“En un mundo civilizado no debería amenazarse a una Corte”

La ofensiva lanzada por el presidente estadounidense, Donald Trump, contra la Corte Penal Internacional (CPI), autorizando la imposición de sanciones económicas y restricciones de visados de viajes contra los funcionarios que investiguen la comisión de posibles crímenes de guerra por parte de militares y miembros de la CIA en Afganistán, es un gesto inédito en la historia de los tribunales de justicia.

La Fiscalía de la Corte tiene luz verde para indagar estos delitos, supuestamente perpetrados entre 2003 y 2014, y también los que pudieran haber cometido los talibanes y las fuerzas afga...

La ofensiva lanzada por el presidente estadounidense, Donald Trump, contra la Corte Penal Internacional (CPI), autorizando la imposición de sanciones económicas y restricciones de visados de viajes contra los funcionarios que investiguen la comisión de posibles crímenes de guerra por parte de militares y miembros de la CIA en Afganistán, es un gesto inédito en la historia de los tribunales de justicia.

La Fiscalía de la Corte tiene luz verde para indagar estos delitos, supuestamente perpetrados entre 2003 y 2014, y también los que pudieran haber cometido los talibanes y las fuerzas afganas, y la decisión de Washington ha merecido la repulsa de la comunidad internacional. Porque no se espera de una democracia como EE UU que sancione a una institución que suma 123 Estados miembros, y es la única del mundo abierta de forma permanente para perseguir el genocidio y los crímenes de guerra y contra la humanidad. Y porque la justicia debida a todas las víctimas depende de la independencia de los tribunales. EE UU no es miembro de la CPI, pero su presidente, Chile Eboe-Osuji, de 57 años, señala en una entrevista telemática a través de una plataforma de la propia Corte que lo inaudito de esta interferencia es que emane de un país con uno de los sistemas legales más sólidos del mundo.

Ahora que las restricciones impuestas por la covid-19 han llegado a la sede de la Corte, en La Haya (Países Bajos), Eboe-Osuji centra sus esfuerzos en mantener al día una institución que requiere la comparecencia de los acusados. Como la de este lunes, dedicada al sudanés Ali Abd-al-Rahman (también conocido como Alí Kushayb), acusado de crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados en Darfur. Pero las sanciones dictadas por Estados Unidos no figuran en un expediente más. Pretenden ser un golpe que alcance a la existencia misma de la CPI, algo que su presidente califica de intolerable.

Pregunta. La Casa Blanca ha anunciado la imposición de sanciones. ¿Qué le parece dicho término?

Respuesta. En primer lugar, debo decir que lamento profundamente estas medidas coercitivas, porque Estados Unidos lo llama sanciones, pero la terminología es aquí muy importante: son una forma de coerción. Solo se sanciona a organizaciones terroristas, o bien a Estados que hayan violado los derechos humanos, como en el caso del apartheid, en Sudáfrica. O a países que hubieran vulnerado, por ejemplo, el Tratado de no Proliferación Nuclear. Hacerlo contra un tribunal de justicia es algo nunca visto. Vivimos en un mundo civilizado donde estas cosas, amenazar a los tribunales, no deberían pasar. Ya hubo amenazas de esta clase en 2018, por parte de John Bolton, el asesor de Seguridad Nacional de EE UU. Entonces les dijimos que la Corte Penal es independiente y no opera en base a la intimidación, o porque se le induzca a que no ejerza su labor. Ambas cosas son una corrupción de la justicia. Por nuestra parte, seguiremos con nuestro trabajo.

P. ¿Será posible investigar a partir de ahora lo ocurrido en Afganistán entre 2003 y 2014?

R. La Corte Penal es un tribunal de último recurso. Solo actúa si los jueces nacionales no quieren, o no pueden hacerlo. No puedo hablar sobre esa investigación porque depende de la Fiscalía, pero sí puedo recordar que el Estatuto de Roma [texto fundacional de la CPI] incluye la posibilidad de que el país afectado desafíe la admisión del caso. Puede decir que sí es capaz de abrir un proceso en regla y con garantías, y Afganistán, que es un Estado miembro, lo ha hecho. Así que habrá que esperar a ver si los jueces del tribunal consideran factible dicha posibilidad.

P. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional, aparte de alzar su voz contra las sanciones?

R. La respuesta y el apoyo mostrado por la comunidad internacional nos inspira, sobre todo porque la condena hacia la postura de EE UU llega también desde la sociedad civil. Estamos muy agradecidos porque es el principio, pero la voz no basta. La propia comunidad internacional se cansó de que pudiera cometerse un genocidio, o crímenes de guerra y contra la humanidad, y por eso nació la CPI. Es el último refugio de la justicia para las víctimas de esas atrocidades, y aunque se pensó que podría haber un rechazo frontal por parte de algún país, no se esperaba que fuera desde Estados Unidos. Es un país con uno de los sistemas legales más poderosos del mundo, así que cuando dice que la Corte no tiene jurisdicción para investigar en Afganistán lo que hayan podido hacer sus tropas o ciudadanos [sí la tiene, aunque Estados Unidos no sea miembro, porque los presuntos delitos se cometieron en el territorio de un país que forma parte de la Corte] es muy fácil. Lo pueden hacer los jueces estadounidenses. Creo que prevalecerá el imperio de la ley, pero el temor es que cosas así afecten más allá de la CPI.

P. La crítica recurrente contra la Corte venía de los países africanos, por considerar que se prestaba demasiada atención a dicho continente. ¿Ha cambiado la situación?

R. Ese tipo de críticas han ido desapareciendo, aunque no del todo. La Corte existe para hacer justicia a las víctimas, sin distinción de origen, y no he oído ninguna crítica por parte de las víctimas africanas. Criticar es válido si se trata de prestar apoyo moral o material. Pero si es para decir que mientras no se abran casos en todo el mundo, tampoco en África, entonces es inaceptable.