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Los sindicatos peronistas paralizan por tercera vez Argentina

La CGT se une contra la política económica de Mauricio Macri y el acuerdo con el Fondo Monetario

La terminal de trenes y buses de Plaza Constitución, desierta por la huelga general convocada por la CGT contra Macri.
La terminal de trenes y buses de Plaza Constitución, desierta por la huelga general convocada por la CGT contra Macri. AP

Argentina se ha paralizado durante 24 horas. Buenos Aires y otras ciudades del interior han amanecido hoy con sus calles sin tránsito, las terminales de transporte urbano desiertas, los bancos cerrados y los aeropuertos sin vuelos. Los sindicatos peronistas agrupados en la Confederación General de Trabajadores (CGT) han dado una formidable muestra de fortaleza al presidente Mauricio Macri en la tercera huelga general que declaran contra su política económica. Los gremios rechazan el ajuste fiscal que el Gobierno acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de un rescate de 50.000 millones de dólares. Piden además renegociar las subidas salariales de 15% acordadas en el inicio del año porque la meta de inflación de 2018 se ha duplicado. Macri advirtió esta mañana que la huelga “no contribuye a nada”. Los sindicatos confían en que la contundencia de la medida obligará al Gobierno a dialogar.

Este ha sido el tercer paro laboral de la CGT contra Macri, pero ninguno se sintió tanto como este. Fue determinante la adhesión de los gremios del transporte, desde buses y metro hasta aviones. Históricamente más dialoguistas, sus líderes decidieron sumarse a la convocatoria de la CGT. Si bien los gremios no convocaron a manifestaciones, las calles desiertas quedaron en manos de los partidos de extrema izquierda, que como en ocasiones anteriores decidieron cortar los ingresos a la capital para impedir el tránsito de aquellos que decidieron ir a trabajar en auto. A la CGT se sumó también la CTA, una central de trabajadores más combativa que no comulga con el sindicalismo peronista tradicional. La fuerza de la CTA radica en su capacidad de paralizar toda la administración pública, además de hospitales y escuelas primarias y secundarias.

Macri siempre fue consciente del poder sindical en Argentina. Cuando asumió en diciembre de 2015 supo que tendría que lidiar con una lógica de protesta que fue el azote de sus antecesores no peronistas, como Raúl Alfonsín (1983-1989) o Fernando De la Rúa (1999-2000). Ambos se fueron antes de tiempo. Macri acordó entonces una tregua con el sindicalismo que se rompió en el inicio del año pasado, cuando se hizo evidente que se demoraba la reactivación económica prometida por la Casa Rosada. Hubo dos huelgas generales sin mayores consecuencias y, desde entonces, el Gobierno se aprovechó de la división de los sindicatos entre dialoguistas y duros.

El transporte, la clave

La huelga general dejó a pie a 5,3 millones de personas que cada día usan buses, el metro y el servicio de cercanías del ferrocarril para movilizarse en Buenos Aires y su extrarradio.

El ministerio de Transporte informó de que se dejaron de vender más de 15 millones de pasajes, de los cuales 13 millones correspondieron a alguna de las 138 líneas de buses que cada día entran y salen de la capital argentina. El resto se divide entre el ferrocarril, con 1,2 millones de boletos, y el metro, con 1,5 millones de viajes diarios.

La adhesión a la huelga de todos los gremios aeronáuticos, en tanto, afectó a 71.000 personas.

Los llamados “gordos”, al frente desde hace décadas de los gremios considerados grandes, optaron siempre por acordar con la Casa Rosada. Recibieron a cambio dinero para sus obras sociales, el servicio médico que garantiza la fidelidad de sus afiliados, y la promesa oficial de que no habría tregua con los gremios que minan su poder de base con posiciones más radicales. Pero algo se rompió este año.

El deterioro económico aumentó la presión de los trabajadores sobre sus líderes, que tuvieron que ceder a los reclamos para no perder su poder. El primero en tomar nota fue Hugo Moyano, del poderoso sindicato de camioneros. Capaz de paralizar por sí sólo el país, presionó para que la CGT se sumara a una huelga general. El detonante fue el acuerdo con FMI, una mala palabra en la memoria de los argentinos, en un escenario de devaluación del peso –más de 50% desde enero- y una inflación que no da tregua pese a los esfuerzos oficiales. Los gremios rechazan también de plano cualquier intento de la Casa Rosada de una reforma laboral que les quitará poder de fuego. “Ojalá que este paro sea el inicio de la unidad del movimiento sindical y se puedan recomponer las diferencias de la CGT con otros sectores. Vamos a rechazar cualquier intento de reforma laboral que perjudique a los trabajadores. El broche de oro es el acuerdo con el FMI”, dijo Pablo Moyano, hijo del líder camionero.

El presidente Macri siguió la huelga desde el interior del país, desde donde advirtió que “claramente no contribuye a nada”. “Yo no veo que haya habido un gobierno en décadas con tanta preocupación por el empleo y el trabajador y por generar nuevas oportunidades", dijo. Para el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se trató de “un paro político, sin consignas claras”, que se sintió “por la falta de transporte público”. En tanto que Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda, le puso números a la protesta: “El paro de hoy le va a costar a los argentinos casi 29 mil millones de pesos [1.000 millones de dólares]. La única manera de sacar adelante nuestro país es trabajando”. El martes será día de balances. La CGT espera que la huelga fuerce al Gobierno a dialogar, sobre todo en los detalles de la reforma laboral. La unidad sindical comenzó a gestarse hoy mismo, y el Gobierno lo sabe.

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