La fuga argentina retrata la corrupción en sus cárceles

La fuga de tres narcos, que ha tenido en vilo a Argentina 14 días, ha evidenciado la corrupción y decadencia de las cárceles, parecida a la de otros países latinoamericanos. Cada año se investigan más de 800 casos de torturas y malos tratos, y en 2014 hubo 25 muertos solo en cárceles federales. En las prisiones de la provincia de Buenos Aires —como la que vio fugarse a los tres sicarios— hay 20.000 plazas para 35.000 reclusos, según el director del comité contra la tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, Roberto Cipriano.

Daniel Rubio es un español que pasó casi tres años encarcelado en Argentina. “De existir un infierno, estaría a la par con ese terrible lugar”, dice sobre la prisión del barrio de Devoto, en Buenos Aires. Unos 219 kilómetros al sur de allí, en el pueblo de General Alvear, tres sicarios vinculados al tráfico de drogas -uno de los cuales acusaba de narcotráfico al exfuncionario kirchnerista Aníbal Fernández- se escaparon con un arma de juguete y empujando un coche para hacerlo funcionar de un penal de máxima seguridad. La fuga ha puesto de manifiesto otra vez ese infierno de corrupción, hacinamiento y violaciones de los derechos humanos.

“Es descarada la corrupción de los (agentes) penitenciarios, que entran los teléfonos, armas y drogas en cantidades industriales. Hay tráfico de favores, abusos de poder. Con dinero, ahí todo se puede”, denuncia Rubio. “Hay constantes cortes de luz y agua. Hay veces que nos tenían sin sacar la basura durante semanas. Estaba lleno de hongos, cucarachas, ratas, arañas, hormigas”, cuenta el expresidiario, que vivía en un gran salón con 80 personas, pero solo cuatro duchas y dos letrinas.

"Hay violaciones, asesinatos y torturas. Sufríamos constantes agresiones, humillaciones, extorsiones, tanto por parte de los demás presos como de los funcionarios del penal. A mí me golpearon una vez los penitenciarios. Hay gente enferma que no recibe atención médica y ni siquiera nos dejaban comprar nuestras medicinas. Sufríamos constantes robos y destrozos de nuestras pocas posesiones, como ropa, tabaco, tarjetas telefónicas, cuchillas de afeitar y papel higiénico. No veíamos la luz del sol más que una hora los viernes, y eso si les apetecía sacarnos al patio. Los colchones no son colchones... son papel de fumar. Y hay gente que está en prisión preventiva más de tres años y los procesos judiciales no avanzan…”, describe Rubio.

El director del comité contra la tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, Roberto Cipriano, coincide: “Yo conozco la cárcel de General Alvear y de ahí nadie sale por la puerta así nomás. La corrupción es estructural. Está corrompido el Servicio Penitenciario Bonaerense desde el nivel central, en sus compras y licitaciones [subastas], desde los directores de prisiones con los proveedores hasta los agentes que cierran la reja, que ingresan la droga, los celulares [móviles]”, describe Cipriano.

Francisco Mugnuolo, el procurador penitenciario federal encargado de proteger los derechos humanos de los reos, advierte de que “en casi todas las cárceles se repite el cuadro de corrupción, hacinamiento y violencia”. En las cárceles federales, donde se alojan detenidos por delitos como el narcotráfico, se batió en 2015 la marca histórica de presos (unos 10.641) y aunque las autoridades informan de que hay 11.850 plazas, Mugnuolo advierte de que muchos duermen en los pasillos.

“La mayoría de los detenidos son pobres, sus familias se esfuerzan por llevarles comida, pero los agentes se la quitan. También están los pabellones VIP, que no están permitidos pero los penitenciarios les cobran a los presos por estar allí. Hace tiempo se allanó una cárcel y había mujeres, bebidas alcohólicas, dólares. Ahí van traficantes y los integrantes de barras bravas del fútbol con contactos en la política”, advierte Mugnuolo.

“Argentina no es una excepción respecto al resto de América Latina”, lamenta Paula Litvachky, experta del Centro de Estudios Legales y Sociales. “Los Gobiernos delegan autonomía a los servicios penitenciarios para no tener conflictos, pero después aparecen problemas de gobernabilidad como los que generaron esta fuga”, advierte Litvachky.