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Macri pide la destitución del juez que investiga al fiscal de ‘la causa de los cuadernos’

El magistrado argentino Alejo Ramos Padilla sigue un caso complejo que parece implicar en un asunto de extorsiones a Carlos Stornelli

El presidente de Argentina, Mauricio Macri habla durante una rueda de prensa en la provincia de Jujuy (norte), el 14 de marzo pasado.
El presidente de Argentina, Mauricio Macri habla durante una rueda de prensa en la provincia de Jujuy (norte), el 14 de marzo pasado.

El gobierno de Mauricio Macri quiere acabar con el juez Alejo Ramos Padilla. Ha pedido al Consejo de la Magistratura que le suspenda en su cargo, el de juez federal en Dolores (provincia de Buenos Aires), y le someta a juicio político por mal desempeño de sus funciones. Ramos Padilla investiga un complejo caso que parece implicar en un asunto de extorsiones al fiscal federal Carlos Stornelli, principal investigador de la presunta corrupción de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El caso tiene tintes partidistas: los kirchneristas jalean al juez Ramos Padilla y el fiscal Stornelli estuvo conectado con Macri. Por detrás, asoma un oscuro mundillo de espionaje y chantaje a través de los juzgados.

El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, abrió este martes el año judicial con un discurso en el que alertó sobre la pérdida de legitimidad de los tribunales y la necesidad urgente de recuperar la confianza ciudadana. Mientras hablaba, la Corte Suprema hizo pública una decisión significativa: por unanimidad, sus cinco componentes aceptaron dotar de más recursos al juez Ramos Padilla. Mientras el gobierno pedía su destitución, el alto tribunal otorgaba al juez un presupuesto adicional para contratar a dos personas y disponer de un automóvil con el que proseguir sus investigaciones.

El estado de nerviosismo del gobierno argentino, por causas electorales o judiciales, parece evidente. Mauricio Macri admitió durante el fin de semana que su padre, recientemente fallecido, había actuado de forma ilegal, quizá para abrir un cortafuegos frente a la llamada “causa de los cuadernos”, que implica a Fernández de Kirchner pero también al grupo empresarial de los Macri. A la vez, su jefe de gabinete, Marcos Peña, lanzaba durísimos ataques contra la oposición y culpaba al peronismo de todos los males pasados, presentes y futuros.

El pasado 28 de enero, el empresario agrícola Pedro Etchebest contó al juez Ramos Padilla que Marcelo D´Alessio, un personaje de activa participación en los medios que se presentaba como abogado, le había exigido dinero en nombre del fiscal Carlos Stornelli. A cambio, D’Alessio ofrecía a Etchebest inmunidad en la “causa de los cuadernos”, en la que Stornelli investiga una presunta red de corrupción liderada por Fernández de Kirchner para recaudar dinero negro de empresarios vinculados a la obra pública.

Etchebest entregó al juez horas de grabaciones y capturas de mensajes telefónicos como prueba de la relación entre D’Alessio y Stornelli. La repercusión política, judicial y mediática de la denuncia fue inmediata. La diputada oficialista Elisa Carrió, una luchadora anticorrupción que se erige como garantía de la transparencia del gobierno de Macri, denunció enseguida que, como hombre de La Cámpora (la agrupación que reúne a la juventud kirchnerista), el juez Ramos Padilla estaba al frente de una operación política para ensuciar a Stornelli y sacarlo de la causa de los cuadernos.

El 11 de febrero pasado, la diputada dijo que la denuncia de Etchebest era, en realidad, parte de un plan de antiguos altos cargos del kirchnerismo presos por presunta corrupción. Un día después llegó la reacción de Stornelli. El fiscal denunció a D´Alessio por defraudación. Admitió entonces que conocía al extorsionador, pero sólo como habitual de la fiscalía por su participación en diversas investigaciones. A partir de ese momento, todo se aceleró.

El juez Ramos Padilla allanó la casa de D’Alessio y ordenó detenerlo. Mientras tanto, la prensa ventilaba que el preso no era abogado y que se presentaba como agente de la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos, a los periodistas que lo tenían como fuente (bastantes de ellos sometidos a investigación clandestina, igual que políticos macristas o peronistas). Ante el juez, D´Alessio fue más cauto y negó ser el “cajero” de Stornelli. Dijo, incluso, que había sido engañado por la AFI, la agencia argentina de espionaje, como parte de una operación contra el fiscal.

Ramos Padilla procesó finalmente a D’Alessio como miembro de una asociación ilícita dedicada a realizar “ablandes, carpetazos, operaciones de inteligencia y producir pánico” en personas que eran extorsionadas para que pagaran por su inmunidad judicial. Citó luego a Stornelli a declarar. En un largo escrito, el juez dijo que el fiscal federal “le solicitaba a D’Alessio, a quien consideraba un agente de la inteligencia estadounidense, ‘investigaciones paralelas’ o ‘extraoficiales’ y hasta operaciones de espionaje para perjudicar a abogados que lo incomodaban”. Según el juez, D´Alessio “se ponía al servicio del fiscal para realizar tareas de investigación y espionaje”.

El fiscal Stornelli se negó a comparecer ante Ramos Padilla. Puso en cambio todos sus esfuerzos en lograr que el juez fuera apartado de la investigación, con el argumento de que su jurisdicción no era la ciudad de Buenos Aires, escenario de la mayor parte de las denuncias. Stornelli es un hombre vinculado a Macri: fue directivo de Boca Juniors hasta 2015 y miembro de la comisión de seguridad del club por designación del entonces presidente de la entidad y hoy presidente de Argentina, Mauricio Macri.

Los argentinos siguieron el caso a través de los medios, con detalles de acusaciones cruzadas entre periodistas, políticos, abogados, ex espías y hasta altos funcionarios macristas. El día D fue el miércoles pasado, cuando el kirchnerismo recibió a Ramos Padilla en una comisión del Congreso. El juez dijo entonces que la causa contra Stornelli era sólo una “ínfima” porción de una trama mucho más grande de espionaje interno. “La metodología era la recopilación de información, la producción de inteligencia y el almacenamiento de datos sensibles de distintas personas de manera paralela a las causas judiciales, para luego llevar a cabo acciones coactivas, intimidatorias y extorsivas, todo ello con la finalidad de influir en causas judiciales”, dijo. Abrió así su investigación a una realidad mucho más compleja e incómoda para el poder. Tan incómoda, que se le quiere apartar del caso.

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