Irán detiene al fundador de una de las principales ONG de lucha contra la pobreza
Sharmin Meymamdineyad y dos de sus colaboradores son las últimas víctimas del intento ultraconservador de silenciar a la sociedad civil
Una de las principales ONG que luchan contra la pobreza en Irán ha anunciado la detención de su fundador, Sharmin Meymandineyad, y otros dos miembros de la organización el pasado domingo. La medida, encubierta bajo el pretexto de atentar contra la seguridad nacional y ofender a los líderes del país, es otro paso más para silenciar a la sociedad civil, cuyo desarrollo los ultraconservadores ven como una amenaza al régimen islámico.
“Hace una hora, las fuerzas de seguridad han detenido a Sharmin Me...
Una de las principales ONG que luchan contra la pobreza en Irán ha anunciado la detención de su fundador, Sharmin Meymandineyad, y otros dos miembros de la organización el pasado domingo. La medida, encubierta bajo el pretexto de atentar contra la seguridad nacional y ofender a los líderes del país, es otro paso más para silenciar a la sociedad civil, cuyo desarrollo los ultraconservadores ven como una amenaza al régimen islámico.
“Hace una hora, las fuerzas de seguridad han detenido a Sharmin Meymandineyad, el fundador de la Asociación Imam Ali, en su domicilio. También han sido detenidos Morteza Ki Manesh, el responsable de comunicación de la comunidad, y Katayun Afrazah, una de sus directoras”, informaba la ONG en su cuenta de Twitter.
Las autoridades no han confirmado públicamente las detenciones ni se conoce de forma oficial de qué están acusados. En una información en la que solo le identifica por sus iniciales, la agencia de noticias Tasnim (próxima a la Guardia Revolucionaria) acusa a Meymandineyad de contactos con “centros antiraníes fuera del país” bajo el pretexto de la actividad caritativa.
“Lo acusan de ofender a[l guía supremo, Ali] Jameneí, y a[l fundador de la República Islámica, Ruhollah] Jomeiní, y de atentar contra la seguridad nacional”, explica a EL PAÍS una fuente cercana a la familia. Según su relato, el pasado mes de Ramadán Meymadineyad pronunció “un discurso muy duro contra la corrupción del sistema” después de que la ONG fuera acusada de “desviar a los jóvenes”.
Meymandineyad, de 50 años e hijo de un conocido científico y autor iraní, fundó la Asociación Imam Ali de Estudiantes contra la Pobreza en 1999 y fue la primera ONG estudiantil no partidista en Irán. Dos décadas después cuenta con 10.000 voluntarios que facilitan atención médica y servicios educativos a unas 3.000 mujeres y niños en una treintena de centros en las zonas más desatendidas del país.
El activista siempre se ha negado a que las autoridades utilizaran la Asociación como un escaparate para promocionar su imagen. Su rechazo a aceptar donativos públicos de algunos responsables y el empeño en mantener su carácter no gubernamental de la asociación choca con un régimen controlador que desconfía de la sociedad civil. El diario ultraconservador Kayhan empezó a publicar artículos calumniosos en los que acusaba a la organización de ser una secta.
Las alegaciones no son nuevas. Desde hace años, los más conservadores criticaban a la Asociación Imam Ali por utilizar la caridad con objetivos políticos y dañar a la República Islámica al evidenciar sus problemas, además de trabajar con otros países y organizaciones internacionales. Pero los ataques se habían reforzado en los últimos meses. El pasado mayo, el jefe del poder judicial, el ultra Ebrahim Raisí, advirtió contra los planes de los enemigos de Irán para financiar organizaciones caritativas con objetivos hostiles. Poco después, el presidente Hasan Rohaní advertía que las ONG no debieran permitir “individuos deshonestos” entre sus cargos.
La Asociación Imam Ali ya se quejó el año pasado de que varios de sus miembros habían recibido amenazas telefónicas en las que se les conminaba a poner fin a su voluntariado. El grupo también denunció ataques cibernéticos. La progresiva consolidación de los ultras en el poder, favorecida además de por el peculiar sistema político iraní por el abandono de EE UU del acuerdo nuclear, se ha traducido en la detención de binacionales, ambientalistas y otros ciudadanos bajo acusaciones de espionaje que los abogados de derechos humanos y los observadores extranjeros consideran “sin fundamento”.