“No poder dar estos servicios es un crimen”: dentro de la ONU en la peor crisis de su historia

A pesar de que todo fueron buenas palabras entre los líderes mundiales que asistieron a la Cuarta Conferencia sobre Financiación al Desarrollo de Sevilla, celebrada el pasado mes de julio, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) atraviesa la peor crisis financiera de sus 80 años de historia. Con Estados Unidos retirado y China reteniendo parte de sus pagos, al organismo no le salen las cuentas ni para mantener la ayuda humanitaria ni para seguir con la estructura actual. Mucho ha cambiado el mundo desde el 21 de agosto de 1950, cuando los 450 primeros empleados de la ONU esperaban en la Segunda Avenida de Manhattan a que abrieran las puertas de su icónica sede, la moderna torre diseñada por el brasileño Oscar Niemeyer y el suizo Le Corbusier, paradigmas del optimismo arquitectónico.

La ONU se fundó como el epicentro del multilateralismo. Era el hogar de la promesa de las naciones de trabajar por la paz, la seguridad y la cooperación internacional tras la devastadora Segunda Guerra Mundial. A pesar de las tensiones de la incipiente Guerra Fría, los países miembros concentraron sus esfuerzos en reforzar la ONU. Un año después, en 1951, ya eran 1.700 los empleados en el edificio construido sobre unos terrenos que donó el multimillonario John D. Rockefeller. Fue entonces cuando se terminaron las obras del complejo con la inauguración del imponente salón azul, amarillo y dorado de la Asamblea General, donde cada mes de septiembre se reúnen los líderes mundiales. “No podremos hacer milagros políticos, pero sí dar el mejor servicio al mundo”, declaró durante la inauguración el noruego Trygve Lie, primer secretario general de la ONU. Al abandonar el puesto, reconoció que se trataba del “trabajo más difícil” que cualquier cargo público pudiera asumir. La advertencia resuena ahora ante el reto al que se enfrenta el político portugués António Guterres: evitar la quiebra y la pérdida de relevancia de la organización.

En los años sesenta los despachos del rascacielos ya estaban saturados. La ONU comenzó entonces a construir oficinas en las inmediaciones para incorporar a las organizaciones que se iban sumando al sistema. En la actualidad, son cerca de 30 entidades. Con sedes en Ginebra, Viena y Nairobi, la ONU es hoy un gigante que emplea a cerca de 133.000 personas en 193 países. Esto supone una cifra similar a la plantilla mundial de BMW. Unos 37.000 trabajadores dependen de la Secretaría General de Nueva York, mientras que los 97.000 restantes son militares y policías en misiones de paz, según informes internos.

La ONU cumple 80 años sumida en un plan de recortes acuciantes y bajo un aluvión de críticas por su ineficacia para resolver conflictos como los de Ucrania y Palestina. Sobre todo, por el poder de veto de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (China, Francia, Rusia, Reino Unido y EE UU), que paraliza cualquier solución. “Son tiempos de peligro”, ha reconocido el secretario general. Guterres ha advertido a los trabajadores que esperen “decisiones incómodas y difíciles”. En los pasillos de la organización reina la incertidumbre ante lo que se avecina. Una decena de empleados ha hablado con ICON bajo condición de anonimato porque no están autorizados a hacer comentarios a la prensa. “Los trabajadores somos los primeros que reconocemos que no se puede seguir igual solo porque siempre ha sido así. Estamos abiertos al cambio”, concede una empleada de una de las agencias desde Washington. “Hay un problema estructural porque los países pagan tarde”, lamenta otro desde Nueva York.

“No poder proveer estos servicios es un crimen”, afirma una empleada en Sudán de la UNFPA, que cubre la salud reproductiva de millones de mujeres

Cuando Guterres llegó al mando en 2017, al mismo tiempo que Donald Trump se instalaba en la Casa Blanca por primera vez entre amenazas de recortar la contribución de EE UU, ya se planteó una reforma que no llegó a producirse porque el republicano dio marcha atrás. Su retorno ocho años después, con un tono mucho más agresivo, ha hecho que la reestructuración sea inevitable. El 20 de enero de este año, nada más pisar el Despacho Oval, Trump firmó una orden ejecutiva que imponía una pausa de 90 días a toda la ayuda exterior estadounidense, con escasas excepciones humanitarias. La medida supuso el cese inmediato de la financiación a agencias de la ONU como la UNRWA —encargada de asistir a los refugiados palestinos— y el UNFPA —que protege la infancia y cubre la salud reproductiva y sexual de millones de mujeres—. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional —USAID—, fundada por John F. Kennedy en 1961 como instrumento de poder blando en plena Guerra Fría, entró también en un proceso acelerado de desmantelamiento: en febrero había perdido más del 80% de sus programas y el 94% de su personal, y el 1 de julio cerró definitivamente sus puertas como agencia independiente, pasando a integrarse en el Departamento de Estado.

Con su clausura se evaporaron los cerca de 23.400 millones de dólares anuales que EE.UU. destinaba a cooperación, lo que representaba aproximadamente una cuarta parte de la ayuda humanitaria mundial y financiaba a buena parte del sistema de Naciones Unidas. “Fue como el crac del 29”, relata un trabajador en Nueva York, comparando aquel día con el desplome de Wall Street que dio paso a la Gran Depresión. “El mayor problema es que no hay forma de sustituir el dinero que deja de aportar Estados Unidos”, añade un funcionario de la organización. “Es profundamente frustrante, porque si Washington se retira, el sistema multilateral se tambalea. Y eso es lo que está pasando: se alimenta la oposición al multilateralismo en todo el mundo”.

La ONU podría quedarse sin dinero para pagar los gatos y los sueldos a partir de octubre

En mayo, la Casa Blanca presentó su propuesta de presupuesto para 2026, en la que planteaba un recorte de más del 80% en la cooperación internacional —de 58.700 a 9.600 millones de dólares—, poniendo en jaque el conjunto de sus contribuciones a la ONU. Aunque el plan aún debe pasar por el Congreso, el anuncio ya ha provocado un efecto dominó: otros donantes como Alemania, Reino Unido y Francia han empezado a reducir también sus presupuestos de ayuda exterior.

Paradójicamente, el agujero de financiación global, que según un estudio de The Lancet podría derivar en hasta 14 millones de muertes adicionales de aquí a 2030 si se mantiene, fue precisamente el que trataron de cubrir los delegados de 150 países reunidos en Sevilla en julio. Allí, mientras los líderes firmaban el llamado Compromiso de Sevilla —que aportará apenas 315 millones de euros al sistema sanitario mundial entre 2025 y 2027—, en Washington se bajaba la persiana de la sede central de USAID. “Esta era de ineficacia ha llegado oficialmente a su fin”, proclamó el secretario de Estado, Marco Rubio. A partir de ahora, su departamento asumirá la gestión de la ayuda exterior, que deberá estar “alineada con los intereses nacionales de EE UU” y con la agenda política del gobierno.

El Project 2025 Tracker.

Los dos grandes deudores de la ONU son EE UU y China, que retienen el dinero según sus propios intereses políticos. Juntos, representan más del 40% del presupuesto total

Las consecuencias más graves se han empezado a notar sobre el terreno. “Han echado a perder el trabajo de años”, comenta desde Sudán una trabajadora de UNFPA, la agencia para la salud sexual y reproductiva. “No ser capaces de proveer estos servicios es un crimen añadido al crimen general”. El país africano es uno de los ejemplos más trágicos. Desde abril de 2023, vive un conflicto interno que ha provocado más de 13 millones de desplazados y ha desencadenado una de las peores crisis humanitarias actuales. La agencia de la ONU ha tenido que cerrar casi la mitad de las 335 clínicas móviles y los centros de salud que daban servicio a la población. Un centenar de empleados han sido despedidos. Ahora se trata de subsistir con la ayuda de otros países y de donantes privados.

Para visualizar cómo va a gestionar Washington la ayuda internacional en el futuro solo hay que mirar a la situación de hambruna que sufre la Franja de Gaza. EEUU ha dejado de pagar los 154 millones de dólares que aportaba a la UNRWA, entre acusaciones de corrupción y de colaboración con Hamás. Se ha salido del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y del Programa Mundial de Alimentos. Y ha adjudicado la distribución de comida a un organismo creado en colaboración con Israel, la llamada Fundación Humanitaria para Gaza, dirigida por exoficiales de inteligencia y veteranos del ejército. Según The Guardian, apoyado en informes de la ONU, al menos 1.373 palestinos han sido asesinados entre el 27 de mayo y el 9 de agosto mientras buscaban alimentos, de los cuales 859 murieron en las inmediaciones de los centros de la GHF y 514 a lo largo de las rutas de los convoyes de comida. “En el momento en el que la UNRWA fue eliminada, todo se detuvo. Eso es muy revelador porque significa que era eficaz”, señala un trabajador de una de las agencias de la ONU.

Si el desmantelamiento de la ayuda exterior es ya imparable, en los próximos meses se verá cuánto piensa la Administración Trump recortar de la contribución obligatoria a las Naciones Unidas. Sobre esta incertidumbre, y la esperada reacción de China, planea la gran reforma estructural impulsada por Guterres bajo el nombre de Iniciativa ONU80. El plan contempla recortar el presupuesto en un 20% y eliminar unos 6.900 empleos. El tijeretazo entrará en vigor el 1 de enero de 2026. Pero antes, tendrá que hacer muchos números y muchas negociaciones. “La gente está asustada porque no saben cómo les van a afectar las medidas”, reconoce una empleada veterana de la Secretaría ante el proceso de auditoría interna que se está llevando a cabo. Los trabajadores nuevos admiten que “desilusiona” ver cómo está la ONU cuando se conoce desde dentro. “Todo el mundo entiende que es necesario que haya una transformación, un proyecto consensuado entre los países miembros, la cuestión es saber a dónde va a ir el dinero de la redistribución”, señala un empleado que se incorporó a una de las agencias en febrero de 2024 con un contrato temporal y que se teme que a partir de ahora las renovaciones sean aún más cortas. “No lo sabré hasta finales de año. Pero no tengo ninguna crítica, la dirección lo está haciendo lo mejor posible y es lo que hay”, añade resignado.

La crisis de liquidez que arrastra la ONU se debe a las continuas demoras e impagos por parte de algunos miembros en el abono de las cuotas obligatorias en función de su PIB para financiar sus actividades. A 2 de junio de 2025, 111 del total de los 193 estados miembros habían pagado sus cuotas al presupuesto ordinario, entre ellos España, que depositó 64,8 millones de euros el pasado 30 de enero, según la documentación interna. “El problema es que nadie está obligado a pagar”, apuntan.

Se contempla la fusión de la veintena de agencias y fondos filiales de la ONU en cuatro grandes departamentos: Paz y Seguridad, Asuntos Humanitarios, Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos

Los dos grandes deudores son EE UU y China, que retienen el dinero según sus propios intereses políticos. Juntos, representan más del 40% del presupuesto total. Washington es el principal donante: tiene 2.234 millones de dólares comprometidos para este año. Pero también es el principal deudor con 1.100 millones de retrasos e impagos en el presupuesto ordinario. Pekín aporta menos de la mitad que su competidor, unos 1.000 millones de dólares. La cifra de la deuda china se desconoce. Solo estas dos potencias mundiales pueden salvar a la institución del colapso financiero. “No van a pagar hasta que conozcan la reforma”, comentan fuentes internas que se muestran optimistas con que todo se limite a amenazas teatrales de Trump. “Perderían influencia política en un escenario muy importante”, añaden. La Asamblea General aprobó en 2024 un presupuesto para 2025 de 3.720 millones de dólares para los gastos generales de gestión y 5.590 millones para las operaciones de mantenimiento de la paz. Pero arrastra desde hace años un déficit de cerca de 5.100 millones de dólares (2.400 millones de dólares del funcionamiento ordinario y 2.700 millones de dólares destinados al personal en situaciones de conflicto). Fuentes internas aseguran que la ONU podría quedarse sin dinero para pagar los gastos y los sueldos de los empleados a partir de octubre.

La única salvación será que los países aprueben un acuerdo financiero en la Asamblea General de este mes septiembre, donde se pondrá encima de la mesa el plan de recortes que presente el secretario general. Para gestionar la Iniciativa ONU80 de la manera más pacífica y equitativa posible, Guterres ha dado la oportunidad a los distintos departamentos y agencias de presentar sus propios planes para recortar el 20% de sus presupuestos. Cada uno entregó sus propuestas el pasado 13 de junio. “Estamos trabajando más que nunca para preservar lo que podamos. No podemos darnos el lujo de decir que nos vamos a rendir”, comentan desde dentro.

Entre las propuestas hay de todo: jubilaciones anticipadas, bajas voluntarias o el fin de ciertos privilegios como el pago del alquiler, de la universidad o el colegio de los hijos, o el llamado home leave, que cubre los gastos de viajar al país de origen cada dos años. “Se espera que tenga un impacto mínimo en los trabajadores actuales”, dicen los empleados esperanzados. Otros, como Tom Fletcher, secretario de Asuntos Humanitarios, consideran que los recortes obligan a “una matemática cruel de hacer menos con menos mientras el mundo arde a nuestro alrededor”. La Secretaría General tendrá ahora que analizar todas las sugerencias y presentar un plan que pueda ser revisado por los países, votado en la Asamblea General que empieza el 9 de septiembre y culmina a final de mes, y hacerlo efectivo el 1 de enero de 2026.

Se contempla la fusión de la veintena de agencias y fondos filiales de la ONU en cuatro grandes departamentos: Paz y Seguridad, Asuntos Humanitarios, Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos. Un ejemplo que se plantea es unir en una sola entidad el Programa Mundial de Alimentos, UNICEF, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la agencia de refugiados (ACNUR). Otra posibilidad es la reubicación de algunas oficinas desde las sedes más caras de Nueva York y Ginebra hacia otras más baratas como Nairobi o incluso Valencia, donde la ONU tiene una oficina dedicada a las comunicaciones. “Hay peleas entre los países por ofrecer nuevas ubicaciones”, explican. De esta posibilidad surge el anuncio realizado por Pedro Sánchez en Sevilla para la creación en Madrid de la Casa de Naciones Unidas, con el objetivo de acoger a los equipos de las agencias desplazadas. Hay países, como Noruega y Reino Unido, que consideran que la única solución es que los estados cumplan con los pagos. Pero el continuismo en este caso es una amenaza existencial para la ONU. Solo EE UU y China tienen la capacidad de evitar que la sede, que abrió sus puertas como un ministerio global para la paz, acabe convertida en uno más de los miles de edificios de apartamentos de lujo de Manhattan.