Suspenso general en atención a la salud mental
Se multiplican los protocolos y las guías de actuación para el profesorado, pero el sistema falla al derivar casos de alumnos que precisan seguimiento
La preocupación por la salud mental lleva años permeando múltiples ámbitos de la sociedad, y las aulas no iban a ser menos. Especialmente si se tiene en cuenta que, según los datos, la salud mental de los menores no deja de empeorar. Casi la mitad de los jóvenes (48,9%) reconoce haber tenido ideaciones suicidas en algún momento de 2023, según el estudio Salud mental y desigualdad de jóvenes en España, de Fad Juventud. Además, casi el 60% ha experimentado problemas psicológicos en el último año y un 17,4% los sufren con frecuencia, una cifra que se ha triplicado desde 2017.
Los expertos consultados aseguran que, aunque los datos son preocupantes, ahora se diagnostica más y, especialmente los más jóvenes, tienen menos prejuicios a la hora de reconocer un problema de salud mental. Así lo demuestran también los resultados recogidos en el mismo informe citando la Base de Datos Clínicos de Atención Primaria del Ministerio de Sanidad, que señalan que la tasa de problemas psicológicos por cada 100.000 habitantes ha aumentado un 709% para el grupo de menores de 15 años.
“Esto hace 40 años era impensable. Había una sociedad muchísimo más prejuiciosa y estigmatizante, lo que dificultaba mucho el que la persona que tuviese problemas pudiese acceder a la atención especializada. Ahora está muchísimo más normalizado”, apunta Andoni Anseán, presidente de la Fundación Española para la Prevención del Suicidio, y director de dos másteres sobre salud mental en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla).
Anseán reconoce que las cosas han cambiado mucho y hace alusión a los protocolos educativos que se han ido implantando en los centros. En Madrid, la Unidad de convivencia y contra el acoso escolar recoge 11 protocolos con sus correspondientes guías de actuación: adicciones con o sin sustancias, grupos juveniles violentos, violencia (maltrato), violencia de género, agresión sexual, comportamiento suicida, autolesiones, acoso escolar, salud mental en centros educativos ordinarios y en centros de educación especial.
Acompañamiento vital
“Estos protocolos sirven para, una vez detectada una situación de riesgo, comunicarla a todos los agentes: profesores, familia, psicólogos, psiquiatras, servicios sociales. La intervención que hacemos en los institutos es de seguimiento, acompañamiento y coordinación con los especialistas”, explica María Rosa Rocha, presidenta de la Asociación de Directores de Institutos Públicos de Madrid (ADIMAD).
El desajuste, señalan los docentes, viene tras dar la voz de alarma. “Los protocolos funcionan, pero no ayudan a resolver la situación de los alumnos. Para eso se necesita una intervención mejor y más continuada en el tiempo, de los especialistas, psicólogos y psiquiatras”, sentencia Rocha. Uno de los ejemplos más evidentes es el del protocolo por comportamiento suicida. “La mayoría de las comunidades autónomas tienen un periodo de respuesta supercorto, en el caso de menores, de incluso tres días para poder acceder a la consulta de salud mental especializada. El problema no es la primera consulta, el problema son las siguientes”, expone Anseán, quien se lamenta de que el sistema sanitario no esté respondiendo, especialmente en casos tan graves. “Sabemos que para que un tratamiento psicológico funcione como mínimo tiene que ser una vez por semana”, subraya Benjamín Ballesteros, director técnico de Fundación ANAR.
“Nosotros detectamos que tan solo el 44% de los chicos y chicas que habían presentado conducta suicida tenía tratamiento psicológico”, apunta Ballesteros. Según sus datos, hasta 2022 la mayoría de llamadas que recibían en su línea de ayuda estaban relacionadas con problemas de violencia; sin embargo, como explica Ballesteros, a partir de ese momento la salud mental pasó a ser la primera consulta entre los menores: “Entre ellos destacan especialmente las ideas e intentos de suicidio que se sitúan, cuando son los propios menores los que hablan con nosotros, en un 20,1%”, advierte el experto.
Coordinadores de bienestar
Con la aprobación de la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) en 2021 se hizo obligatoria la figura del coordinador de bienestar y protección en los centros escolares, cuyos requisitos y funciones quedan en manos de las diferentes regiones autonómicas. Según el estudio La nueva figura del coordinador de bienestar y protección en los centros educativos: análisis comparado del desarrollo normativo en las diferentes comunidades autónomas, esta nueva plaza ha recaído, en algunas de ellas, en el cargo —ya existente— de responsable de convivencia; en otras sustituyen uno por otro, y en tercera opción se opta por una persona del claustro o del equipo directivo. Aunque lo más llamativo es que, según este informe, solo Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, La Rioja y Asturias detallan alguna dotación horaria específica, y únicamente Canarias, Cataluña y Galicia contemplan un complemento económico por su desempeño.
“Es prácticamente un brindis al sol”, explica Ana Cobos, presidenta de la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España (COPOE), quien critica que una figura tan importante no tenga ni reducción horaria para poder dedicarse a ello, ni reconocimiento económico. “Deja en manos del profesorado al que se le asigne que se implique más o menos; ni se le ha pedido un requisito de formación cuando las funciones son claramente relacionadas con la psicopedagogía”, se queja Cobos. En muchos centros son los orientadores los que están tomando estas funciones a pesar de que el colectivo lleva años insistiendo en que sus ratios triplican las recomendaciones de la Unesco.
Desde los departamentos de orientación, a los que pertenece o con los que se compenetra este coordinador de bienestar, se resignan a convertirse muchas veces en psicólogos de sus alumnos. “Esta problemática sobrepasa lo que son los centros educativos. No podemos pedirles más responsabilidad de la que ya tienen”, expone Alonso Gutiérrez, secretario de Política Educativa de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (FECCOO).
Si necesita ayuda, puede llamar al 024; al teléfono de la Esperanza (717 003 717) o escribir por WhatsApp al 666 640 665. También ofrece asistencia la Fundación ANAR (900 20 20 10).