Los esclavos que compraban su propia libertad

A mediados del siglo XIX, Cuba, Virginia y Luisiana eran sociedades esclavistas maduras. En las tres, la esclavitud era parte de la vida, un elemento clave de sistemas de producción y organización social, instalados desde siglos atrás. La esclavización de los africanos y sus descendientes era lamentable para algunos y encomiable para otros, pero era algo aceptado por la mayoría de los blancos, fundamentado en la creencia, ampliamente compartida en todas las sociedades americanas, de que los negros eran irremediablemente inferiores en términos políticos, morales, intelectuales y de civilización...

A mediados del siglo XIX, Cuba, Virginia y Luisiana eran sociedades esclavistas maduras. En las tres, la esclavitud era parte de la vida, un elemento clave de sistemas de producción y organización social, instalados desde siglos atrás. La esclavización de los africanos y sus descendientes era lamentable para algunos y encomiable para otros, pero era algo aceptado por la mayoría de los blancos, fundamentado en la creencia, ampliamente compartida en todas las sociedades americanas, de que los negros eran irremediablemente inferiores en términos políticos, morales, intelectuales y de civilización. En las tres sociedades, el orden racial colocaba a los negros en el peldaño inferior de la sociedad. Sin embargo, hacia 1860, los órdenes raciales implantados en Cuba, Virginia y Luisiana diferían de manera importante entre sí. En muchas partes de Virginia y Luisiana, una persona esclava podía vivir toda su vida sin encontrar jamás a una persona libre de color. La negritud era sinónimo de esclavitud. Esto era casi imposible en Cuba, donde las personas de color libres representaban un porcentaje importante de la población total. En Virginia y Luisiana, cuando las personas de color desafiaban su esclavización o sus designaciones raciales en el ámbito judicial, las instituciones jurídicas asociaban sus reclamos de ciudadanía con la blanquitud. La asociación entre blanquitud y ciudadanía, tan importante en la ideología de la supremacía blanca y la democracia de los blancos en los Estados Unidos, no se plasmó de la misma manera en Cuba. Una persona de color libre en Cuba podía ser titular de derechos, participar en la vida pública y contraer un matrimonio interracial; en la antesala de la Guerra Civil, una persona de color en Virginia o Luisiana no podía hacer nada de esto. Las tradiciones jurídicas, las acciones de los esclavizados, las instituciones imperiales, la política y los vaivenes de la historia configuraron trayectorias muy divergentes.

Irónicamente, el fuerte legado jurídico ibérico en materia de esclavitud tuvo efectos contradictorios e inesperados en el Nuevo Mundo. Los colonizadores llegaron a Cuba con un corpus de precedentes jurídicos e institucionales que ya constituía a los negros como sujetos socialmente abyectos. Al mismo tiempo, la manumisión [dar libertad a un esclavo] era una práctica bien establecida en la España mediterránea, que se aplicaba a individuos de distintas religiones y antecedentes étnicos. Las tradiciones jurídicas de la península Ibérica contribuyeron a que las diferencias raciales se introdujeran en las leyes de manera más rápida en Cuba que en las otras jurisdicciones, pero también ayudaron a instalar la práctica de la manumisión y la autocompra de la libertad, instituciones que funcionaban con independencia de la raza (...)

Las élites esclavistas nunca lograron crear el mundo perfectamente dicotómico que habían soñado. Las personas de color, libres y esclavas, subvirtieron ese orden racial aprovechando y a veces creando formas de escapar de la esclavitud, rechazando los aspectos negativos asociados con la negritud y manteniendo relaciones sexuales e incluso contrayendo matrimonio con personas de otras razas. En las tres jurisdicciones, estas estrategias dieron lugar a la creación de grupos intermedios que no encajaban en categorías diferenciadas de personas blancas y libres, por un lado, y personas de origen africano y esclavas, por el otro.

Los colonizadores llegaron a Cuba con un corpus jurídico que constituía a los negros como socialmente abyectos

(...) Las iniciativas de los propios esclavos demostraron ser igualmente importantes en el curso de la historia. En las tres jurisdicciones, los esclavizados hicieron uso de reformas jurídicas cuyo objetivo no era beneficiarlos, pero que les permitió abrirse espacios y ganar mayor libertad. Entablaron demandas para obtener su libertad usando leyes sancionadas con otras motivaciones; intercambiaron información con otras personas de color, separadas a veces por grandes distancias; trabajaron y juntaron bienes para comprar su libertad y la de otros; y demandaron derechos adicionales una vez pagado parte del precio de compra de su libertad. En Cuba, los esclavos, libres y coartados [aquellos que compraban su libertad] transformaron la práctica habitual de la coartación en un derecho que finalmente quedó consagrado en la legislación. Esfuerzos similares emprendidos por personas de color en Virginia y Luisiana no prosperaron de la misma manera.

En este proceso, el tamaño de la comunidad de personas libres de color parece haber sido clave. Muchos esclavos que compraron su propia libertad lo hicieron con el apoyo económico y el respaldo jurídico de parientes y vecinos negros libres. Cuanto más grande era la comunidad, mayores las posibilidades de alcanzar la libertad. Las comunidades residenciales de negros libres también eran refugios seguros para los esclavos fugitivos y espacios fundamentales para la difusión de importante información relativa a la libertad, desde el intercambio de los datos de abogados que podían ayudar en los juicios por la libertad a compartir noticias sobre las acciones de los abolicionistas (…)

La comunidad de personas libres de color de La Habana —y la de Nueva Orleans, que se expandió significativamente bajo el control español a partir de la década de 1760— debía su existencia a concepciones jurídicas y a usos y costumbres del ancien régime. Los esclavos que lograban comprar su libertad o, en casos más excepcionales, que obtenían la manumisión a través de otros mecanismos, se convertían en miembros de sociedades altamente estratificadas en las que los peldaños sociales se definían según diversos ejes asociados al linaje, los ingresos, la religión y la respetabilidad. La libertad de los negros no implicaba igualdad social, sino que se fundaba en principios jurídicos y religiosos tradicionales. En cambio, en Virginia, el aumento en las manumisiones y los juicios por la libertad fue una consecuencia inexorable de los conflictos militares, las tensiones y las expectativas asociadas con la Era de las Revoluciones. En ese estado, la expansión de la manumisión estuvo ligada a cuestiones de ciudadanía y de participación de los negros en el nuevo orden político, bajo condiciones de igualdad. Los negros libres y esclavos infundieron un sentido de urgencia a estas cuestiones, al hacer uso de cada intersticio legal para comprar y reclamar su libertad. Sus acciones produjeron resultados sumamente significativos: a principios del siglo XIX, el porcentaje de personas de color libres en el Estado había aumentado con creces.

Los ciudadanos blancos observaban estas tendencias con horror y solicitaron la prohibición de las manumisiones. Fue, literalmente, una petición reaccionaria: restaurar la ley colonial de la libertad. La ley de 1806 que exigía que los esclavos libertos abandonaran el Estado no logró cumplir con su cometido, pero fue el primer paso hacia un orden racial en el que los negros solo podían ser esclavos. Después de la Rebelión de Nat Turner, se afianzó aún más la voluntad política de los blancos de Virginia de excluir a los negros libres. Los Estados esclavistas del sur de los Estados Unidos respondieron a las amenazas de rebelión y a las demandas de emancipación inmediata de los abolicionistas del norte esgrimiendo una defensa de la esclavitud como un bien positivo: la esclavitud era la mejor condición posible para los “negros abyectos”. Para galvanizar el apoyo de los blancos no esclavistas, y para forjar la solidaridad racial entre los blancos, los Estados del sur definieron la ciudadanía y el derecho al voto en función de la raza. Así surge la paradoja de una democracia igualitaria que va de la mano de la expansión de prácticas e ideologías racistas.

Alejandro de la Fuente es director del Instituto de estudios afro-latinos de la Universidad de Harvard. Ariela J. Gross es codirectora del Centro de Derecho, Historia y Cultura de la Universidad de Carolina del Sur. Este texto es un adelanto de su libro ‘Ser libre, ser negro’, que la editorial Catarata publica el 26 de julio.