Tras el terremoto, los damnificados inician la batalla en tribunales
La procuraduría de justicia de la Ciudad de México ha recibido 156 denuncias relacionadas al sismo del pasado 19 de septiembre
Los restos del condominio Residencial San José se levantan como un mausoleo al terremoto del pasado 19 de septiembre que sepultó a un total de 228 personas en la Ciudad de México. A la distancia se observa la cicatriz de concreto en la calle Emiliano Zapata 56, en la colonia Portales. Un recuerdo doloroso para quienes habitaban ahí hasta hace tres semanas, una amenaza latente para los vecinos que intentan volver a la normalidad.
Luis Reséndiz, de 35 años, ocupaba un departamento en el quinto piso del edificio colapsado. Había comprado el departamento apenas seis meses atrás. Este fotógrafo de profesión estaba en el centro de la capital cuando la tierra se cimbró y derruyó un patrimonio inmobiliario valorado en unos 122.000 dólares, un edificio que a inicios de este año se promocionaba como un inmueble ecosustentable por la empresa Canada Building Systems. Ahora solo hay paneles solares colgando sobre fierros de acero.
Un correo electrónico fue la única interlocución de la empresa inmobiliaria con los inquilinos un día después del terremoto. En la misiva la compañía se deslinda de cualquier responsabilidad por lo que califican como un “caso fortuito, un hecho natural incontrolable”. El departamento jurídico de Canada Building Systems defiende que se cumplieron con todos los requisitos de la delegación Benito Juárez para la edificación y que es responsabilidad de cada dueño el adquirir una póliza de seguro.
“Son comentarios irresponsables, cuando hay inconsistencias visibles en la construcción”, comenta Reséndiz, mientras comparte las múltiples fotografías con los restos de concreto y cuarteaduras visibles en las paredes.
Junto a Reséndiz, otras 13 familias de este edificio presentaron una demanda colectiva en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) contra la constructora para hacer valer la garantía que los ampara por daños estructurales durante los primeros cinco años a partir de la firma del contrato. Una garantía en papel con fecha indefinida sobre el terreno.
Rogelio Cerda Pérez titular de la Profeco ha explicado que esta es la primera denuncia por esta índole que reciben, aunque prevén más en los próximos días. Sobre los tiempos el funcionario estima un plazo de un mes para ofrecer un dictamen preliminar a quienes presenten denuncias por daños estructurales en su vivienda, a partir de ahí iniciará un proceso de negociación con el desarrollador.
En paralelo la delegación Benito Juárez, donde se ubica este inmueble colapsado, ha dado a conocer que presentará una demanda penal contra las constructoras Canada Building Systems y Dijon porque presuntamente emplearon materiales de calidad inferior a las estipuladas. Estas denuncias se suman a las 156 carpetas de investigación que tiene abiertas la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ) vinculadas al terremoto del 19 de septiembre. Los exhabitantes del colapsado Residencial San José no son los únicos que están en este compás de espera. Unos pasos más adelante los inquilinos del edificio Zapata 58 no pueden regresar a su casa debido a la proximidad que comparten con el inmueble derruido. Tiburcio Navarro, uno de estos afectados lamenta que a más de 20 días del sismo no tienen un dictamen de Protección Civil local ni federal para regresar a sus departamentos. “Después del sismo viene el tema burocrático que aún no define la autoridad, qué es lo que va a pasar con los que estamos en riesgo”, expresa.
Durante estas dos semanas Navarro se ha desplazado con su hija que padece autismo y su esposa en la búsqueda de alojamiento en hogares de familiares y amigos. “Estamos a una semana de regresarnos todos y vivir con el riesgo”, señala con una voz desesperada. Estos inquilinos acudirán en los próximos días a la delegación para solicitar la pronta demolición de las maltrechas estructuran de lo que queda del inmueble en Zapata 56.
Además de las pérdidas humanas, el terremoto de magnitud de 7,1 causó cuantiosas pérdidas materiales en la Ciudad de México: 38 edificios derrumbados, otros 1.193 inmuebles con daños severos que son inhabitables y posiblemente tendrán que ser demolidos, según los datos del gobierno capitalino.
En el balance federal el miércoles pasado el presidente de México Enrique Peña Nieto anunció el inicio de la reconstrucción. Sin embargo, este nuevo comienzo presenta más dudas que certezas para los damnificados, quienes ahora van de las oficinas de abogados a las sucursales bancarias para encontrar una solución a su descalabro financiero.
Este es el caso de Reséndiz, quien vive temporalmente en la casa de su madre. Ha recibido los 3.000 pesos (unos 162 dólares) que otorga el gobierno capitalino y continuarán con el papeleo en bancos y en los juzgados. “La vida sigue, solo que me devuelvan lo mío y que se vayan a la cárcel (los constructores) y si no, al menos que les pongan una multa para ver si aprenden”, concluye.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
