Biden avanza en la reforma migratoria, pero evita derogar todas las medidas de Trump

El presidente Joe Biden sigue adelante en su determinación de revertir, recurriendo a su poder ejecutivo, el sistema hostil hacia la inmigración que construyó su predecesor. Este martes ha firmado tres nuevos decretos destinados a terminar con más medidas disuasorias impuestas por Trump en ...

El presidente Joe Biden sigue adelante en su determinación de revertir, recurriendo a su poder ejecutivo, el sistema hostil hacia la inmigración que construyó su predecesor. Este martes ha firmado tres nuevos decretos destinados a terminar con más medidas disuasorias impuestas por Trump en la frontera mexicana. La ofensiva deja clara su intención de cambiar el tono, pero no oculta la cautela con la que su Administración avanza en este terreno extremadamente delicado. En medio de la pandemia y con un repunte de detenciones en la frontera, los decretos aprobados no cancelan inmediatamente las controvertidas medidas de su predecesor, sino que encargan revisiones y solicitan tiempo para diseñar un nuevo marco. “No estoy haciendo nuevas leyes, estoy eliminando malas políticas”, ha dicho Biden a los periodistas en la Casa Blanca.

Dos de los decretos que Biden ha firmado este martes están dirigidos a abordar las causas profundas de la inmigración. El tercero trata de poner los medios para reunir con sus padres a los menores separados de sus familias en la frontera con México. Esta última orden ejecutiva, encaminada a corregir una de las medidas más criticadas del presidente Donald Trump, encomienda al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, que lidere un equipo de trabajo que habrá de hallar la manera de identificar y reunir a las familias separadas en la frontera.

La política de mano dura de Trump contra quienes trataban de cruzar a Estados Unidos, en un intento de desincentivar la entrada de migrantes indocumentados, incluyó en 2018 la controvertida medida de separar a padres e hijos. Más de 5.000 familias se vieron afectadas por una medida a la que un alto funcionario de la Administración, en conversación con periodistas, se refirió como “un fracaso moral y una vergüenza nacional”. Con los otros dos decretos firmados este martes, Biden ordena una revisión en profundidad de las políticas migratorias de Trump que limitaron el derecho de asilo, cortaron la financiación a países extranjeros y endurecieron los requisitos para obtener la residencia y la nacionalidad, ralentizando la llegada de migración legal al país.

“La estrategia del presidente Biden se centra en la premisa básica de que nuestro país es más seguro, más fuerte y más próspero con un sistema migratorio más seguro, ordenado y humano que dé la bienvenida a los inmigrantes, mantenga a las familias unidas y permita a la gente a contribuir de manera más completa a nuestro país”, dijo a los periodistas el mismo funcionario.

El mensaje está claro. El presidente Biden subraya su compromiso con las promesas electorales que realizó durante la campaña. Pero la ofensiva ejecutiva también muestra lo limitado de su campo de maniobra para revertir las políticas en vigor. Las órdenes de este martes, igual que las demás que ha venido dedicando estas semanas al asunto de la inmigración, no implican cambios reales inmediatos, sino que dan tiempo a los departamentos correspondientes para determinar las maneras de anular el marco vigente. La propia Administración reconoce que algunas de las medidas de control de fronteras de Trump tendrán que seguir en vigor durante un tiempo.

En el tema de las separaciones de familias, Biden contempla traer a Estados Unidos a los padres de los niños o enviar a los pequeños con sus padres a los países en los que residan, en función de la legislación vigente y de los deseos de las propias familias. Mayorkas, exfiscal californiano de origen cubano, confirmado este mismo martes en el Senado como secretario de Seguridad Nacional, será el responsable de diseñar las soluciones, al frente del grupo de trabajo en el que estarán también el secretario de Estado y el fiscal general.

Respecto a los protocolos de solicitud de asilo impuestos por la Administración Trump, que enviaron a cerca de 60.000 solicitantes a esperar fuera de territorio estadounidense mientras los tribunales estudiaban sus peticiones, los decretos de Biden tampoco los derogan sino que los someten a revisión. No se aplicarán los protocolos a nuevos solicitantes, pero tampoco se invitará a regresar a suelo estadounidense a aquellos cuyas solicitudes están siendo estudiadas, hasta que se decida cómo desmantelar el programa. Seguirán también en vigor las medidas que, amparadas en la emergencia de la pandemia del coronavirus, permiten a las autoridades fronterizas expulsar de manera inmediata a quienes cruzan ilegalmente. Dichas medidas, según el departamento de Seguridad Nacional, siguen siendo necesarias para evitar la propagación de la covid en las dependencias donde se recluye a los inmigrantes indocumentados. Aseguran que las medidas serán sustituidas por otras más humanas, pero que necesitan más tiempo.

Las detenciones en la frontera han experimentado un pico desde las elecciones de noviembre, superando las 70.000 cada mes, según las últimas estadísticas. El plan de la Administración Biden es transformar la política migratoria abordando las “causas profundas” de la inmigración centroamericana, argumentando que el empeño de Trump en construir un muro en la frontera, de escasa o nula eficacia en la práctica, hizo que se descuidara la actuación en las causas que llevan a la gente a emigrar.

La paralización de la construcción del muro es otra de las medidas migratorias tomadas por Biden en sus primeros días en la Casa Blanca, a las que se suman los decretos de este martes. El presidente demócrata firmó también una orden ejecutiva pidiendo a su Gobierno que tome todos los pasos para preservar y fortalecer DACA, el programa que protege de la deportación a los menores que llegaron al país ilegalmente con sus padres. Ha ordenado una congelación de la mayoría de las deportaciones durante 100 días, y ha enviado al Congreso una propuesta de legislación que contempla la regularización de los 11 millones de indocumentados que se calcula que viven en el país en un plazo de ocho años, una vez que se verifique que cumplen algunos requisitos como que no tienen antecedentes penales y que están al día con el pago de impuestos.