El poder judicial peruano entra en crisis

El Tribunal Constitucional (TC) de Perú ha emitido este miércoles un fallo de inconstitucionalidad que ordena al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) designar como fiscal supremo a un abogado y anular el nombramiento de dos fiscales de esa misma categoría. El órgano advierte que de no cumplir la sentencia, multará a los consejeros y tramitará su destitución, aunque las designaciones de jueces y fiscales, de acuerdo a la Constitución de 1993, son responsabili...

El Tribunal Constitucional (TC) de Perú ha emitido este miércoles un fallo de inconstitucionalidad que ordena al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) designar como fiscal supremo a un abogado y anular el nombramiento de dos fiscales de esa misma categoría. El órgano advierte que de no cumplir la sentencia, multará a los consejeros y tramitará su destitución, aunque las designaciones de jueces y fiscales, de acuerdo a la Constitución de 1993, son responsabilidad del Consejo y no del Constitucional.

El TC debe estar formado por siete miembros, pero en este momento solo cuenta con seis, de los cuales solo uno tiene nombramiento vigente, ya que el de los otros cinco ya venció, en algunos casos hace más de un año. En julio el Congreso negoció la elección de los nuevos magistrados del tribunal, incluyendo un par de posibles miembros cercanos a partidos políticos, pero una movilización ciudadana frenó la denominada “repartija” de puestos.

“Esto ha ocurrido porque estamos en falta”, dijo, en un noticieron de Canal N, el congresista oficialista Daniel Abugattás, del Partido Nacionalista, en alusión al tiempo que ha transcurrido sin que el Legislativo elija a los nuevos miembros del Alto Tribunal.

En un comunicado, la ONG Instituto de Defensa Legal opina que la sentencia viola la Constitución porque el nombramiento de fiscales “es competencia exclusiva del Consejo Nacional de la Magistratura, que ya se pronunció en seis oportunidades en este caso”, y porque fue emitida sin quorum, con solo tres de cinco miembros del Tribunal, contraviniendo el reglamento. La institución indica que de acuerdo a la Carta Magna, las autoridades ejercen el poder “con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen”, por lo que el fallo es nulo y amerita una investigación del Congreso.

En entrevista con EL PAÍS, el abogado Carlos Rivera, jefe del equipo legal de IDL, indica que el Tribunal Constitucional ”ha inventado un argumento" que llevará a que en un futuro "cualquier candidato a fiscal superior o juez que no resulte nombrado exigirá su nombramiento mediante una acción constitucional”. “Alguien ha decidido empezar una nueva etapa en la junta de fiscales supremos”, añadió Rivera, catedrático de derecho penal y especializado en casos de violaciones de derechos humanos.

A mediodía del jueves, el Consejo Nacional de la Magistratura se reunió de emergencia para responder al fallo del Tribunal Constitucional y bajó la bandera de su local a media asta.

Mientras tanto, los trabajadores del Poder Judicial cumplen 38 días en huelga, lo que afecta sobre todo al sistema anticorrupción y a los juzgados de familia y de derecho penal común. Cerca de 20.000 juicios por alimentos y de violencia familiar están detenidos.

Los empleados públicos se niegan a ser administrados por una nueva ley de reforma del servicio civil, que exige evaluaciones para mantener sus puestos de trabajo. La semana pasada el presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, pidió a la sala Plena de la Corte Suprema declarar en emergencia el sector, pero no se hizo. Las negociaciones con el Ejecutivo tampoco prosperan.