Guatemala elige presidente con el anhelo del combate a la corrupción
Ninguno de los candidatos promete un proyecto reformista después de la expulsión de la Cicig y la anulación de la candidatura de la exfiscal Aldana
La revolución ciudadana de 2015 insufló a la joven democracia guatemalteca un aire de renovación. Las manifestaciones pacíficas en una de las regiones más convulsas del mundo propiciaron el encarcelamiento de un presidente, Otto Pérez Molina y la llegada al poder de un humorista, Jimmy Morales. El nuevo mandatario ondeaba la bandera de la anti política, cada vez más global. Prometió que cumpliría con los reclamos de la mayor parte de la población. Cuatro años después, aquel sueño se evaporó y el horizonte, a tenor de las elecciones de este domingo, no parece nada halagueño.
Los guatemaltecos votan para elegir a un presidente, un vicepresidente, 160 diputados al Congreso, 20 diputados al Parlamento Centroamericano y la renovación de las corporaciones de los 340 municipios del país. Por encima de los grandilocuentes números está un desafío mayúsculo para el próximo mandatario: atajar la corrupción o ahondar en el debilitamiento de una fragil democracia, existente desde 1985. La convulsa campaña no augura un futuro reformista. Las noticias de los últimos días llenan de incertidumbre la votación de este domingo. Dos altos cargos del Tribunal Electoral estarán ausentes: uno pidió una licencia de 15 días, aduciendo motivos de salud; otro, el jefe de la Fiscalía contra Delitos Electorales, Óscar Schaad, abandonó el país junto a su familia tras denunciar amenazas de muerte.
Ninguno de los candidatos con posibilidades de victoria -la más que probable segunda vuelta se celebrará en agosto- ha dado visos de querer abanderar un proyecto reformista. La única que lo planteó, la exfiscal Thelma Aldana, no ha podido concurrir a las elecciones, después de que se anulara, no sin controversia, su candidatura.
El último año ha sido particularmente convulso en el país centroamericano. A finales de agosto del año pasado, Jimmy Morales anunciaba que no renovaría el mandataro de la Comisión Iternacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el organismo de la ONU que combate a la corrupción y que se había convertido en un referente y envidia no solo para Centroamérica; también en México, el propio López Obrador, antes de lograr la presidencia, insinuó la posibilidad de crear un organismo similar.
Morales tomó la dexisión acorralado por los señalamientos de corrupción y con un proceso de desafueron en su contra promovido por la Fiscalía y la CICIF, que lo acusaban de financiamiento electoral ilícito cuando ejercía como secretario general del partido que lo llevó al poder. La no renovación del mandato implicaba, en la práctica, la expulsión de la misión, liderada por el colombiano Iván Velasquez.
Dentro del esquema tradicional donde se ubican los partidos que han manejado a Guatemala desde el fin de las dictaduras militares, todas las encuestas colocan a Sandra Torres como la candidata con más opciones de pasar a segunda vuelta, el 11 de agosto. A Torres, que perdió ante Jimmy Morales los últimos comicios, le sigue Alejando Giammattei, del partido Vamos, un candidato profesional que aspira por cuarta vez a la presidencia, cada vez con un partido diferente. 20 años en el ruedo político permiten a Giammattei ser uno de los políticos más conocidos. Juegan en su contra un escándalo ocurrido en 2006 cuando, siendo director del Sistema Penitenciario, ocurrió el asesinato de siete reos en la Granja Penal de Pavón, el centro carcelario más importante de Guatemala. La versión oficial reza que se trató de un enfrentamiento con reclusos que recibieron a la policía a balazos, pero investigaciones posteriores atribuyen el hecho a una campaña de limpieza social. Sometido a juicio, Alejandro Giammattei salió absuelto y con aureola de “mano dura” que encandila a los sectores más conservadores de Guatemala.
La mayor parte de los sondeos sitúan en tercer lugar a Roberto Arzú, sin más credenciales que ser hijo del ex presidente y alcalde Álvaro Arzú. Su experiencia en política es nula; no tiene trayectoria académica y su incursión en los negocios está marcada por los fracasos. Fue inscrito a pesar de tener en su contra una orden de captura en un juzgado de Miami, por una deuda personal millonaria. No inspira ninguna confianza en círculos empresariales. Su programa de gobierno se basa en tres propuestas: sacar al Ejército a patrullar las calles, aplicar la pena de muerte a los delincuentes y reactivar la economía por medio de la construcción de un millón de viviendas. Las dos primeras están al margen de la ley y la tercera es, básicamente, una quimera.
El diplomático Edmond Mulet, del partido Humanista, y el capitán del Ejército retirado, Estuardo Galdámez, del partido de Jimmy Morales, son otros de los candidatos que aspiran a disputarse con Torres la victoria definitiva. Sin embargo, todas las miradas están puestas las últimas semanas en Thelma Cabrera, una lideresa indígena cuyo crecimiento en los últimos días quieta el sueño a los sectores conservadores de una Guatemala machista y racista. Cabrera es impulsada por el partido Movimiento por la Liberación de los Pueblos, surgido de las entrañas mismas del campesinado indígena y de los mestizos más pobres. Inspira mucha desconfianza entre el establishment, que explota hasta la saciedad las declaraciones de algunos líderes de su partido en apoyo del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
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