Arantxa Sánchez Vicario, condenada a dos años de prisión por ocultar bienes

Arantxa Sánchez Vicario ha salido más o menos airosa del juicio que afrontó el pasado septiembre por ocultar bienes para evitar el pago de una deuda millonaria con el Banco de Luxemburgo. Este miércoles 17 de enero, el juzgado...

Arantxa Sánchez Vicario ha salido más o menos airosa del juicio que afrontó el pasado septiembre por ocultar bienes para evitar el pago de una deuda millonaria con el Banco de Luxemburgo. Este miércoles 17 de enero, el juzgado de lo penal número 25 de Barcelona ha condenado a la extenista, que reconoció los hechos, a dos años de cárcel por un delito de alzamiento de bienes, una pena que no cumplirá porque la sentencia la ha dejado en suspenso. En el juicio, la campeona de Roland Garros culpó de la operación a su exmarido, Josep Santacana, con el que mantiene un largo litigio también en Estados Unidos. La jueza concluye que el empresario, que defendió su inocencia hasta el final, lideró las maniobras para evitar el pago de la deuda. Su pena, por el mismo delito, es superior: tres años y tres meses de cárcel. Ambos deberán indemnizar a la entidad bancaria con el pago de 6,6 millones de euros, correspondientes a la deuda impagada más los intereses.

La sentencia no es firme y puede recurrirse; dado que las penas no son demasiado elevadas, es altamente improbable que la Fiscalía se plantee solicitar el ingreso en prisión de Santacana a la espera de que haya una resolución definitiva. La resolución, de hecho, suspende durante dos años la ejecución de la pena impuesta a Arantxa Sánchez Vicario (pero no a Santacana), lo que significa que no tendrá que ingresar en la cárcel con la condición de que, en los próximos dos años, no cometa otro delito. Además de la expareja, han sido condenadas (a penas de un año y tres meses de cárcel) otras tres personas, que actuaron como testaferros en la operación para desprenderse del capital.

La sentencia considera “totalmente acreditado” que la extenista “disponía y dispuso en todo momento de patrimonio suficiente para hacer frente a la deuda” reclamada por el Banco de Luxemburgo. La entonces pareja, sin embargo, llevó a cabo “acciones de venta” del patrimonio inmobiliario de la jugadora para no pagar. La jueza fija una condena más baja para ella porque “ha asumido su responsabilidad respecto de los hechos”. La rebaja de la pena se asienta sobre dos circunstancias atenuantes: confesión y reparación del daño, ya que a lo largo del proceso penal ha puesto sus ingresos a disposición del juzgado para afrontar el pago de la deuda.

“Pleno conocimiento” de la extenista

En el juicio, Arantxa asumió su culpa, pero culpó a su marido y aseguró que fue él quien le convenció de no pagar al Banco de Luxemburgo. La jueza da plena credibilidad, en ese sentido, a su versión. A partir de 2009, un año después de contraer matrimonio, el empresario “gestionó el patrimonio de su mujer” y fue la persona que “ideó y llevó a cabo las operaciones de despatrimonialización”. Para el juzgado, es “absolutamente creíble” que Arantxa “no tuviera conocimiento alguno de gestión patrimonial, ni probablemente interés, y que siempre hubiera cedido a terceras personas la gestión de su patrimonio”. Recuerda, por ejemplo, que Santacana había trabajado en el sector inmobiliario, por lo que tenía “conocimientos” en esa materia. Pero ella no puede ser absuelta porque, aparte de haber reconocido los hechos, “tenía pleno conocimiento de lo que se hacía con su patrimonio y estuvo disfrutando del mismo”.

La Fiscalía pedía inicialmente cuatro años de cárcel por un delito de alzamiento de bienes tanto para Sánchez Vicario como para Santacana, en una causa judicial que está estrechamente relacionada con los problemas de la extenista con Hacienda. En 2009, el Tribunal Supremo la condenó a pagar una multa de 5,2 millones por fraude fiscal. La Agencia Tributaria logró cobrar esa suma gracias a un aval del Banco de Sabadell que, a su vez, recuperó el dinero mediante un contraaval suscrito con el Banco de Luxemburgo, donde se había depositado buena parte de la fortuna acumulada durante su carrera deportiva. Esta última entidad reclamó en numerosas ocasiones el dinero a la jugadora, pero al parecer el patrimonio se había volatilizado. Decidió entonces acudir a los tribunales.

La tesis de la Fiscalía (aceptada por Arantxa) es que la pareja se desprendió de activos (especialmente inmobiliarios) para evitar el pago de la deuda. La jugadora poseía entonces una quincena de inmuebles, incluidas viviendas de lujo en Barcelona, la Costa Brava o el Pirineo catalán. Bajo las “consignas” de Santacana y mediante testaferros, la pareja vendió esas propiedades y traspasó las ganancias a sociedades en Estados Unidos gestionadas por el empresario.

Dos años antes del juicio, con la instrucción del caso ya finalizada, la tres veces campeona de Roland Garros dio un giro radical a su estrategia de defensa. Con el objetivo de lograr una rebaja de la pena, asumió su parte de culpa: admitió que ocultó bienes, pero dijo que lo hizo siguiendo instrucciones claras y precisas de su expareja, de la que se presentó como una “víctima”. Fue el inicio de una estrategia que culminó en el juicio, cuando atacó frontalmente a Santacana: “Yo quería pagar, pero él me dijo que no. Que mejor que pagarle al banco era que tuviéramos nosotros el dinero. Me fie de él. Me arrepiento”.

Su estrategia pasaba por lograr una rebaja de la pena, como ha ocurrido, por arrepentimiento y reparación del daño. Arantxa aseguró, en una entrevista a este diario, que vive de dar clases particulares de tenis en Miami (EE UU), donde reside con sus dos hijos, y que la mitad de todo lo que ingresa va a las arcas del Banco de Luxemburgo. Desde que comenzó el proceso penal, ha entregado 1,9 millones y está dispuesta a saldar la totalidad de la deuda. El planteamiento dio buenos resultados ya en el juicio: en la última sesión, la Fiscalía rebajó a dos años la petición de cárcel para la jugadora, mientras que mantuvo en cuatro la de Santacana. El empresario, por su parte, se mantuvo firme en defender su inocencia y cargó contra la extenista y su familia. Según su versión, ella dispone aún de dinero, sociedades e inmuebles ocultos.