La dureza de la primera pena del ‘mensalão’ pone en alerta a los implicados
El Supremo de Brasil condena a 40 años de cárcel a un empresario por gestionar el esquema de corrupción. Otras 24 están pendientes de castigo
Fueron necesarias dos días de discusiones, en algunos momentos acaloradas, entre el juez instructor, Joaquim Barbosa, y otro de los jueces, Ricardo Lewandowski, para que el Tribunal Supremo llegase a decidir la primera pena otorgada a uno de los condenados en el proceso del mensalão, el empresario Marcos Valerio, que fue de 40 años, un mes y seis días, más una multa de más de un millón de euros, una pena severa que ha puesto en alerta a los otros 24 condenados.
Marcos Valeri...
Fueron necesarias dos días de discusiones, en algunos momentos acaloradas, entre el juez instructor, Joaquim Barbosa, y otro de los jueces, Ricardo Lewandowski, para que el Tribunal Supremo llegase a decidir la primera pena otorgada a uno de los condenados en el proceso del mensalão, el empresario Marcos Valerio, que fue de 40 años, un mes y seis días, más una multa de más de un millón de euros, una pena severa que ha puesto en alerta a los otros 24 condenados.
Marcos Valerio había sido condenado como el operador material del esquema de corrupción a través del cual pasaban los millones ofrecidos por el Partido de los Trabajadores (PT) a políticos y partidos a cambio de apoyo al proyecto de gobierno del entonces presidente, Lula da Silva.
El empresario publicitario Valerio había sido condenado por ocho delitos: formación de organización criminal, tres episodios de corrupción activa, dos peculados, blanqueo de dinero y evasión de divisas.
El operador material del mensalão hubiese sido condenado a 12 años más de no haber intervenido el revisor Lewandowski pidiendo penas menores, lo que le llevó a una dura discusión con el instructor Barbosa. Volaron palabras fuertes y Barbosa, conocido por su carácter temperamental, acabó pidiendo perdón a su colega magistrado.
La discusión de fondo se refería a las penas que Barbosa había propuesto por los crímenes de corrupción activa y formación de organización criminal, que son justamente los dos delitos por los que han sido condenados los tres políticos importantes del PT, José Dirceu, jefe de gabinete y mano derecha de Lula, José Genoino, que fue presidente del partido, y Delubio Soares, el extesorero de la formación.
Como la pena de ambos crímenes va de uno a 12 años de cárcel, tocará a los magistrados decidir los años de detención para dichos reos.
Al final, la pena por esos dos delitos a Marco Valerio quedó en 10 años y siete meses, suficientes para tener que cumplirla en régimen cerrado de detención y en una prisión común, algo que ha creado aprensión en los políticos condenados por los mismos crímenes a los que el Supremo podría aplicar las mismas penas.
Los políticos del PT, el partido de Lula, que continúan proclamando su inocencia, ya han anunciado que acatarán las decisiones del Supremo, pero que en caso de ser encarcelados, se considerarían “presos políticos”, ya que según ellos han sido condenados en un “proceso de excepción”, que les ha juzgado sin pruebas, sólo por indicios”.
Tanto Dirceu como Genoino han manifestado su voluntad de dedicar el resto de su vida a conseguir probar su inocencia. Según ellos están sufriendo, en un Estado democrático que ayudaron a fundar y consolidar, la misma condena y persecución que ya habían sufrido durante la dictadura militar que los encarceló entonces y los obligó a exiliarse.
Una de las preocupaciones del PT es que la condena de los responsables que ayudaron a Lula a llegar a la presidencia, pueda significar una condena no solo de ellos sino de todo el partido en bloque.
Justamente, este jueves en las páginas de opinión del diario O Globo, el sociólogo Demétrio Magnoli alerta sobre este peligro con un artículo titulado El PT no es un bando. Y acusa al candidato a la alcaldía de São Paulo, José Serra, de estar criminalizando a todo el Partido de los Trabajadores, que es, escribe, “la representación partidaria de una parte significativa de los ciudadanos brasileños”. En efecto, el PT ha sido el mayor partido de izquierdas de América Latina.
Lo que en este momento consuela al PT y a su líder histórico, Lula, es que su candidato para la alcaldía de São Paulo, la más numerosa e importante del país, el joven exministro de Educación Fernando Haddad, escogido a dedo por Lula como lo había sido Dilma Rousseff, aparece como gran vencedor con 15 puntos de diferencia sobre el opositor Serra, a pesar de que, al ser un desconocido por el electorado paulista, había empezado en los sondeos con un 3%.
Eso es lo que ha llevado a Lula a afirmar, refiriéndose a la oposición, que insiste en que el expresidente debía haber sido uno de los presos del mensalão, que él “ya ha sido absuelto por las urnas”.
El Fiscal pide que se retire los pasaportes a los 25 condenados
El Fiscal General del Estado, Roberto Gurgel, ha enviado una petición al juez instructor del proceso del mensalão, Joaquim Barbosa, para que retire el pasaporte a los 25 condenados. La decisión tiene el fin de evitar que puedan huir al exterior para evitar la cárcel.
Barbosa tiene facultades para decidir autónomamente acerca de la petición del Fiscal, pero es más probable que consulte el parecer de toda la Corte.
Gurgel, que había pedido cárcel para todos los reos, aunque solo 25 de los 38 han sido condenados, también había solicitado que una vez decidida la pena, los reos fueran enseguida encarcelados.
Sin embargo, la Corte no aceptó la petición, ya que antes quiere dar tiempo para que los abogados de los condenados puedan presentar aclaraciones a las motivaciones de las condenas.
José Luis de Oliveira Lima, abogado de José Dirceu, uno de los condenados de mayor relieve político al haber sido exministro del expresidente Lula da Silva, ha presentado un informe al Supremo, pidiendo que a la hora de determinar la pena infligida al exguerrillero de la Dictadura Militar, los jueces tengan en cuenta los antecedentes de los “relevantes valores sociales” del mismo
Para Dirceu, que ha sido condenado por los delitos de corrupción activa y de formación de organización criminal, los jueces aún no han decidido la pena.
Para evitar que dicha pena pueda conducir a la cárcel a Dirceu, que ya había sido encarcelado por los militares durante la Dictadura y obligado a exiliarse, el abogado ha insistido ante los jueces que tengan en cuenta lo que hizo su defendido a favor de la democracia y de los valores sociales puestos de manifiesto como fundador y varias veces presidente del PT.
En su informe al Supremo, Oliveira Lima cita a Lula según el cual Dirceu “luchó por la democratización del país pagando de persona con el exilio”.
El biógrafo y amigo personal de Dirceu, el escritor Fernando Morais ha afirmado que Dirceu tiene la “certeza de que va a ir a la cárcel”, pero añade que “no es pesimista” y que enfrentará la decisión del Supremo “con la cabeza erguida” ya que "se siente inocente”.
Dirceu ya ha advertido de que si lo condenan a pena de cárcel se considerará “preso político”, ya que juzga todo el proceso del Supremo como un “golpe político contra Lula y contra el Partido de los Trabajadores”.