La CNDH señala de nuevo a la Marina por torturas, secuestros ilegales y abusos
El Ombudsman denuncia la violación de los derechos humanos de 17 personas en cinco Estados entre 2013-2017
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México ha vuelto a apuntar contra la Marina. Detenciones arbitrarias, privación de la libertad, abusos sexuales y torturas con métodos que van desde las descargas eléctricas hasta la violencia psicológica son algunos de los delitos que ha denunciado este jueves el Ombudsman mexicano . La violación de los derechos humanos de 17 víctimas se produjo en Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas entre los años 2013 y 2017.
Con esta denuncia la Marina se ve envuelta por tercera vez en lo que va del año en este tipo de acusaciones. E...
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México ha vuelto a apuntar contra la Marina. Detenciones arbitrarias, privación de la libertad, abusos sexuales y torturas con métodos que van desde las descargas eléctricas hasta la violencia psicológica son algunos de los delitos que ha denunciado este jueves el Ombudsman mexicano . La violación de los derechos humanos de 17 víctimas se produjo en Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas entre los años 2013 y 2017.
Con esta denuncia la Marina se ve envuelta por tercera vez en lo que va del año en este tipo de acusaciones. En enero la CNDH había denunciado la ejecución de cuatro personas en Tamaulipas por parte de esta fuerza federal. Mientras que en mayo los reclamos por las desapariciones de decenas de personas en el mismo Estado, también a manos de los marinos, llegaron a oídos de la ONU, quien terminó realizando un llamamiento a las autoridades mexicanas para que tomaran medidas urgentes.
En esta ocasión, el Ombudsman mexicano ha señalado a 32 marinos como responsables de los delitos. Siete de los casos tuvieron lugar en Coahuila, donde las víctimas denuncian haber sido detenidos y apresados. Uno de los agraviados, de profesión piloto, fue retenido en el aeropuerto de Piedras Negras, donde cinco marinos lo torturaron y amenazaron: “vas a decir dónde está el perico, tenemos nombre, foto, teléfono y dirección de tu esposa”, le dijeron. En todos los casos ocurridos en este Estado, los denunciantes aseguraron que los ataron y les dieron descargas eléctricas en varias partes del cuerpo, incluso en los genitales. Algunos aseguran además que les quemaron el cuerpo con cigarrillos.
Otras tres denuncias se dieron en Nuevo León, donde dos de las víctimas eran mujeres. En el caso de estas últimas, ambas fueron secuestradas mientras compraban en una tienda, trasladadas a instalaciones de la Secretaría de Marina (SEMAR) para posteriormente ser obligadas a desnudarse y abusadas sexualmente.
En Veracruz hubo tres sucesos más, uno de ellos con una víctima femenina. En Zacatecas, otra mujer y otro hombre también fueron agredidos; y en Sinaloa, dos más. Casi todos los casos comparten características similares: las víctimas fueron secuestradas por marinos que alegaban denuncias anónimas y casos de flagrancia relacionados al tráfico y a la venta de drogas, para luego ser retenidas contra su voluntad y sistemáticamente torturadas.
“Transgredieron los derechos a la libertad, integridad y seguridad jurídica y personal de cuatro mujeres y 13 hombres, 11 de estas personas también sufrieron violencia sexual, mientras que los actos violatorios consistieron en el amarre de manos y pies, golpes, vendado de ojos, agresiones psicológicas, descargas eléctricas e intentos de asfixia”, dice el comunicado.
Pero el informe no termina ahí. El organismo repara también en el mal desempeño de la Fiscalía por desentenderse y no dar respuesta a las denuncias. “Los Agentes del Ministerio Público Federal violentaron el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, porque dilataron u omitieron iniciar una investigación seria, imparcial y efectiva por el probable delito de tortura”.
La CNDH publicó así mismo una recomendación a la Secretaría de Marina para que repare el daño a las víctimas, busque a todos los responsables de los hechos y capacite al personal en materia de derechos humanos. Ante la denuncia del organismo el caso queda ahora en manos de la Procuraduría General de la República, quien deberá iniciar las investigaciones correspondientes.