Villarejo y sus amistades peligrosas

La renovación del Consejo General del Poder Judicial, bloqueada desde hace casi tres años por el Partido Popular, no se producirá, al parecer, hasta mediados de junio, y eso porque prácticamente no le quedará más remedio al PP si no quiere desestabilizar también, de carambola, al Tribunal Constitucional, dos de cuyos miembros debería nombrar el CGPJ a finales de ese mes. La desestabilización del Consejo del Poder Judici...

La renovación del Consejo General del Poder Judicial, bloqueada desde hace casi tres años por el Partido Popular, no se producirá, al parecer, hasta mediados de junio, y eso porque prácticamente no le quedará más remedio al PP si no quiere desestabilizar también, de carambola, al Tribunal Constitucional, dos de cuyos miembros debería nombrar el CGPJ a finales de ese mes. La desestabilización del Consejo del Poder Judicial es una de las más graves anomalías institucionales que ha sufrido, y sufre, la democracia española y ha causado un daño enorme a la credibilidad del órgano encargado de garantizar la independencia de jueces y tribunales en el ejercicio de su función y de ofrecer protección a cualquier juez que se sienta coaccionado.

La falta de prestigio o pública estima de jueces y tribunales es un serio peligro para cualquier democracia y debe ser contrarrestado por todas las instituciones. A eso debería aplicarse lo antes que pueda el nuevo Consejo, porque la publicación de cintas grabadas por el comisario corrupto José Manuel Villarejo y publicadas en EL PAÍS dan a entender que el expolicía, al frente de una poderosa red de corrupción y de espionaje ilegal, estableció lazos de muy estrecha amistad con algunos jueces y fiscales. Despejar cualquier duda sobre esas relaciones es una necesidad democrática y sería de desear que el Consejo pudiera ofrecer a los ciudadanos total garantía de que esas amistades peligrosas no trajeron consecuencias indeseadas.

El daño que han sufrido y sufren algunas de las principales instituciones democráticas de este país procede, lamentablemente, de la falta de rigor y sentido institucional de los partidos políticos y muy en especial de los dos principales que protagonizaron varias décadas de bipartidismo efectivo. Una de las acusaciones más graves que se puede hacer a ese bipartidismo PSOE/PP es que terminaron por distribuirse las instituciones como si fuera una cuestión de cupos y de aprecio, sobre todas las cosas, a la lealtad perruna y no a la idoneidad de la persona propuesta para ese cargo institucional. En pocos días sabremos si ese perverso mecanismo continúa funcionando.

La ruptura del bipartidismo, con la vigorosa aparición de otros partidos, especialmente Podemos y Ciudadanos, pareció que podía frenar esa deriva tan peligrosa. El multipartidismo, dijeron, llegó para quedarse. La realidad no convalidó la sentencia. Los dos grupos que protagonizaron esa esperanzadora ruptura se comportaron como simples instrumentos para llegar a la cúpula del poder y, cuando no lo lograron, sufrieron, ambos, un rápido proceso de desmoronamiento. Ahora existe la posibilidad de que se organice un nuevo proyecto en torno a la actual vicepresidenta Yolanda Díaz. Sería interesante que esa plataforma fuera capaz de actuar no solo como un instrumento de poder, sino con algunas de las características “clásicas” de los partidos políticos: promover duraderamente la participación de los ciudadanos en la vida pública y ayudar a fijar los elementos de la discusión racional en el espacio público.

Recuperar una discusión política racional, no basada esencialmente en sentimientos, exigiría dejar fuera del acceso al poder institucional a un partido como Vox, que no pretende participar en ningún debate, sino socavar los mecanismos que los permiten. Es dramático que los resultados de las encuestas se presenten ya en forma de bloques, de manera que PP y Vox parecen formar una única oferta electoral, cuando no es así y cuando nunca debería aceptarse esa asociación, por la salud democrática del país. Cualquier aproximación PP-Vox redunda en beneficio de la normalización de Vox, que no es un partido normal, como explican una y otra vez los demócratas europeos. Es verdad que el PP ha dado ya un paso infame al incorporar a Vox al Gobierno de Castilla y León, pero el próximo 19 de junio, en las elecciones andaluzas, será el momento de exigir a los populares que defiendan su propio proyecto, como sus principales colegas europeos, dejando de lado la democracia iliberal. Porque si Vox alcanza algún día el Gobierno de la nación no estaremos ya luchando contra un deterioro institucional o contra casos de corrupción, sino que el corazón del sistema estará en peligro y, como decía Teddy Roosevelt, los diputados ya no dirán “present” cuando se pase lista, sino que comenzarán a decir “not guilty” (inocente).

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