El Supremo argentino avala el tarifazo eléctrico de Mauricio Macri

La Corte Suprema de Argentina ha dado un poco de oxígeno al gobierno de Mauricio Macri. Por unanimidad, sus cinco miembros rechazaron un fallo que en primera instancia suspendió la subida decretada en enero en las tarifas de la luz para Capital y provincia de Buenos Aires, una decisión a contramano de la que tomaron hace dos semanas, cuando decidieron anular, en forma inapelable, aumentos similares para el gas. El fallo de la Corte permitirá al Gobierno avanzar en su política de “sinceramiento tarifario”, como la ha llamado, base de una estrategia de largo plazo que pretende poner fin a los millonarios subsidios con los que el kirchnerismo mantuvo bajos los servicios públicos.

La decisión de la Corte ha sido para Macri un éxito luego de una gran derrota. El 19 de agosto, la Corte anuló subidas de hasta 1.000% en las tarifas del gas por considerar que el Gobierno no había convocado previamente a las audiencias públicas que exige la ley. Tampoco lo hizo para la subida de la luz, pero los jueces, en este caso, consideraron que pedido de anulación judicial no contaba con el respaldo de un grupo homogéneo que pueda considerarse representante de todos los usuarios. La cautelar contra el aumento de la luz que llegó a la Corte, avalada en primera instancia por una Cámara de Buenos Aires, fue presentada por un diputado kirchnerista, al que se le sumaron luego otros dirigentes políticos, un club de barrio y algunos vecinos.

El Gobierno deberá ahora cumplir con las audiencias públicas si no quiere que este fallo sea sólo una batalla ganada. Sucede que hay aún en los tribunales decenas de demandas contra el tarifazo de la luz, muchas de ellas presentadas por organizaciones de consumidores, que podrían llegar también a la Corte. Bastará a los supremos aplicar el mismo argumento que utilizaron contra la subida del gas para anular también el de la luz en el futuro.

El 25 y 27 de enero de este año, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, anunció subidas en las tarifas eléctricas que, en algunos casos, alcanzaron al 500%. Lo mismo hizo para el gas y el agua, con el argumento de que se encontraban artificialmente deprimidas gracias a los millonarios subsidios que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner otorgó durante años a las empresas de servicios. Sólo en gas, el actual Gobierno calculó que los aumentos permitirían un ahorro de hasta 4.000 millones de dólares, equivalente al 1,5% del Producto Interior Bruto (PIB). Pero toda la estrategia terminó empantanada en los tribunales, en una batalla que el macrismo no esperaba.

El tarifazo se convirtió en la medida más impopular de Macri. En los últimos meses se organizaron protestas callejeras para exigir la anulación de las nuevas tarifas y los testimonios de personas de clases bajas y medias con graves dificultades para pagar la factura se multiplicaron en medios de comunicación y redes sociales. Las hipersubvencionadas tarifas energéticas -entre las más bajas del continente- permitían cuadrar las cuentas a muchas familias agobiadas por la inflación descontrolada, superior al 40%. El fallo de la Corte contra la subida del gas obligó finalmente al Gobierno a replantear toda su estrategia. De un aumento de hasta 1000% y de una sola vez, se ha visto obligado ahora a un modelo gradual con subidas no mayores a 200% en promedio. El fin de los subsidios se alcanzará recién en 2019, según el nuevo plan “superador” presentado por el ministro Aranguren.