Cuanto más acoso, menos control

El bloqueo que ejerce el Partido Popular (PP) en el Parlamento está consiguiendo paradójicamente proporcionar más autonomía al Gobierno. Cuanto más opta Pablo Casado por intentar acorralar a Pedro Sánchez, con discursos encendidos y proclamas rotundas, menos control ejerce sobre su desempeño. Por eso sería tan importante que, aunque parezca muy difícil, sean el propio presidente y el PSOE y Unidas Podemos quienes comprendan que hay que buscar a toda veloci...

El bloqueo que ejerce el Partido Popular (PP) en el Parlamento está consiguiendo paradójicamente proporcionar más autonomía al Gobierno. Cuanto más opta Pablo Casado por intentar acorralar a Pedro Sánchez, con discursos encendidos y proclamas rotundas, menos control ejerce sobre su desempeño. Por eso sería tan importante que, aunque parezca muy difícil, sean el propio presidente y el PSOE y Unidas Podemos quienes comprendan que hay que buscar a toda velocidad un mecanismo estable dentro del Parlamento que permita el debate y llegar a un amplio acuerdo sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, porque solo así podrá tener éxito.

El propio Pedro Sánchez afirmó esta semana en el Congreso que en España ha habido unos pocos hitos cruciales. Nombró la proclamación de la II República, la aprobación de la Constitución de 1978 y el ingreso en la Comunidad Económica Europea (CEE). El cuarto hito será, dijo, el Plan de Recuperación, que permitirá modernizar el país y adaptarse al enorme cambio provocado por la digitalización, el cambio climático y las incertidumbres sanitarias. Si eso es así, convendría recordar que ninguno de los hitos anteriores se realizó sin un consenso formidable. La II República se proclamó con apoyo de liberales, conservadores, socialistas, comunistas y nacionalistas. El borrador de la Constitución no fue producto de un grupo de expertos reunidos en La Moncloa, sino de una ponencia constitucional en la que estuvo representado prácticamente todo el arco parlamentario, y el ingreso en la CEE fue un proyecto unánime de todas las fuerzas políticas.

El PP parece incapaz de comprender que todos esos “hitos” se alcanzaron al mismo tiempo que se practicaba una dura oposición. Si se toma como ejemplo la Constitución de 1978, se aprecia que socialistas y comunistas comprendieron inmediatamente que el borrador debería ser fruto de un debate parlamentario. Ni a unos ni a otros se les ocurrió acorralar al Gobierno de UCD en ese aspecto, sino que se ofrecieron para formar parte del mecanismo (la ponencia) que protagonizaría la negociación. Todo ello sin obstáculos para ejercer el control de la actividad diaria del Ejecutivo.

La Constitución y el ingreso en la CEE fueron fruto de decisiones políticas, aunque evidentemente los protagonistas estuvieron asesorados por expertos y técnicos. No se trata de buscar legitimación científica o técnica a decisiones que solo necesitan legitimación democrática, pero sí de procurar que los fines que se persiguen políticamente no sean técnicamente imposibles. Los expertos que acaba de nombrar el Gobierno para estudiar la imprescindible reforma fiscal, por ejemplo, no son quienes deben determinar la política fiscal, que responde al programa de los partidos. Lo que sí pueden y deben hacer es explicar cuál es la situación actual y proporcionar las bases y los datos sólidos sobre los que las distintas propuestas políticas puedan sustentarse.

El Plan de Recuperación, si realmente tiene el alcance que se está anunciando, no puede tampoco ser controlado desde un equipo de expertos en La Moncloa, sino que exige ser negociado hasta alcanzar un gran consenso en el Parlamento, ejecutado por el Gobierno y evaluado con el apoyo de alguna oficina que no dependa del Ejecutivo, sino, de nuevo, del Congreso. Algo así como la National Audit Office (NAO) británica, que depende de la Cámara de los Comunes, tiene más de 800 trabajadores y se dedica no a cuestionar las políticas del Gobierno, por supuesto, sino a establecer si los recursos públicos han sido usados de manera eficiente y eficaz.

Nada de eso será posible si el Partido Popular continúa eludiendo su obligación como oposición. Sus dirigentes actúan no como herederos de la UCD, sino del pequeño sector que se quedó voluntariamente fuera del consenso constitucional. No son herederos de lo que se da en llamar “franquismo sociológico” (si eso existe hoy día, que es dudoso, fue representado por Manuel Fraga, miembro de la ponencia constitucional), sino de un pequeño grupo “neoconservador” que se formó en torno a José María Aznar, dispuesto a “verlas venir” y decidir solo cuando la partida de la transición ya estuviera jugada. Los actuales dirigentes del PP deberían comprender que una actitud semejante simplemente imposibilita imaginarlos como alternativa.