La justicia reprende a la Comunidad de Madrid por vulnerar el derecho de un diputado del PSOE a recibir información sobre el Zendal

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado la razón al diputado socialista Daniel Rubio al considerar que la Comunidad de Madrid vulneró su derecho a participar en la vida política. Según el tribunal, el Gobierno regional no respondió dentro del plazo legal a las solicitudes de información y documentación que el parlamentario había presentado sobre los expedientes administrativos del ...

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado la razón al diputado socialista Daniel Rubio al considerar que la Comunidad de Madrid vulneró su derecho a participar en la vida política. Según el tribunal, el Gobierno regional no respondió dentro del plazo legal a las solicitudes de información y documentación que el parlamentario había presentado sobre los expedientes administrativos del Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, construido con motivo de la pandemia del coronavirus y situado en el desarrollo urbanístico de Valdebebas.​

La sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, estima el recurso presentado por Rubio y concluye que el retraso de la Comunidad de Madrid supone una vulneración de un derecho fundamental, recogido en el artículo 23.1 de la Constitución Española. De esta forma, el tribunal declara nula por no ser conforme a derecho la actuación del Gobierno autonómico. “Se respondió, aunque tarde. El juzgado lo reconoce, pero nos condena a costas y acatamos la decisión judicial como no podía ser de otra manera”, apuntan desde la Comunidad de Madrid.

Las costas causadas en este proceso pueden ser de hasta 2.000 euros, más la cantidad que en concepto de IVA corresponda a la cuantía reclamada. El parlamentario madrileño había solicitado conocer las fechas y expedientes de las autorizaciones administrativas de apertura y funcionamiento del centro hospitalario. La falta de respuesta dentro del plazo, fijado por el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea de Madrid, motivó la interposición del recurso por la vía especial de protección de derechos fundamentales.

Aunque la Comunidad de Madrid remitió finalmente la información solicitada, lo hizo una vez iniciado el procedimiento judicial, lo que no evitó, según el tribunal, la vulneración del derecho fundamental del parlamentario. El fallo subraya que el acceso a la información es parte esencial de las facultades inherentes al ejercicio de la función representativa de los diputados, y que su denegación o retraso injustificado deteriora el contenido esencial del derecho de participación política.

Así lo corrobora Rubio, que explica a este diario que cuando asume el acta, a mediados de junio de 2023, los diputados que dejan el cargo le comentan que habían pedido una serie de información sobre este hospital, sin recibir respuesta. Por ello, se empeñó en continuar con la demanda de esta información a finales del mes de noviembre de ese año, sin éxito.

“La Mesa de la Asamblea me da hasta en cuatro ocasiones el amparo, diciendo que me tienen que contestar, pero el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid no lo hace. En junio reitero otra vez todas las peticiones de información”, explica el diputado tras recordar que esta entidad tenía la obligación de contestarle en el plazo de 30 días. “Habían pasado siete meses, más el tiempo que mis compañeros llevaban esperando desde la legislatura anterior”, aclara.

Cuando en mayo Rubio intuyó que no iba a recibir respuesta, contactó con los servicios jurídicos del PSOE e interpuso la demanda por vulneración de derechos fundamentales. Una vez realizado este trámite y notificada del mismo, la Comunidad de Madrid y el Consejo de Gobierno, recibió respuesta tres meses después. La demora causó perjuicios al diputado socialista. “Los criterios de verificación de iniciativas por parte de la mayoría del Partido Popular y de la Mesa de la Asamblea, hacen que las cosas que vienen de otras legislaturas o de un tiempo determinado no puedan ser debatidas”, comenta.

El hecho de no tener acceso a esta información supone la merma de la posibilidad de fiscalización de actividades que pueden ser irregulares. “Incluso en algunos casos con posibles prescripciones de ilícitos penales, si los hubiera”, explica Rubio. Fue el 28 de mayo de 2024 cuando el diputado socialista dirigió al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid varias solicitudes en relación con la documentación de la autorización administrativa para la apertura y el funcionamiento del Zendal.

“Mi preocupación se centraba, sobre todo, en la seguridad de las instalaciones, los pacientes y los trabajadores”, explica. Quería conocer el informe preceptivo de bomberos, la recepción de la obra, la licencia de instalación y el funcionamiento del hospital. “Como hicieron todos los contratos en una situación de emergencia, acortaron plazos y había aspectos legales del procedimiento que nos generaban dudas”, comenta Rubio. Pero asegura que el retraso sufrido con la recepción de la respuesta por parte del Gobierno autonómico le impidió verificar en el tiempo que él quería lo que sucedió.

“Lo que nos dicen desde la Comunidad de Madrid es que no era necesario ese informe de bomberos. Nosotros entendemos que para cualquier instalación industrial de un hospital tiene que existir este documento con la intención de corroborar que las instalaciones son legales y seguras. Dicen que este informe no es preceptivo, porque se había declarado la emergencia de la construcción en un Consejo de Gobierno de Madrid”, apunta.

“Una cosa es declarar la emergencia de la construcción, que lo que hace es agilizar los trámites para poder empezar las obras, y otra, es que una vez finaliza la misma, el informe de bomberos tiene que existir, son ellos los profesionales que deben revisar las instalaciones”, prosigue Rubio.

El Gobierno autonómico no considera necesario este informe, pero el PSOE sí. “Se lo hemos pedido también al Ayuntamiento de Madrid, sin que se nos lo facilite, tampoco hemos recibido la licencia de funcionamiento y la certificación de la obra del hospital. Nos dicen que no era necesario”, aclara el diputado socialista, que entiende que ha habido irregularidades en todo este proceso.

Debate en la Asamblea de Madrid

El fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo anunció el propio Rubio durante el debate de una Proposición No de Ley en la que los socialistas buscaban que la Asamblea reclamara al Gobierno regional desarrollar mecanismos específicos de control y supervisión para identificar y prevenir el fraccionamiento. En su intervención previa, había asegurado que “si se pudiera poner coto a la corrupción” se acabaría “la forma de gobernar del PP”, que “confunde el dinero público con el fondo de maniobra de sus campañas y de sus amigos”. “Lo que ustedes llaman libertad, en realidad, solo es impunidad para los suyos, abandono de los servicios públicos y castigo para toda la ciudadanía”, espetaba.