En una sola semana, la que transcurrió del 19 al 25 de junio de 2017, el Gobierno chino identificó como "sospechosas" de extremismo a 24.412 personas de su minoría musulmana. 706 acabaron en la cárcel. Otras 15.683 recalaron en lo que Pekín denomina eufemísticamente “centros de educación ideológica y entrenamiento profesional”. En estos campos de internamiento, un agujero negro de la represión del régimen chino contra la etnia uigur, los reclusos entran sin juicio previo y permanecen al menos un año, hasta que culmina su “transformación ideológica”.
Se trata de operaciones masivas, vigentes en la actualidad, que se desarrollan bajo el más estricto secreto gracias a un macrosistema de vigilancia y procesamiento de datos personales. Los detalles, incluidos en una serie de documentos confidenciales intercambiados entre altos funcionarios de la administración del Partido Comunista de China (PCC), orientan sobre la magnitud de la represión a la que la segunda potencia mundial somete a esta población musulmana residente en Xinjiang, una región en la franja noroeste del país.
Alrededor de 11 millones de uigures residen en la zona, de vital importancia en la nueva ruta de la seda diseñada por Pekín. Es la etnia predominante en la frontera oeste del gigante asiático; en el resto del país, la mayoría de ciudadanos chinos, así como los cuadros de poder del régimen comunista, pertenecen a la etnia han. A unos y otros les separan geografía, cultura, rasgos y, sobre todo, religión. El traslado forzoso de miles de ciudadanos han a la región derivó en una pérdida de peso de los uigures, hoy menos de la mitad de la población, y en una escalada violenta entre etnias en 2009. Perdieron la vida alrededor de 200 personas. Como apunta Nicolás de Pedro, jefe de investigación en el Institute for Statecraft de Londres, “la llegada de los han generó una tensión que se escenificaba hasta en lo más básico: se tiraron casas uigures para hacer hueco a los edificios chinos de varias plantas. Y se les pintaba como grupo de fanáticos terroristas, insistiendo en la diferencia religiosa”.
Los documentos secretos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en sus siglas en inglés) y compartidos con 17 medios —entre ellos The New York Times, Le Monde y EL PAÍS, única publicación en español— permiten recrear, a través de las directrices de los altos cargos que administran la región, los métodos que ha puesto en marcha el Gobierno de Xi Jinping para encerrar a alrededor de un millón de uigures en centros de reclusión, según cifras avaladas por la ONU ante el secretismo del discurso oficial. [Lea las nueve claves para entender la investigación]
Los archivos documentan también condenas sin pruebas y caza a los exiliados a través de su red de embajadas. Esta represión, sistemática, organizada y masiva, se sirve de una plataforma digital que agrega innumerables datos a partir de técnicas que van desde el uso de aplicaciones móviles hasta el reconocimiento facial a través de cámaras. Actúa como un sistema de sistemas de vigilancia y seguimiento para identificar a “sospechosos”. El Gobierno de Pekín, consultado para esta investigación, niega la represión. Asegura que las protestas separatistas en Xinjiang —hoy fuertemente contenidas— han convertido a la región en “un campo de batalla clave contra el terrorismo y el extremismo religioso”.
Entre los archivos obtenidos por el ICIJ, datados en 2017 —año en el que el régimen de Xi Jinping recrudeció su ofensiva contra los uigures—, destaca un telegrama confidencial firmado por Zhu Hailun, entonces máximo responsable de seguridad en Xinjiang y número dos político en la región. Dirigido a todas las prefecturas locales, da indicaciones directas sobre cómo gestionar estos centros que denominan de "educación ideológica" y "entrenamiento". Detalles como el doble cierre de las puertas de los dormitorios de los llamados “estudiantes” o la existencia de un sistema de videovigilancia sin ángulos muertos ilustran bien la severidad de los protocolos. Los internos permanecen en el centro hasta alcanzar las puntuaciones requeridas en los frecuentes exámenes y completar su “desradicalización”, en la jerga oficial.
Zhu Hailun, el firmante de los documentos, es un hombre clave del partido en Xinjiang. Los expertos lo consideran ejecutor de las directrices de Chen Quanguo, secretario del PCC y máximo dirigente político en la región. Chen se hizo con las riendas de la región en agosto de 2016, tras la campaña de represión lanzada precisamente contra los separatistas en Tíbet (su labor ha sido recompensada con un sitio en el Politburó del partido). La campaña de mano dura que caracteriza el mandato de Xi Jinping se asienta en la estrategia de “seguridad nacional” con la que se ha reforzado la lucha contra la disidencia, la prensa, las protestas en Hong Kong o se trata de acallar los brotes de separatismo. Europa ha ido adquiriendo cada vez mayor conciencia de estos excesos. El último ejemplo ha sido la concesión del premio Sajarov al catedrático de Economía Ilham Tohti, una de las víctimas de esta escalada represiva. La Eurocámara le otorgó el galardón, que reconoce la libertad de conciencia, el pasado mes de octubre.
La filtración al ICIJ consta, además, de cuatro boletines de junio de 2017 clasificados como secretos dirigidos a los responsables del PCC en las Comisiones de Asuntos Políticos y Legales, máximos organismos responsables de cumplir la legislación a nivel local. Una nota al margen detalla que hay que entregarlos “con la máxima celeridad” para “organizar las operaciones”. A lo largo de varias páginas, detallan cómo aprovechar la denominada Plataforma Integrada de Operación Conjunta, un sistema de recopilación de datos que se utiliza, como demuestran por primera vez estos documentos, para identificar a sospechosos e internarlos en los campos al menos desde comienzos de 2017.
Una brevísima sentencia judicial completa los materiales filtrados. El texto atestigua la debilidad de un presunto proceso judicial que confina a un ciudadano uigur a un largo periodo de encarcelamiento a partir de cargos sin pruebas que los sustenten. Su delito fue haber arengado a sus colegas de trabajo —entre otras cosas, contra el porno—, lo que para las autoridades chinas constituye una señal de extremismo musulmán.
El “entrenamiento ideológico”
Xinjiang, con 23 millones de habitantes —la mitad de la población de España—, es una de las regiones prioritarias para Pekín en su campaña por la “estabilidad” y contra el “terrorismo”. El Gobierno ha admitido en 2018 la existencia de los campos, defendiendo su utilidad en la lucha contra el extremismo islámico. En 2017, año en el que se recogen los primeros testimonios de la presencia de campos de internamiento, el número de detenidos se multiplicó por ocho respecto al año anterior. Según datos oficiales, los 227.000 presos de la región representaban un 21% de los presos de todo el país.
Presionado por las críticas exteriores, el Gobierno de Xi habló por primera vez de estos centros en agosto de este año, con la publicación de un libro blanco. El régimen alegó que se trata de un asunto “estrictamente interno” derivado de su “lucha contra la violencia, el terrorismo y el separatismo”. Pero no ofreció datos sobre cuántas personas han pasado por los campos. La ONU da por buenas las estimaciones de que cerca de un millón de personas (el 9% de la población uigur de Xinjiang) están encerradas allí. Consultada por EL PAÍS para este trabajo de investigación, la Embajada china en Madrid no ha facilitado detalles ni ha querido explicar si ofrece un trato diferente a los uigures que se acerquen a las dependencias diplomáticas.
Las instalaciones, según los papeles confidenciales, tienen que permanecer secretas: "Tenemos que asegurar que nuestro personal sea consciente de que [esto] se mantenga en secreto, de la seriedad de la disciplina política y de secretismo”. Los centros disponen de videocámaras cuidadosamente colocadas para grabar en tiempo real “sin que quede ningún ángulo ciego”. El personal que gestiona el campo no debe quitar ojo de ninguno de los internos. El control se extiende hasta la intimidad de los reclusos, cuyas actividades diarias son “gestionadas de cerca para prevenir huidas durante las clases, las comidas, las pausas para ir al baño o para ducharse”.
Las descripciones casan con las pocas decenas de relatos existentes de los uigures que han conseguido salir al extranjero tras estar internados. El Congreso Mundial Uigur estima que existe una diáspora de entre 1 y 1,6 millones de uigures diseminados entre Australia, Turquía, Europa (principalmente Alemania) y EE UU. En España, según Mario Esteban, experto en China del Real Instituto Elcano, no hay constancia de que exista comunidad de esta minoría china. Zumrat Dawut, de 37 años, residente en Estados Unidos desde abril de este año, pasó tres meses en un centro en el oeste de la región, entre abril y junio de 2018: “No había camas como tal, sino un sitio en el suelo para tumbarnos. No cabíamos todos, así que por la noche una mitad dormía y la otra no. Los baños estaban abiertos ante todo el mundo, así que si alguien los usaba cualquiera podía verlo”, relata Zumrat a los medios del ICIJ. “Nos llevaban a clase con grilletes en los pies y esposas en las manos. Y había cámaras, podían ver cada esquina y a todos los que estábamos allí”, recuerda. Zumrat pudo salir después de que un grupo de hombres uigures entre los que se encontraba su marido, ciudadano paquistaní, denunciara a la embajada de su país y a la prensa internacional en Pekín la desaparición de sus respectivas parejas.
Entre los casos emblemáticos también figura el de Rebiya Kaader, destacada emprendedora y, para muchos, una suerte de líder de la comunidad. En 2005 tuvo que salir del país tras cinco años en prisión. Hoy vive en Estados Unidos y gran parte de su familia en Xinjiang se encuentra encerrada en estos campos de internamiento.
El entrenamiento ideológico fuerza a los uigures, que hablan una lengua túrquica más cercana al uzbeko que al chino, a aprender el mandarín, idioma oficial en el país, hasta introducirlo en su día a día. El personal de los campos debe “resolver con eficacia las contradicciones ideológicas de los estudiantes y alejarles de las malas emociones”, explica un boletín. “Empezando por la vida diaria, la salud, la etiqueta y las buenas maneras, reforzando el control y los hábitos y cultivando la buena salud de los estudiantes, la civilización, la cortesía y la obediencia”, prosigue. Está prohibido, como han demostrado testimonios de periodistas y exinternos recogidos por el ICIJ, utilizar la expresión “salaam alaikum”, un saludo en árabe utilizado por la comunidad musulmana.
Además del control, el día a día del centro sirve para “resolver los problemas ideológicos” de los internos. Los guardias deben vigilar sus “emociones anormales” en nombre de la seguridad del lugar y para evitar “muertes anormales”. Los posibles fallecimientos en los campos, de los que hay una única mención en los documentos, encuentran ecos en las denuncias de los refugiados uigures en otros países. Algunos testimonios, que citan a policías anónimos, han denunciado la muerte de al menos 150 personas en el campo de Aksu, en el norte de la región.
Vigilancia exterior
La vigilancia no se limita al territorio chino. Uno de los boletines filtrados, con fecha 16 de junio de 2017, cifra en 1.535 los ciudadanos de Xinjiang que han obtenido una nacionalidad extranjera. De estos, 637 habrían entrado en el país desde el 1 de junio de 2016, aunque solo 75 habrían sido localizados e identificados dentro de territorio chino. Zhu Hailun, el máximo responsable de seguridad en Xinjiang, pide a las autoridades de la provincia que recurran a las fuerzas de seguridad locales para estudiar caso por caso: aquellos que hayan “cancelado su ciudadanía” y para los que no se puede descartar la sospecha de terrorismo deberían ser expulsados; los que no la hubieran cancelado deberán ser llevados a centros de entrenamiento.
Ablimit Tursun, asilado en Bélgica desde el pasado año, es uno de los huidos de la represión china. Ablimit huyó a este país durante un viaje de trabajo a Turquía al conocer que su hermano había sido detenido y él podía correr la misma suerte. A finales del pasado mayo, su mujer y cuatro hijos, residentes en Urumqi, la capital de Xinjiang, acudieron a la Embajada belga en Pekín para obtener visados y unirse a él. Los documentos no estaban listos, la familia fue detenida por la policía china a la salida de la misión diplomática y trasladada de vuelta a Urumqi. “La policía ha ido a visitarles con mucha frecuencia”, relata Ablimit en videoconferencia con EL PAÍS. “No son todos los días, parece que esa vigilancia ha aflojado y ha sido sustituida por otra tecnológica”. Un paradigma que se repite con demasiada frecuencia entre la perseguida minoría uigur.
