Nuevo poder del euro
Las condiciones de estabilidad que proponen Berlín y París deben debatirse en el Congreso
Mariano Rajoy, en una de las contadas aclaraciones públicas sobre sus criterios de política económica, ha expresado su ferviente apoyo, sin restricciones intelectuales ni políticas, al plan de Angela Merkel y Nicolas Sarkozy para acabar con la inestabilidad crónica que castiga las deudas soberanas y obstaculiza la recuperación económica. Un buen argumento político justifica este respaldo sin reservas: si ha de haber dos Europas, dos euros, España ha de estar en el grupo de los elegidos. Para ello hará los sacrificios necesarios, los actuales y los que se acuerden en el Consejo Europeo que empi...
Mariano Rajoy, en una de las contadas aclaraciones públicas sobre sus criterios de política económica, ha expresado su ferviente apoyo, sin restricciones intelectuales ni políticas, al plan de Angela Merkel y Nicolas Sarkozy para acabar con la inestabilidad crónica que castiga las deudas soberanas y obstaculiza la recuperación económica. Un buen argumento político justifica este respaldo sin reservas: si ha de haber dos Europas, dos euros, España ha de estar en el grupo de los elegidos. Para ello hará los sacrificios necesarios, los actuales y los que se acuerden en el Consejo Europeo que empieza hoy. Resulta irónico que en este empeño hayan coincidido por fin Mariano Rajoy y Rodríguez Zapatero; una colaboración tan amistosa hubiera sido mejor recibida a partir de 2009, cuando se conocían ya los terribles perfiles de la crisis financiera y la recesión.
Para el nuevo Gobierno, el que se forme a partir del día 22 de diciembre, la imposición de nuevas condiciones de estabilidad del euro es un aliento político impagable. Dicta con carácter ineludible el camino que debe seguirse, un ajuste más drástico que el anterior. Pero, al mismo tiempo, excusará al Gobierno del PP de los costes políticos de los recortes. Porque si se quiere cumplir puntillosamente con el objetivo de reducir el déficit bajo la vigilancia europea y sin incurrir en las sanciones automáticas que propone la alianza franco-alemana, el Gobierno de Rajoy tendrá que reducir el gasto en sanidad y pensiones y, además, subir los impuestos. Es decir, tendrá el impulso y el respaldo europeo para hacer justamente lo contrario de cuanto prometía en la campaña electoral (subir las pensiones, bajar impuestos).
De repente, han cesado las voces que desde el PP y sus medios de cámara zaherían al Gobierno socialista con la acusación de que la economía española “estaba intervenida”. Y, sin embargo, la adhesión incondicional al plan Merkel-Sarkozy (que incluye una reforma de los tratados europeos) implicará probablemente una entrega real de los resortes políticos a las directrices de Berlín y París. Obsérvese que la canciller Merkel presentó su programa para Europa en el Bundestag. Debería hacerse lo propio en España. El asenso entusiasta de Rajoy y Zapatero tendría que discutirse, rápida e ineludiblemente, en el Congreso. En el curso de ese debate debería precisarse cuál es la contracción fiscal que puede soportar la economía española compatible con un margen de maniobra para combatir la recesión.
Se puede argüir que la urgencia de la crisis justifica el dictado de Francia y Alemania. Pero cuando desaparezca la coartada de la crisis quedará en evidencia el traslado de poder desde los Gobiernos nacionales (votados) hacia el eje franco-alemán, sin que en este proceso hayan tenido relevancia algunas instituciones como la Comisión o el Parlamento. Esta desviación atípica de poder forma parte de la salvación del euro, porque implica una designación implícita del árbitro que regulará la estabilidad de la moneda.