir de 2018, cuando estalló la crisis sociopolítica. En menos de 24 horas, dos prominentes organizaciones anunciaro...

La Ley de Agentes Extranjeros, una de las cuatro normativas aprobadas por el Parlamento de Nicaragua para acallar a la disidencia, ha avanzado sobre los pocos organismos de la sociedad civil que continuaban operando en el país tras los cierres y confiscaciones ordenadas por el Gobierno de Daniel Ortega a partir de 2018, cuando estalló la crisis sociopolítica. En menos de 24 horas, dos prominentes organizaciones anunciaron el cierre de sus operaciones en rechazo a esta legislación que busca imponer controles y cortapisas a las organizaciones que promueven el respeto a los derechos humanos y la libertad de expresión y prensa.

La primera en rechazar este jueves el ultimátum oficial para “registrarse como Agente Extranjero” fue PEN Nicaragua, un grupo de escritores, poetas y periodistas que promueven la libertad de la palabra. “A pesar de que nuestros fines y trabajo responden a ideales humanitarios y libertarios, estamos conscientes de que esta vinculación haría que el Estado nos impusiera la inscripción como agentes extranjeros y el cumplimiento de requisitos mensuales que no se corresponden con la realidad de nuestras limitaciones”, aseguró la galardonada escritora Gioconda Belli, presidenta de PEN Nicaragua.

La Ley de Agentes Extranjeros bloquea la financiación y donaciones internacionales a la sociedad civil, ONG defensoras de derechos humanos, periodistas y, en especial, a opositores para limitar sus actividades de organización política. En las últimas semanas, el Ministerio de Gobernación emitió una serie de avisos para inscribirse como agentes extranjeros so pena de sanciones. Al mismo tiempo, quienes se inscriban tendrán que informar mes a mes sobre sus operaciones, algo que ha sido interpretado como un método de control y espionaje político.

“El pretexto de salvaguardar la soberanía y seguridad nacional que se invoca en tal ley es improcedente, puesto que ya está asegurada por otras leyes, en el marco jurídico nacional”, declaró este viernes en Managua la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que promueve la libertad de prensa, y que también suspendió operaciones.

“Se trata de una clara manipulación que persigue paralizar el funcionamiento de organismos que el Gobierno considera contrarios a sus lineamientos, en evidente violación a los derechos humanos universales, la libertad de pensamiento y de difusión, la democracia y el Estado de Derecho”, agregó el organismo fundado por Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro y del héroe nacional Pedro Joaquín Chamorro, asesinado por la dictadura somocista en 1978.

Ética y Transparencia (EyT), un organismo de observación electoral, también rechazó inscribirse como ‘Agente Extranjero’. Por su parte, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) decidió registrarse, pero denunciaron que cada vez que llegan a la ventanilla de inscripción les exigen nuevos requisitos, lo que imposibilita finalizar el trámite.

“Esta ley es otro instrumento diseñado para perseguir y aplastar a quienes nos resistimos al designio de cautiverio y sumisión a que nos quieren someter con arbitrariedades que exceden los límites constitucionales”, criticó Ana Elisa Martínez, directora de la Fundación Violeta.

Aunque en su etapa legislativa la normativa dejó por fuera como ‘Agentes Extranjeros” a corresponsales de medios de comunicación internacionales, en las últimas semanas los periodistas han recibido una esquela de inscripción a través de los bancos locales.

La ley afecta tanto a personas jurídicas como naturales. Da un plazo de cinco días para la inscripción, y en caso de obviar el llamado, “la autoridad competente aplicará multas”. “Podrá solicitar la cancelación de la personalidad jurídica a la instancia respectiva en el caso de las personas jurídicas. Todo sin perjuicio de las responsabilidades penales por la realización de actos que amenacen la seguridad soberana de la nación, determinada por la autoridad judicial”, dice el artículo 15 de la normativa.

La negativa a inscribirse también autoriza “a la autoridad competente a impedir la realización de las actividades y previa autorización judicial podrá intervenir los fondos y activos de la persona natural o jurídica que se niegue a cumplir la Ley”.

La Fundación Violeta Barrios de Chamorro y otras 60 organizaciones más de la sociedad civil interpusieron recursos de inconstitucionalidad. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, controlada por Ortega. ignoró las quejas. “Al someter a esa ley de Agentes Extranjeros, estaríamos renunciando a nuestra ciudadanía nicaragüense, y eso no lo vamos hacer nunca”, sentenció Cristiana Chamorro.

Demuelen edificios confiscados de ONG

Al mismo tiempo de la aprobación de esta ley, el Gobierno de Ortega oficializó las confiscaciones de facto de ONG y redacciones periodísticas intervenidas policialmente en diciembre de 2018, cuando otorgó la posesión de los inmuebles al Ministerio de Salud (Minsa). Este 29 de enero, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció que su sede central en Managua estaba siendo demolida. También la redacción de Confidencial, la publicación dirigida por el periodista Carlos Fernando Chamorro, comenzó a ser desmantelada con el pretexto de fundar una “casa materna”.

“Desde 2007, cuando regresó al poder, Daniel Ortega identificó en la sociedad civil a uno de sus adversarios políticos más importantes. Por eso siempre ha querido controlar a las ONG, pero nunca había avanzado tanto como con esta ley de Agentes Extranjeros”, afirmó la socióloga Elvira Cuadra. “La ley criminaliza el derecho fundamental de organización y participación ciudadana. Cierto es que la ley limitará a estas organizaciones, pero no las detendrá. No necesitan una personería jurídica para funcionar”.

La poeta Gioconda Belli dijo a EL PAÍS que, aunque la sociedad civil ha sido desmantelada jurídicamente, “la decisión de Ortega de acabarla la fortalece”. “Fortalecerá la voluntad de quienes somos parte, para reinventarnos y usar toda nuestra creatividad y amor para continuar socavando los muros tras los que quiere encerrarnos su despiadada dictadura”, sostuvo la escritora. “Esta ley y todas las de estos días solo muestran que están conscientes de que su poder no puede sostenerse más que intentando aplastar la energía que hay tras el rechazo que inspira su Gobierno”, aseguró la poeta.