Detenido un ex jefe de la Fuerza Aérea chilena por malversación de fondos públicos

El general chileno Ramón Vega, que fue comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) en democracia y más tarde senador, quedó detenido ayer en la base aérea de El Bosque, en Santiago, acusado de haber recibido comisiones ilegales por casi 2,9 millones de dólares durante la compra de 25 aviones Mirage Elkan usados a Bélgica en 1994.

La resolución del juez Omar Astudillo procesa a Vega por el delito de malversación de caudales públicos y como cómplices a los generales de la FACH Jaime Estay y Florencio Dublé y el coronel Luis Bolton, todos retirados. Los acusados permanecen deteni...

El general chileno Ramón Vega, que fue comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) en democracia y más tarde senador, quedó detenido ayer en la base aérea de El Bosque, en Santiago, acusado de haber recibido comisiones ilegales por casi 2,9 millones de dólares durante la compra de 25 aviones Mirage Elkan usados a Bélgica en 1994.

La resolución del juez Omar Astudillo procesa a Vega por el delito de malversación de caudales públicos y como cómplices a los generales de la FACH Jaime Estay y Florencio Dublé y el coronel Luis Bolton, todos retirados. Los acusados permanecen detenidos en la mayor base de la Fuerza Aérea en la capital.

Poco antes de la detención del militar de mayor graduación que ha ejercido en democracia y ha terminado procesado, el portavoz de Gobierno pidió distinguir entre las conductas de las personas y las instituciones; por su parte, la FACH afirmó que colaborará con la justicia.

El juez Astudillo determinó que tres hijos del general Vega y el cónyuge de una de sus hijas recibieron depósitos bancarios por casi 2,9 millones de dólares, "dineros que no pueden sino provenir del precio pagado por Chile con motivo de la compra de los aviones Mirage y sus suplementos complementarios", según establece en su resolución.

Pagos a personas y empresas

Chile adquirió a Bélgica 25 Mirage Elkan de segunda mano por 109 millones de dólares, pero 15 millones de dólares fueron destinados al pago de comisiones que la empresa intermediaria Sabca transfería a otra compañía, Europavia Belgium. Previa deducción de un porcentaje, la segunda firma efectuó 17 pagos a Berthier Investment Inc., por "aparentes servicios de consultoría", y desde esta empresa se hicieron pagos a diferentes personas y empresas, todo mediante transferencias bancarias.

Una de las personas que recibió estos pagos fue Bernard Van Meer, un británico de origen holandés casado entonces con una de las hijas de Vega.

Según la resolución del juez, "un funcionario público sustrajo y consintió que otros sustrajeran la suma de 15 millones de dólares, dineros de carácter u origen público que estaban a su cargo o bajo su responsabilidad".

Al general Estay, que preparó el contrato de compraventa y en las negociaciones, el magistrado lo acusa de haber recibido dineros del precio pagado por el Estado de Chile por 65.000 dólares. El general Dublé, ex jefe de logística de la FACH, y el coronel Bolton, que hizo la evaluación técnica de los aviones, recibieron cada uno 60.000 dólares, según Astudillo.

Vega dijo ser inocente y explicó que no fue la FACH quien compró los aviones, sino el Gobierno, y que él sólo hizo un informe de evaluación para elegir la oferta técnicamente más eficiente. Su abogado apeló ayer contra el procesamiento.

El 'caso Soria'

Por otra parte, el juez Alejandro Madrid procesó ayer a seis militares retirados y un civil por obstruir la investigación judicial del crimen del español Carmelo Soria, ex funcionario internacional de Naciones Unidas asesinado por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) en 1976, mientras estaba siendo torturado después de haber sido secuestrado.

El magistrado procesó al brigadier Jaime Lepe, uno de los autores del asesinato de Soria y después amnistiado, y al ex director de inteligencia del Ejército Eugenio Covarrubias por asociación ilícita y presentación de testigos o documentos falsos en un juicio criminal. También procesó al mismo Lepe y al ex fiscal militar Sergio Cea, por falsificación de documento público. Los procesados quedaron detenidos en una unidad de la policía militar en Santiago, salvo Covarrubias, que estaba en libertad provisional por otro proceso, y dos ex agentes a quienes el juez Madrid concedió la libertad bajo fianza.

La hija del asesinado funcionario internacional, Carmen Soria, ha solicitado al Gobierno chileno que pida a la justicia la reapertura del caso. Desde 1992 "se sabe quienes mataron a mi padre, cómo lo torturaron y qué es lo que hicieron con él. Espero que el Gobierno de Michelle Bachelet actúe", afirmó Soria.