La policía de la provincia de Buenos Aires se subleva para exigir un aumento de sueldo
La fuerza de seguridad reclama un aumento salarial cercano al 60% y el derecho a sindicarse
La Policía Bonaerense se ha sublevado. En plena crisis económica y sanitaria, con la provincia sometida a una cuarentena severa, los agentes llevan tres días reclamando un aumento salarial cercano al 60% y el derecho a sindicarse. El miércoles decidieron elevar la tensión y rodear la residencia presidencial de Olivos, lo que provocó el rechazo tanto del Gobierno como de la oposición. La policía de la provincia de Buenos Aires es una fuerza numerosa, con unos 130.000 miembros (90.000 de ellos en ejercicio), y mal pagada: los salari...
La Policía Bonaerense se ha sublevado. En plena crisis económica y sanitaria, con la provincia sometida a una cuarentena severa, los agentes llevan tres días reclamando un aumento salarial cercano al 60% y el derecho a sindicarse. El miércoles decidieron elevar la tensión y rodear la residencia presidencial de Olivos, lo que provocó el rechazo tanto del Gobierno como de la oposición. La policía de la provincia de Buenos Aires es una fuerza numerosa, con unos 130.000 miembros (90.000 de ellos en ejercicio), y mal pagada: los salarios básicos no llegan los 40.000 pesos, equivalentes a 400 dólares al cambio oficial y a 307 al cambio real.
Al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se le desparraman los problemas. Además de gestionar una provincia superpoblada y con altos índices de pobreza, principal foco de la pandemia en Argentina, de no saber qué hacer ante las ocupaciones de terrenos por parte de familias desesperadas (y de grupos más o menos mafiosos) y de encontrarse en plena renegociación de la deuda, tiene que hacer frente ahora a una sublevación difícil de controlar porque no hay líderes ni estructuras representativas.
Tanto él como su ministro de Seguridad, Sergio Berni, son criticados desde el gobierno nacional por no haber sabido prever que la policía estaba a punto de entrar en ebullición. Kicillof y Berni, dos fieles de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, atraviesan el peor momento desde que asumieron sus cargos en diciembre pasado.
De Berni se quejan también los intendentes peronistas de la provincia, hartos de su afán de protagonismo y de su estilo autoritario. Enfrentado a la ministra de Seguridad del gobierno nacional, Sabina Frederic, y no especialmente cercano al presidente Alberto Fernández, Sergio Berni podría ser la víctima ideal si se decidiera que alguien tiene que pagar por el estropicio de la policía.
La Policía Bonaerense tiene una historia problemática. Abundan los casos de corrupción y violencia injustificada. Ahora mismo está bajo investigación por la muerte de un joven, Facundo Astudillo, y ha protagonizado varios tiroteos causados por simples desobediencias de jóvenes a respetar la cuarentena. A partir de 2016, la ciudad de Buenos Aires optó por disponer de una policía propia (bastante mejor pagada) y prescindir de la Bonaerense.
La paralización de actividades a causa de la cuarentena ha reducido de forma sustancial los ingresos de los agentes, habituados a percibir retribuciones extraordinarias por el mantenimiento de la seguridad en actos masivos, como partidos de fútbol, o por servicios privados durante las libranzas, como protección ocasional de joyerías u otros negocios. Las tomas de tierras, el control del cumplimiento de la cuarentena y el aumento de la delincuencia, por la crisis y por el vaciado parcial de cárceles con motivo de la pandemia, mantienen a los agentes en tensión permanente desde hace meses.
El ministro provincial Sergio Berni se reunió de madrugada con varios representantes policiales en su cuartel general del Puente 12, en La Matanza, y les recordó que el Gobierno de Kicillof se había comprometido a efectuar una “mejora importante” de los salarios, estimada en un 30%. Pero no hubo ningún acuerdo. Los agentes reclaman un aumento del 60% sobre los salarios líquidos, derecho a la sindicalización, horas extraordinarias mejor retribuidas y más de 2.000 pesos mensuales en concepto de mantenimiento del uniforme y el equipamiento, entre otras reivindicaciones.
Tras el fracaso de la reunión con Berni, un suboficial de la policía cuyo hijo fue asesinado en 2018, se encaramó a la torre de vigilancia del cuartel de Puente 12 y amenazó con suicidarse. Otro policía logró subir con arneses y convencerle de que desistiera. Poco después, centenares de agentes rodearon con sus vehículos la residencia presidencial de Olivos, cuya protección tuvo que ser reforzada con fuerzas de la Prefectura y la Policía Federal. El presidente Alberto Fernández se ofreció a recibir a una delegación, pero la propuesta fue rechazada. Fernández expresó su pleno apoyo a Kicillof y dijo que el problema no iba a resolverse con los policías “escondidos en patrulleros y tocando bocinas”.
Los principales referentes de la oposición criticaron también a los agentes por rodear Olivos, aunque dijeran comprender los motivos de la protesta. El principal sindicato argentino, la Confederación General del Trabajo, filoperonista, calificó las protestas policiales de “insubordinación”.