Derribar el muro para borrar los grafitis

Una reciente sentencia –en proceso de revisión- del Tribunal de Estrasburgo, ha generado una enorme polémica en Europa, al responsabilizar a un sitio web por los comentarios ofensivos escritos por sus usuarios. Curiosamente, el fallo ha encontrado defensores más allá de Europa. De eso da fe, el entusiasta respaldo que el Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García Sayán, le dio a dicha sentencia, ...

Una reciente sentencia –en proceso de revisión- del Tribunal de Estrasburgo, ha generado una enorme polémica en Europa, al responsabilizar a un sitio web por los comentarios ofensivos escritos por sus usuarios. Curiosamente, el fallo ha encontrado defensores más allá de Europa. De eso da fe, el entusiasta respaldo que el Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García Sayán, le dio a dicha sentencia, en una columna de opinión publicada en EL PAÍS. En su carácter de presidente de la Corte Interamericana, García Sayán sin duda cuenta con las condiciones para opinar sobre los pronunciamientos de sus pares en otros tribunales de derechos humanos. No obstante, resulta sorprendente que su columna no dé cuenta de las fuertes críticas que surgieron en torno a este fallo por sus negativas consecuencias para el ejercicio de la libertad de expresión en los medios digitales.

El Tribunal Europeo al conocer el caso Delfi v. Estonia, examinó la responsabilidad del portal Delfi por comentarios, en parte anónimos, dejados por los usuarios respecto de un artículo sobre una compañía de ferris. En el artículo se afirmaba que las rutas establecidas por la compañía impedían que los isleños de Estonia pudieran navegar por caminos en el hielo, una alternativa más económica para ellos durante el invierno boreal. Algunos comentarios contenían expresiones sumamente ofensivas contra uno de los gerentes de la empresa de ferris. La sentencia Delfi v. Estonia concluyó que el portal era civilmente responsable por los comentarios de los usuarios al incumplir su supuesta obligación de prevenir dicha publicación.

Lo que García Sayán no menciona al defender la sentencia, es que el portal eliminó los comentarios agraviantes el mismo día que recibió una queja de los abogados de la empresa de ferris. Tampoco encuentra relevante, que el gerente de la compañía enviara la queja por correo postal, a pesar de que en el portal existía la opción de denunciar comentarios abusivos al instante, con un sólo clic. Es decir, difícilmente podría sostenerse que Delfi, que no edita ni lee previamente los más de 10.000 comentarios que recibe cada día, haya tenido una conducta editorial negligente cuando había dado a los usuarios la posibilidad de denunciar y remover este tipo de contenidos de una manera pronta y efectiva.

Más allá de la omisión de aspectos fácticos relevantes como los mencionados, lo más sorprendente del argumento de García Sayán, es que no haya continuado elaborando su propio razonamiento hasta alcanzar la conclusión lógica.

Lo que García Sayán propone en su columna es, básicamente, la responsabilidad objetiva de los sitios web que publican contenidos generados por usuarios. Dichos sitios, para eximirse de responsabilidad, deberían instalar un sistema que, ante todo, permita impedir que aparezcan comentarios difamatorios, incluso durante unas pocas horas o minutos. Esta obligación se extendería por igual a operadores grandes y pequeños, desde Facebook hasta la persona que publica un blog local. Inevitablemente, estos sistemas de filtrado, se convertirían en instrumentos de censura previa, incluso de expresiones legítimas. Además, muy pocos operadores en línea podrían permitirse el lujo de contar con un ejército de abogados que se ocupen de “limpiar” escrupulosamente los comentarios de los usuarios eliminando aquellos que puedan ser considerados ofensivos, y entonces optarán por ser extremadamente precavidos, depurando todos los comentarios que puedan “pasarse de la raya”.

Tal vez esto no represente un problema existencial para las grandes cadenas de noticias en las regiones más prósperas del mundo. Pero sí afectaría severamente a fuentes en línea que, como el propio García Sayán reconoce, han tenido un rol clave en la democratización informativa en la era digital: voces independientes en países donde los principales medios de comunicación se encuentran bajo un estricto control gubernamental o en manos de unos pocos actores.

Una sentencia similar dictada por un tribunal de Tailandia condujo a que Prachatai, el principal portal en línea de ese país, tuviera que cancelar los foros de usuarios durante un largo período. Con apenas media docena de empleados, el sitio no podía evaluar en tiempo real el promedio de 10.000 comentarios que se recibían cada día. Y el gerente de Prachatai recibió una pena de prisión en suspenso por no haber actuado con suficiente celeridad para eliminar un comentario que se consideró agraviante para la monarquía tailandesa.

Desafortunadamente un escenario como el de Prachatai no lo podemos descartar en América Latina, donde legisladores y jueces han sido muy lentos para adecuar las tradicionales normas de responsabilidad al dinamismo propio del Internet. Asimismo, en una reciente sentencia que dictó por estrecha mayoría (4 a 3) la Corte que preside García Sayán — ver José Miguel Vivanco “Gravísimo retroceso” — por primera vez ese tribunal considera legítimo condenar a prisión a un periodista que denunció malos manejos de bienes públicos. Lo único que uno podría esperar, es que esta sentencia sea recordada como una aberración en la jurisprudencia sobre libertad de expresión de la Corte.

La sentencia del Tribunal Europeo en el caso Delfi se aparta radicalmente de las tendencias que prevalecen en los países democráticos. Tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, en general no se atribuye responsabilidad a los operadores de sitios web por las transgresiones de terceros, del mismo modo en que, como señaló un juez británico, tampoco se culpabiliza al propietario de un muro por los grafitis que alguien pueda escribir en este durante la noche.

Por último, cabe hacer una aclaración sobre los derechos de los ciudadanos comunes que usan Internet. La responsabilidad objetiva que promueve García Sayán, posiblemente implique el fin de los comentarios anónimos, dado que es muy difícil que los sitios web quieran asumir responsabilidad por comentarios de usuarios que no pueden ser identificados. El anonimato es una cuestión compleja, y probablemente algunos usuarios se amparen en ello para lanzar improperios sin ninguna responsabilidad. Sin embargo, como concluye un estudio de la Asociación Mundial de Periódicos, editores de todo el mundo consideran que los comentarios anónimos enriquecen y democratizan los debates en Internet. En efecto, no es necesario vivir en Corea del Norte para apreciar el valor del anonimato. La próxima vez que estén por hacer un comentario en línea que no estarían dispuestos a mostrar a su empleador, a funcionarios de su gobierno o incluso a miembros de su familia, deberían reflexionar sobre lo que realmente está en juego en este debate.