El primer ministro rumano, acusado de corrupción y blanqueo de capitales
Victor Ponta se enfrenta a varios cargos de su época como abogado
La fiscalía anticorrupción de Rumania ha acusado formalmente al primer ministro del país, Victor Ponta, por corrupción. El mandatario, de 42 años y jefe de Gobierno desde 2012, y que estaba siendo investigado desde hace semanas por varios escándalos, dimitió anoche de su cargo como secretario general del Partido Socialdemócrata. La Dirección Nacional Anticorrupción (DNA) ha embargado también parte de las cuentas de Ponta para hacer frente con su patrimonio a las posibles responsabilidades por estos delitos.
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La fiscalía anticorrupción de Rumania ha acusado formalmente al primer ministro del país, Victor Ponta, por corrupción. El mandatario, de 42 años y jefe de Gobierno desde 2012, y que estaba siendo investigado desde hace semanas por varios escándalos, dimitió anoche de su cargo como secretario general del Partido Socialdemócrata. La Dirección Nacional Anticorrupción (DNA) ha embargado también parte de las cuentas de Ponta para hacer frente con su patrimonio a las posibles responsabilidades por estos delitos.
Ponta, según ha informado la fiscalía en un comunicado, se enfrenta a varios cargos de blanqueo de capitales, complicidad para la evasión fiscal "de forma continuada" y 17 infracciones de falsedad documental en escritura pública. Los casos son previos a su época como primer ministro y se remontan a entre 2007 y 2011, cuando Ponta trabajaba como abogado en su propio bufete.
La DNA, la oficina especial de la fiscalía anticorrupción que se ocupa de los cargos públicos y de casos que implican grandes sumas de dinero, le acusa de haber recibido el equivalente a 55.000 euros en varias entregas mensuales de uno de sus aliados políticos Dan Sova --en esa época también abogado, después diputado y más tarde ministro del Gobierno Ponta--, con el que firmó un acuerdo de colaboración. Sumas que el hoy primer minitro habría justificado, según la fiscalía, con 17 facturas falsas.
El primer ministro está siendo investigado también por otros cargos de conflicto de interés por haber nombrado a Sova ministro en dos ocasiones (en 2012 y en 2014). Sin embargo, la justicia no ha podido imputarle formalmente por estos delitos porque son de su época como primer ministro y por tanto tiene inmunidad. El Parlamento rumano, que domina la coalición liderada por el partido de Ponta, rechazó hace unas semanas desprenderle de ese privilegio.
Ponta, que ha comparecido esta mañana en la sede de la DNA en Bucarest donde ha rehusado hacer declaraciones, regresó a finales de la semana pasada después de pasar un mes en Turquía, donde se operó de una lesión de rodilla. A principios de junio, cuando la fiscalía anticorrupción reveló la investigación sobre el primer ministro, el presidente del país y rival político, el conservador, Klaus Iohannis —estos días de visita en España—, exigió su dimisión. Ponta declaró entonces que se mantendría en el cargo, y acusó a la DNA de llevar a cabo una investigación "política".
La fiscalía anticorrupción, que dirige Laura Codruta-Kovesi, ha llevado a cabo en los últimos tiempos importantes investigaciones en la que se han visto implicados importantes cargos políticos y jueces en uno de los países en los que la corrupción está más institucionalizada.