Una comisión pide un juicio político contra el alcalde de Buenos Aires por el 'caso Cromañón'

Se trata del primer paso de un proceso que, de salir adelante, puede suponer la inhabilitación para el cargo e incluso acarrear consecuencias penales para Ibarra. Según el informe elaborado por los nueve miembros de la comisión, Ibarra llevó a cabo de manera consciente una política de "reducción a la impotencia" de las inspecciones de los locales, lo que combinado con la falta de coordinación durante los momentos posteriores a la tragedia provocó la degradación de la asistencia médica a los afectados. La comisión señala además que es "inadmisible" el intento de Ibarra de cargar con la responsa...

Se trata del primer paso de un proceso que, de salir adelante, puede suponer la inhabilitación para el cargo e incluso acarrear consecuencias penales para Ibarra. Según el informe elaborado por los nueve miembros de la comisión, Ibarra llevó a cabo de manera consciente una política de "reducción a la impotencia" de las inspecciones de los locales, lo que combinado con la falta de coordinación durante los momentos posteriores a la tragedia provocó la degradación de la asistencia médica a los afectados. La comisión señala además que es "inadmisible" el intento de Ibarra de cargar con la responsabilidad a sus subordinados.

La tragedia se produjo durante un concierto de rock cuando algunos espectadores prendieron bengalas a resultas de las cuales se incendió la sala. Los espectadores que trataban de huir del local se encontraron con que las puertas de emergencia estaban cerradas con cadenas y candados. El dueño del local, Omar Chabán, fue de los primeros en huir y permaneció varios días prófugo. En la actualidad se encuentra en libertad y ninguno de los encausados por el incendio está en prisión. La investigación del suceso sacó a la luz, entre otras cosas, que Chabán sobornaba a los inspectores de seguridad y a la policía. En lo político, Ibarra nombró a un nuevo jefe de seguridad en Buenos Aires y pidió que se celebrase un referéndum sobre su gestión, pero no atendió las peticiones de dimisión que le hacían los familiares de las víctimas y la oposición.

Ayer la policía desplegó un fuerte operativo de seguridad tanto en los alrededores como en el interior del Legislativo porteño para la lectura de las conclusiones del informe cuyo texto total consta de 500 folios y en el que también se exige la dimisión de la síndica general de la ciudad, Marcela Sánchez de Bustamente, por "falta de idoneidad para el cargo" y del coordinador general de emergencia, Julio Crespo. "Por su confeso reconocimiento de la falta de coordinación total entre los sistemas de emergencia de la ciudad y las fuerzas de seguridad nacionales".

"Sin valor judicial"

Ibarra no esperó a la lectura del informe para contraatacar y subrayó que se trata de una declaración política sin valor judicial. "Jamás se preocuparon de los temas de seguridad y ahora se rasgan las vestiduras", subrayó el máximo responsable de la capital argentina quien recordó que todos los integrantes de la comisión pertenecen a la oposición en la ciudad. Ibarra llegó a la intendencia en las listas de la formación Frente País Solidario (Frepaso). El intendente tampoco ahorró la munición de grueso calibre personal contra los integrantes de la comisión y en especial contra su presidenta, a quien acusó de tener relación con protagonistas del secuestro de niños, hijos de las desaparecidas embarazadas durante la dictadura militar argentina (1976-1983). El informe es muy duro con la actitud de Ibarra a quien acusa de "conductas desaprensivas sin sujeción a la legalidad".

El caso Cromañón ha desatado una fuerte polémica en Argentina no sólo por la tragedia en sí, sino por el desarrollo de los acontecimientos desde el incendio de la discoteca. Los familiares que han realizado numerosas manifestaciones reclamando una eficaz actuación de la justicia, han visto como en los siete meses transcurridos apenas hay una declaración oficial —y de carácter político— mientras que los principales acusados siguen en libertad y nadie ha asumido responsabilidades políticas tras el siniestro.