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Industrialización para paliar el coste de la vivienda

El Gobierno vasco se apresta a fijar a partir de 2026 exigencias de niveles de prefabricación en las promociones de vivienda pública para bajar los precios y elevar la oferta

Todavía está en una fase incipiente, pero el sector de la construcción se ha embarcado en un nuevo rumbo que va a cambiar el modo en el que se levantan las viviendas. Es la construcción industrializada: conseguir que la mayor cantidad posible de trabajo se haga en fábricas, en plantas industriales, en vez de a pie de obra. “Va mucho más allá de lo que antes llamábamos casas prefabricadas”, aclara Marta Epelde, directora general de Build:Inn, el clúster vasco de la construcción; “se trata no solo de ensamblar elementos sin más, sino de que todo el proceso en la fábrica tenga un espíritu industrializado, con procesos optimizados”. “Ya tenemos los primeros fabricantes en hacer componentes o en levantar edificios con componentes industrializados”, explica. Fachadas, forjados, cubiertas, baños y otros elementos de la vivienda se elaboran bajo techo y después se llevan a los solares para montarlos.

El Gobierno vasco ha visto en este nuevo modo de construcción, no solo una modernización esencial en el sector, sino la vía para acelerar la promoción de pisos públicos en plena emergencia habitacional. La demanda de vivienda protegida sigue batiendo récords y ha superado las 100.000 solicitudes. “La industrialización puede ayudar a intensificar y agilizar el suministro de vivienda, sobre todo de nueva planta”, comenta Pablo García Astrain, director de Vivienda del Gobierno vasco. Una de las virtudes de este cambio es que permite acelerar los plazos de edificación. “Se puede construir más rápido, incluso se suele hablar de una optimización de plazos del 60%”, dice Marta Epelde, pero matiza que la reducción de plazos será determinante cuando este tipo de construcción se haya asentado y las cadenas de suministro y logística estén bien engrasadas. Para García Astrain, la transición hacia una construcción industrializada es “una curva que tenemos que tomar en la evolución del sector, en la que no nos podemos quedar atrás ni hay que pisar el acelerador demasiado”, advierte.

En todo caso, el departamento de Vivienda del Gobierno vasco ha tomado la decisión de ejercer de motor de la vivienda industrializada. El Pacto Social por la Vivienda fija como objetivo que en 2036 al menos el 65% de las promociones protegidas tengan un grado de industrialización superior al 50%. El Ejecutivo está impulsando además un hub de industrialización de la obra habitacional y ha anunciado un certificado oficial para 2026. “En breve, vamos a empezar a fijar exigencias de niveles de industrialización en las promociones, para espolear que se incorporen sistemas industrializados a la construcción habitual de vivienda protegida”, avanza García Astrain. Esos requisitos se incluirán en los pliegos de los concursos públicos a partir del año que viene y no se descarta hacerlo también en las promociones de alquiler asequible de iniciativa privada que está impulsando el departamento de Vivienda. Todo esto en pleno PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) de Vivienda Industrializada, impulsado por el Gobierno central durante los próximos 10 años, con una dotación de 1.300 millones de euros.

Proyectos piloto

El Gobierno vasco ha lanzado varios proyectos piloto, uno de los más destacados en Sopela, con la construcción de 33 pisos de protección oficial en régimen de alquiler y con un grado de industrialización del 90%, el mayor alcanzado hasta ahora en promociones públicas. En esta en concreto se han utilizado unos módulos tridimensionales con estructura de acero producidos en una fábrica y que llegan prácticamente terminados al solar. El proyecto —a falta de los últimos remates antes de la entrega— ha estado liderado por la empresa Viuda de Sainz, una de las grandes empresas constructoras vascas, que ha apostado por la industrialización del sector a través de firmas como Enerblock, integrada en el grupo. “¿Esto que estamos desarrollando e innovando funcionará? ¿Va a dar respuesta al código técnico de edificación? ¿Va a ser viable económicamente? Esto es lo que hemos hecho en los últimos tres años y ahora sabemos que la respuesta a todas estas preguntas es sí”, señala Luis Fernández, director general de Enerblock.

Esta empresa puede hacer en fábrica desde fachadas que se anclan a un edificio tradicional hasta los propios forjados y muros, e incluso un edificio íntegro con sus instalaciones de electricidad, cocinas o baños. “Enerblock es rentable, pero haría falta más volumen de demanda”, reconoce Fernández, quien además es vicepresidente de la Asociación Española de Construcción Industrializada (AECI). “El sector está ahora en un momento de eclosión, pero el mercado no está maduro todavía”. Falta la demanda suficiente para poder escalar a fábricas más potentes y generalizar el uso de este tipo de sistemas constructivos. AECI trabaja para que se apruebe una normalización de los procesos industriales y para solventar los obstáculos de financiación por parte de los bancos, acostumbrados a trabajar con certificaciones a pie de obra. El camino en todo caso es de no retorno. “Cualquier componente, cualquier producto, cualquier sistema que sea diseñado digitalmente y fabricado en entornos fabriles tiene mucha más calidad que cualquiera que se genera por artesanos u operarios en una obra”, defiende Fernández. Con el sistema industrializado “tienes una certidumbre absoluta entre el edificio que diseñas y el edificio que consigues”, apuntilla.

La industrialización puede ser además una salida al grave problema de escasez de mano de obra al que se enfrenta el sector. Según la Confederación Nacional de la Construcción, en los próximos años será necesario incorporar 700.000 trabajadores en España, teniendo en cuenta, además, que el 65% de los albañiles tiene más de 45 años. “Ante esta realidad, resulta apremiante la transformación de las condiciones laborales del sector para ofrecer un entorno más atractivo e inclusivo que sostenga la capacidad productiva necesaria para satisfacer las necesidades de la sociedad”, advierte el Libro blanco de la vivienda social industrializada, elaborado por Visesa. Y ese entorno puede ser una fábrica, en vez de una obra a la intemperie. Txema Herrero, responsable del sector de la construcción de Comisiones Obreras (CCOO), explica que con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria en 2008 el sector expulsó a la mitad de sus trabajadores en Euskadi; miles de albañiles, encofradores, yesistas o montadores de pladur. “Cuando el sector de la construcción empezó a repuntar en 2014, toda esa gente no quiso volver a la construcción, prefería la industria, la hostelería, el comercio o el transporte”, recuerda. Había dos factores que les echaban para atrás: la temporalidad y la subcontratación. “Y la generación Z, que podría venir al sector, son nativos digitales, justo lo contrario a un sector manual y muy físico con inclemencias, frío, agua, nieve, sol. Y además una gran demanda de la juventud es la conciliación”, reconoce.

A la espera de que el mercado de la vivienda industrializada madure, las empresas tradicionales empiezan poco a poco a lanzarse a este nuevo escenario. Es el caso del Grupo Jorge Fernández, Fojansa e Ixar, tres empresas con amplia experiencia en construcción tradicional que han creado Indushouse, una firma dedicada a la fabricación de baños industrializados, entre otros componentes. “El entorno industrial ofrece procesos mecanizados, posibilidad de mejora continua, horarios estables, baja siniestralidad, tiempos controlados y la opción de incorporar mano de obra joven y diversa. Todo ello hace que el sistema industrializado sea claramente rentable y necesario”, argumenta Enrique Nieto, director general de la empresa. A estas nuevas apuestas se suman proyectos con décadas de trayectoria a sus espaldas como Egoin, una empresa de 36 años de historia especializada en soluciones industrializadas en madera, que en 2007 dio un salto al convertirse en el primer productor del sur de Europa de madera contralaminada (CLT), una tecnología que permite desarrollar proyectos en altura similares al hormigón o el acero. “En los últimos cinco años, este tipo de obras que hemos ido haciendo con CLT han escalado de las zonas más rurales a las ciudades, construyendo edificios más importantes en altura, tanto dotacionales como residenciales”, detalla Unai Gorroño, director comercial y marketing en Egoin. Egoin tiene una cartera activa de 1.300 viviendas en diseño y ejecución.

Una ley que agiliza la burocracia y desbloquea el suelo

Con la industrialización de la vivienda, el Gobierno vasco pretende acelerar la construcción de pisos en Euskadi, pero hay otros muchos factores que demoran los plazos y que el Ejecutivo quiere combatir con la Ley de Medidas Urgentes que se está tramitando en el Parlamento vasco y que está previsto que se apruebe en diciembre. Esta nueva normativa pretende agilizar la burocracia para construir más rápido y desbloquear suelo para miles de nuevos hogares. Su tramitación en la cámara ha desencadenado un amplio debate sobre cómo combatir la crisis habitacional en Euskadi.

Una de las medidas más polémicas es la potestad que se da a los ayuntamientos para rebajar del 75% al 60% la reserva de vivienda de protección pública en suelos urbanizables para facilitar su viabilidad. “No se desarrollan suelos urbanizables en Euskadi porque no es viable económicamente en la mayor parte de los sitios”, señaló Iñaki Urresti, secretario general de la Asociación de Constructores y Promotores Inmobiliarios de Bizkaia durante el debate en la comisión de Vivienda del Parlamento. “Ahora mismo, con el 75%, cuando no se hace, no se obtiene nada, ni protección oficial ni vivienda libre”, incidía Luis Alba, representante de los constructores alaveses. Sin embargo, Unai Fernández de Betoño, arquitecto y doctor en Urbanismo de la Universidad del País Vasco (EHU, siglas en euskera), criticó que se tome esta decisión “justo cuando los precios de la vivienda están más altos, justo en el momento en el que los constructores van a ganar más dinero”. Fernández de Betoño denunció que los promotores retienen suelos a su conveniencia: “Aquí no se habla del gran elefante que hay en la habitación, la especulación”.

Sobre las medidas para agilizar las tramitaciones, el abogado urbanista Antón Pérez-Sasia advirtió de que el “exceso de burocratización es una evidencia”, lo que desemboca en ayuntamientos “absolutamente paralizados”. Para el director de Planificación Territorial del Gobierno vasco, Miguel Ángel Gargallo —con décadas de experiencia en el urbanismo municipal—, el problema no es la falta de suelo, ya que hay suelo calificado para 168.000 viviendas en Euskadi, 74.500 de ellas de protección pública: “El suelo lo tenemos; lo que no lo tenemos es urbanizado”. Los trámites que antes podían tardar dos o tres años, ahora se demoran entre cuatro y ocho años, explicó Gargallo. Esther Apraiz, la presidenta de la Asociación de Municipios Vascos (EUDEL), reconoció que los plazos urbanísticos actuales no ayudan. Pero el sindicato ELA mostró su temor a que pudieran reducirse los controles en materia de medio ambiente. El representante de Comisiones Obreras, Oskar Arenas, consideró adecuada la intención de aligerar los trámites pero matizó: “No es lo mismo excesiva burocratización que rebaja de estándares normativos, y aquí es donde nos entra la duda con respecto a alguna de las cosas que se sitúan en el texto”.

Por su parte, Stop Desahucios denunció que la ley exige un título válido de domicilio para poder percibir la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Según esta organización, el Gobierno vasco hace “una interpretación restrictiva del concepto de domicilio”, que afecta a los más vulnerables y que “ignora realidades como los contratos de alquiler verbales” y que, con el argumento de luchar contra el fraude, termina perjudicando a las familias más necesitadas. “Son muchas veces los propios propietarios los que no están interesados en que los contratos se declaren, que de eso hay mucho; es una práctica muy extendida”, denunció Salvador González, de Stop Desahucios.

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