El viejo Hong Kong atisba su fin
La ley de Seguridad Nacional asestará, dicen los expertos, un golpe mortal al régimen de libertades del enclave
Este fin de semana el aire está cargado de incertidumbre en Hong Kong. A partir de este domingo, en Pekín, el órgano dirigente del Parlamento nacional celebrará una reunión extraordinaria de tres días. Aunque no figura aún en la agenda oficial, se da por seguro que se ha convocado para promulgar la polémica ley de Seguridad Nacional para el territorio autónomo, de la que sus críticos –incluidos la UE y Estados Unidos– creen que asestará un gol...
Este fin de semana el aire está cargado de incertidumbre en Hong Kong. A partir de este domingo, en Pekín, el órgano dirigente del Parlamento nacional celebrará una reunión extraordinaria de tres días. Aunque no figura aún en la agenda oficial, se da por seguro que se ha convocado para promulgar la polémica ley de Seguridad Nacional para el territorio autónomo, de la que sus críticos –incluidos la UE y Estados Unidos– creen que asestará un golpe posiblemente mortal al régimen de libertades del que ha disfrutado este centro financiero internacional desde su vuelta a la soberanía china en 1997. El miércoles se cumplirá, precisamente, el 23º aniversario de aquella ceremonia.
Estos días se han multiplicado las consultas sobre emigración, como ocurriera durante los años de negociación antes del traspaso de la soberanía. Entonces una niña, Rain Ho, vio marcharse a su prima favorita –”mi hermana mayor”, la llama cariñosamente– camino de Canadá. Ahora es su hermano pequeño quien se plantea seguir esos pasos. “Hong Kong es nuestra casa, pero China no nos deja disfrutarla”, explica a través de redes sociales esta trabajadora del sector sanitario.
Los detalles de la legislación se han dado a conocer con cuentagotas. Sí se sabe que castigará comportamientos “independentistas, terroristas, subversivos” y la “injerencia extranjera”. También permitirá que los departamentos de seguridad de la China continental puedan operar abiertamente en la antigua colonia británica. Los datos más recientes no han contribuido a tranquilizar a los hongkoneses hostiles a la medida. Según la agencia de noticias china Xinhua, Pekín tendrá la potestad de “ejercer la jurisdicción” en “casos penales determinados”. En ellos, la jefa del Gobierno autónomo será la encargada de seleccionar el panel de jueces; por primera vez, algunos sospechosos podrían ser trasladados a China continental para ser procesados allí. Las leyes hongkonesas existentes quedarán supeditadas a la nueva medida.
“Los importantes valores y libertades necesarios para desarrollar negocios en Hong Kong de manera competitiva, como el Estado de derecho y el libre flujo de información, están protegidos por el concepto Dos Sistemas (que concede a Hong Kong su régimen de libertades hasta 2047)”, apuntaba la Cámara Internacional de Comercio del enclave. “Pero el modo en que se está introduciendo la Ley de Seguridad Nacional rompe esta protección, y es una causa considerable de mayor preocupación que pueda convertirse en precedente para nuevas roturas en el futuro”.
Pese a los temores que la nueva ley ha provocado en muchos de sus habitantes, las posiciones sobre su impacto para el futuro del enclave no son unánimes. Expertos como el profesor Kishore Mahbubani, socio distinguido del Asia Research Institute, insisten en que la nueva legislación “no provocará ningún cambio fundamental en Hong Kong. Todos los países tienen leyes contra la traición y la sedición”, apunta por correo electrónico desde Singapur. “Pero si eso conlleva un cambio del estatus especial del que goza Hong Kong eso sí afectará seriamente a su futuro”, sostiene el también autor de Has China won? (¿Ha ganado China?). “Y no cabe duda de que en la pugna geopolítica que libran Estados Unidos y China, EE UU usará Hong Kong como un peón para avergonzar a China”, asegura Mahbubani.
Ese peón tiene en la economía y en su condición de centro financiero global su principal fortaleza, mucho más allá de lo que aparentemente muestran algunas cifras. Si en 1997, cuando se produjo el traspaso a China, Hong Kong representaba el 18,4% del PIB del gigante asiático, ahora apenas alcanza el equivalente al 2,7%. Su estatus le ha permitido tener una de las economías más abiertas y uno de los mayores mercados de emisión de deuda y acciones del mundo. Tanto que pese a los intentos de Pekín de potenciar Shanghái o Schenzhen como centros financieros, cuando el gigante chino de la distribución Alibaba decidió salir a Bolsa lo hizo en Hong Kong, como muchas de las mayores empresas públicas (como el Banco Industrial y Comercial de China) o privadas (Tencent, por ejemplo) del gigante asiático. Una tercera parte de la deuda emitida por las empresas chinas en 2019 se hizo a través de Hong Kong, según datos de Refinitiv. Y los activos que los bancos chinos tienen en el enclave –más de 1,1 billón de dólares en 2018, según Natixis– equivalen por sí solos al 9% del PIB chino.
“Algunas de las mayores fortalezas de Hong Kong no se van a ver afectadas por la nueva ley de seguridad. Se mantiene la libertad de movimientos de capital, tiene reservas en divisas elevadas y una fuerte regulación financiera en un entorno de baja fiscalidad”, recuerda Alicia García-Herrero, jefa de mercados emergentes de Natixis. Y frente a una moneda como el renminbi que no es totalmente convertible, Hong Kong cuenta con una divisa ligada al dólar estadounidense.
Inversión de la China continental
“La ironía es que este proceso puede hacer de Hong Kong una plaza más segura para los inversores procedentes de la China continental así como para sus instituciones y disparar los flujos de capital procedentes del continente”, sostiene Simon Pritchard, de Gavekal Research, desde Hong Kong. “Al imponer el control político sobre Hong Kong y, por tanto, asumir el problema como propio para bien o para mal, la señal que lanza Pekín es que Hong Kong ha sido ‘desinfectado’ y preservado como centro de negocios, así como su compromiso con el capital”, subraya en un intercambio de correos electrónicos.
Una tesis que quedaría respaldada por la decisión de dos grandes entidades asiáticas como Standard Chartered y HSBC de mantener su centro de operaciones para la región en Hong Kong, aunque la sede central de las dos entidades sigue en Londres. El modelo resultante se parecería más a Singapur que a una democracia al estilo occidental, con celebración de elecciones pero restricción de libertades civiles y de expresión.
Una encuesta de la Cámara de Comercio de Estados Unidos apunta que el 30% de sus miembros se planteaban trasladar capital, activos u operaciones a otras plazas financieras, como la propia Singapur, Taipéi, Tokio o EE UU. Aunque, en general, la posición de las compañías extranjeras es esperar y ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Persisten aún muchas incógnitas: cómo, exactamente, se integrará esta ley en el sistema judicial hongkonés y si se producirá una fuga de talento del enclave. Aunque, incluso en ese caso, podría ocurrir lo que algunos expertos describen como una “transfusión”: que los huecos se cubrieran con especialistas llegados de la China continental.
Esa actitud, sostienen algunos empresarios, podría cambiar si las firmas comenzaran a recibir presiones políticas. “Eso lo alteraría todo”, apunta un hombre de negocios europeo.
En cualquier caso, “el sistema financiero [de Hong Kong] sería difícil de sustituir”, explicaba Michiel Haasbroek, de MERICS, en una videoconferencia organizada por este laboratorio de ideas alemán. “Hace falta tiempo para crear una comunidad de contables, abogados, tribunales de arbitraje… Eso está firmemente imbricado en Hong Kong, y le sigue dando ventaja sobre quizás todo el resto de las plazas” alternativas.
En el movimiento de las autoridades chinas ha pesado, a ojos del establishment financiero de la antigua colonia, la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de prohibir a las compañías chinas salir a Bolsa y captar capital en Estados Unidos. Trump ha pedido a sus asesores –incluidos el presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, y el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin– un informe sobre las medidas que podría adoptar el Ejecutivo en este sentido y espera sus conclusiones para agosto.