El Supremo israelí deroga la ley que regularizó los asentamientos en suelo privado palestino
La justicia declara inconstitucional la legalización retroactiva de casas en contra de los derechos de sus legítimos dueños
En un serio revés judicial a la política de expansión de los asentamientos en vísperas de la anexión parcial de Cisjordania, el Tribunal Supremo de Israel derogó este martes la llamada Ley de Regularización de las colonias. La normativa legalizaba con efecto retroactivo la construcción en terrenos de propiedad privada palestina sin haber recibido título legal ni consentimiento de sus legítimos propietarios originales en Cisjordania.
Esta ley, que fue una de las iniciativas estrella del anterior Gobierno de Benjamín ...
En un serio revés judicial a la política de expansión de los asentamientos en vísperas de la anexión parcial de Cisjordania, el Tribunal Supremo de Israel derogó este martes la llamada Ley de Regularización de las colonias. La normativa legalizaba con efecto retroactivo la construcción en terrenos de propiedad privada palestina sin haber recibido título legal ni consentimiento de sus legítimos propietarios originales en Cisjordania.
Esta ley, que fue una de las iniciativas estrella del anterior Gobierno de Benjamín Netanyahu —considerado el más derechista en la historia del Estado judío—, permitía la regularización de la propiedad de unas 4.000 casas de colonos mediante una compensación económica a sus dueños legítimos, aunque sin mediar negociación ni proceso de expropiación. El texto legal señalaba que bastaba con alegar que las tierras fueron ocupadas “de buena fe” para legalizar a posteriori la desposesión.
Por ocho votos a favor y uno en contra, los jueces del Alto Tribunal han declarado inconstitucional la Ley de Regularización aprobada en 2017 por la Kneset (Parlamento) en medio de las protestas de la oposición de centroizquierda y el rechazo de la Autoridad Palestina. Organizaciones pacifistas israelíes forzaron con sus recursos la suspensión de la entrada en vigor de la norma, que quedó en suspenso hasta ser derogada hoy, cuando quedan apenas tres semanas para que el nuevo Ejecutivo de Netanyahu ponga en marcha la anexión de territorio ocupado palestino.
“Esta legislación infringe de manera inequívoca los derechos de propiedad de los residentes palestinos mientras da preferencia a los intereses de los colonos israelíes”, establece el Tribunal Supremo en la sentencia.
El primer ministro ha dicho tras conocer el fallo que se trataba de una decisión “desafortunada” que afectará al futuro de los asentamientos. Netanyahu ha anunciado una nueva legislación para hacer posible la regularización de las colonias. Su socio de coalición, el centrista Benny Gantz, se ha limitado a señalar que acatará la sentencia y garantizará su aplicación.
Un documento interno de la Unión Europea desvelado en 2019 describía el ejercicio efectivo de la ocupación israelí en Cisjordania como “un régimen dual”. Aunque no figuraba en el texto la expresión apartheid legal, su contenido daba cuenta de una justicia segregada.
A los palestinos se les aplica la ley marcial y los reglamentos dictados por un departamento “civil” del Ministerio de Defensa, y están sometidos a los tribunales castrenses de “Judea y Samaria”, denominación bíblica acuñada en Israel para el territorio cisjordano, según el documento comunitario.
Estos órganos ejecutivos y judiciales se rigen también por normas heredadas de anteriores poderes coloniales o administradores. Hay leyes otomanas aún en vigor (por ejemplo, para confiscar tierras palestinas aparentemente no cultivadas), británicas (para practicar detenciones administrativas, sin presentar cargos e indefinidas, que afectan ahora a unos 440 prisioneros) e incluso jordanas, las de la Administración presente hasta 1967, cuando Israel ocupó los territorios palestinos tras la guerra de los Seis Días. Los palestinos sometidos a procesos penales bajo la ocupación tienen un índice de condenas del 99,74%, según la memoria anual de los tribunales militares israelíes de 2011.