El reclutamiento de menores en medio de la pandemia enciende las alarmas en Colombia

Fiestas clandestinas para reclutar niños, amenazas a las familias para “entregar” a sus nietos o hijos a la guerra y uso de redes sociales para llamar a menores a unirse, las estrategias de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC y los grupos narcotraficantes en Colombia para sumar niños a sus filas se han agudizado durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus. El fenómeno es tan grave que la Procuraduría General de la Nación hizo una d...

Fiestas clandestinas para reclutar niños, amenazas a las familias para “entregar” a sus nietos o hijos a la guerra y uso de redes sociales para llamar a menores a unirse, las estrategias de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC y los grupos narcotraficantes en Colombia para sumar niños a sus filas se han agudizado durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus. El fenómeno es tan grave que la Procuraduría General de la Nación hizo una denuncia formal ante la Fiscalía para que investigue estos crímenes.

“Además de delitos que tienen que ver con el reclutamiento ilícito de menores, la desaparición forzada, la utilización y el uso de menores en la comisión de delitos, hay actos de tortura y terrorismo contra estas poblaciones. Es una monstruosidad que requiere priorizar inmediatamente las investigaciones”, dijo el procurador general Fernando Carrillo. La denuncia se basa en información documentada por varias organizaciones, entre ellas la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico), la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en Colombia (OCHA) y las actividades del Comité Internacional de la Cruz Roja, entre otras.

El reclutamiento ilegal ha sido un problema histórico en Colombia. Se estima que hay 6.798 niños, niñas y adolescentes desvinculados de grupos armados entre 1999 y 2020. Tras el acuerdo de paz entre el Gobierno y la extinta guerrilla de las FARC —hoy desarmadas y convertidas en un partido político con bancada en el Congreso—, las cifras de menores reclutados descendieron, según el documento que llegó a la Fiscalía. Pero con la pandemia los grupos ilegales arreciaron su estrategia contra los menores y sus familias. Los nuevos grupos que se disputan las rutas del narcotráfico y la minería ilegal, el ELN; las disidencias de las antiguas FARC; los Caparrapos; el Bloque Virgilio Peralta Arenas (BVPA); las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC); los Rastrojos; los Urabeños; las Águilas Negras; Los Paisas; el grupo E-40 y otros armados que, en el argot del Gobierno colombiano se conocen como Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR), siembran el terror con estrategias disímiles, pero en todos los casos violentas.

“Una de las estrategias documentadas es el uso de redes sociales para organizar fiestas de adolescentes donde son reclutados”, explica un experto que conoce los casos denunciados. Así lo confirma el documento que deberá analizar la Fiscalía. En Tibú, norte de Santander, zona fronteriza con Venezuela, “se habrían llevado a cabo fiestas y celebraciones convocadas por miembros de grupos armados por WhatsApp, con el propósito de enganchar a jóvenes y adolescentes a esas estructuras”. Bajo esa misma lógica de “seducción”, les ofrecen dinero prestado a los adolescentes para vincularlos a sus filas.

En las zonas rurales con mayor conflicto en Colombia, los colegios funcionan muchas veces como escudo protector de los menores ante estos grupos, y los maestros, a pesar del riesgo, suelen desaconsejar y evitar casos de reclutamiento. Sin embargo, ante el cierre escolar por la cuarentena obligatoria, los armados optan por comunicarse con los menores a través de sus celulares. En otras regiones, como Nariño, en el sur del país, la guerrilla del ELN obliga a los mayores de 14 años a hacer retenes que sirvan como cordón sanitario contra la covid-19 y eviten el acceso de personas extrañas.

Algunos jóvenes han podido escapar tras ser reclutados. El 18 de marzo pasado, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo informaron de la liberación de un menor de edad en Arauca, zona fronteriza con Venezuela. Estaba en manos del ELN. Mientras en Antioquia, Chocó y Córdoba, nororiente del país, las fuerzas militares indicaron que solo en abril recuperaron 29 adolescentes que iban a ser reclutados. “Según los reportes de la misma Fuerza Pública, uno de los grupos armados que más recluta menores de edad [en esas zonas] es el Clan del Golfo, al que se le han arrebatado 21 menores; le siguen las disidencias de las antiguas FARC-EP, con cinco menores; el ELN, con dos, y Los Caparros, con un menor de edad”, dice la denuncia.

El asesinato de líderes sociales —49 entre enero y abril de 2020, según la Fundación Ideas para la Paz— también afecta a niños. “Al menos en tres casos han sido asesinados los hijos de defensores de derechos humanos. Han llegado a matarlos a las casas, donde cumplen la cuarentena, y han asesinado también a los menores de edad”, cuenta uno de los investigadores que recopiló los casos en todo el país, junto a organizaciones comunitarias que han denunciado la crítica situación en sus poblados.

A esto se suma el riesgo que tienen de morir en medio de los enfrentamientos entre las fuerzas militares y alguno de estos grupos armados o entre las distintas organizaciones ilegales que buscan controlar el territorio, tal como ocurrió en el departamento del Cauca, donde murió un adolescente de 14 años al recibir un disparo cuando estaba en el patio de su casa. Recibió una bala de los combates entre el Ejército y la columna móvil Dagoberto Ramos, de las disidencias de las FARC. “El crimen organizado no se ha ido de cuarentena en los territorios de Colombia y está atentando severamente contra las poblaciones más vulnerables”, ha dicho el procurador Fernando Carrillo quien, en la denuncia, le pide a la Fiscalía que curse una investigación que priorice la vida de los menores.