Bolivia abre a la exploración petrolera áreas protegidas
La medida ha generado el rechazo de las asociaciones ecologistas. Las empresas pagarán un 1% de sus inversión a las comunidades
La necesidad de descubrir nuevas reservas ha llevado al Gobierno de Bolivia a autorizar la exploración petrolera en zonas protegidas por razones ambientales, una medida que ha generado el rechazo de las asociaciones ecologistas e indígenas. El Ejecutivo de Evo Morales ha respondido con dureza y asegura que incluso expulsará del país a las organizaciones no gubernamentales que se opongan al desarrollo de la industria. El Gobierno pretende que las empresas puedan actuar pagando a las comunidades un 1% de su inversión.
El G...
La necesidad de descubrir nuevas reservas ha llevado al Gobierno de Bolivia a autorizar la exploración petrolera en zonas protegidas por razones ambientales, una medida que ha generado el rechazo de las asociaciones ecologistas e indígenas. El Ejecutivo de Evo Morales ha respondido con dureza y asegura que incluso expulsará del país a las organizaciones no gubernamentales que se opongan al desarrollo de la industria. El Gobierno pretende que las empresas puedan actuar pagando a las comunidades un 1% de su inversión.
El Gobierno de Evo Morales ha aprobado recientemente un decreto que autoriza la exploración petrolera en todas las áreas que Bolivia protege por razones ambientales. La medida ha generado el respaldo del sector petrolero y la crítica de varias organizaciones ambientalistas. Morales replicó a estas últimas con un discurso durísimo, pronunciado al pie de un pozo recién inaugurado, en el que amenazó con expulsar del país a las organizaciones no gubernamentales que se opongan a la expansión de la industria de los hidrocarburos, el motor de la economía nacional, y afirmó que los bolivianos no se convertirán, como estas organismos quieren, en los “guardabosques” de los países desarrollados. Morales aseguró también que “las reservas forestales han sido creadas desde el imperio norteamericano”, el cual quiere territorios “intocables, intangibles” en el tercer mundo para compensar sus propios crímenes contra el ambiente. En contraposición, afirmó, “tenemos la obligación de explorar cuanto tenemos”.
Morales amenazó con expulsar del país a las ONGs que se opongan a la expansión de la industria de los hidrocarburos
Las ONG han sido amenazadas por cuestionar que el Gobierno boliviano, al mismo tiempo que pretende liderar la lucha mundial contra el calentamiento global mediante la generalización de un modelo de desarrollo de bases indígenas que respete los “derechos de la Madre Tierra”, tome medidas como la que acaba de aprobar, y que no es la primera que estos grupos califican como “extractivista”. “Con esta autorización, el Gobierno ha cruzado una línea roja”, dice la ambientalista Cecilia Requena, “porque la misma no afecta a un área o un proyecto en particular, sino a todos los parques y territorios indígenas, en cualquier momento del futuro”.
Al movimiento ecologista también le preocupa que se pretenda eliminar la obligación que ahora tienen las empresas petroleras de convencer a los indígenas que habitan en áreas reservadas de la necesidad y de la inocuidad de sus proyectos, mediante un procedimiento que se denomina “consulta previa”, y se lo sustituya por un pago del 1% de la inversión que hagan con destino al área protegida. “Seguramente habrá conflictos entre las petroleras y los indígenas”, anticipa Requena, “y el Gobierno quiere evitarlos amenazando a las ONG con la expulsión”. Los expertos en hidrocarburos argumentan que existen nuevas tecnologías que permiten la explotación en sitios naturales delicados sin causar serios daños .
La decisión de Evo Morales, que ya había sido anunciada antes pero quedó postergada hasta después de las elecciones, se origina en la urgencia que tiene el país de descubrir nuevas reservas de gas, dado que las que actualmente posee se agotarán en 10 años. La falta de exploración petrolera en la última década se ha debido, según fuentes de la industria, al oneroso sistema de impuestos, así como a las dificultades que presenta la normativa del país, entre ellas la prohibición, que ahora quedó suspendida, de trabajar en las áreas protegidas.