Las autonomías gastan 150 millones de euros en cinco años para financiar con dinero público abortos en clínicas privadas

“¡Váyanse a abortar a otro sitio!”. La frase que pronunció este jueves Isabel Diaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, es escuchada de distintas maneras por cientos de miles de mujeres de toda España cuando acuden a...

“¡Váyanse a abortar a otro sitio!”. La frase que pronunció este jueves Isabel Diaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, es escuchada de distintas maneras por cientos de miles de mujeres de toda España cuando acuden a ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en centros públicos. La objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, la voluntad inexistente de gobiernos autonómicos de todo color, y la ausencia de inversiones nutren en todos los territorios el negocio de las clínicas privadas concertadas. Estos centros han recibido al menos 150 millones de euros de los presupuestos de las comunidades entre 2019 y 2024 para realizar los abortos que no asume la sanidad pública, según datos obtenidos por EL PAÍS en aplicación de la ley de transparencia. Muchos de estos establecimientos sanitarios nacieron a mitad de la década de los 80 bajo el impulso de médicas y médicos que querían precisamente garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo tras su despenalización. Ahora están en el centro de la lucha partidista. Y sus representantes defienden que sin ellos no se podría garantizar el derecho al aborto.

“Hablamos de un gasto público que estaría mejor invertido en fortalecer la capacidad del sistema sanitario público”, opina una fuente del Ministerio de Sanidad, que dirige Mónica García (Más Madrid), sobre los al menos 30 millones de euros que se gastan cada año entre todos los gobiernos autonómicos para garantizar el derecho al aborto a través de clínicas concertadas. “Los recursos públicos deben servir para reforzar la sanidad pública, no para suplir sus carencias”, argumenta. “Esos recursos deberían destinarse a crear estructuras estables, formar profesionales y asegurar que las mujeres puedan acceder a este derecho sin depender de derivaciones a clínicas privadas”, afirma sobre el gasto autonómico en la concertada, que no incluye el del gobierno del País Vasco (que se negó a proporcionar los datos de sus pagos) y abarca únicamente hasta octubre de 2024 en el caso de Madrid.

En 2024 se realizaron 106.173 interrupciones voluntarias del embarazo en España. Solo el 21% fueron en centros públicos, tres puntos más que el año anterior. De esta manera, el 79% de IVE se realizaron en clínicas privadas. Así, la mayoría de las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos por motivos no médicos son remitidas directamente a centros concertados. Estos casos suponen un 94,6% del total. Cifras que se alimentan, por ejemplo, de casos como el de Madrid, donde en los últimos 10 años se han practicado más de 162.000 IVE y apenas 177 se han realizado en hospitales públicos, según datos del Ministerio de Sanidad.

Las dos comunidades en las que más abortos se practican, Andalucía y Madrid, están entre las que tienen tasas más bajas de interrupciones del embarazo practicadas en la pública: 0,2% y 0,47%, solo por delante de Extremadura, Ceuta y Melilla, donde todos son privados. Estas dos últimas, las ciudades autónomas, están gestionadas por el Ministerio de Sanidad a través de Ingesa.

El ministerio sostiene que hay infraestructuras públicas punteras, profesionales preparados, y protocolos diseñados para garantizar el ejercicio del derecho al aborto en la sanidad pública. Sin embargo, conocedores de las dificultades que enfrentan las mujeres para poder ejercer su derecho retratan otra realidad. La de profesionales que se arriesgan a ser estigmatizados por querer proporcionar esta prestación. La de infraestructuras desfasadas o insuficientes. La de un esfuerzo inversor muy mejorable.

“La sanidad pública debería atender todos los procedimientos que necesita una persona, pero este país en los últimos años ha pasado de tener un sistema muy potente a un sistema sanitario que favorece a la privada. Ese es el trasfondo, que la sanidad es un negocio”, opina José Antonio Bosch, abogado especialista en el derecho al aborto. “Es una cosa sistémica”, añade. “Esto es primero una cuestión política. Se sacó una norma que da derecho a la IVE, pero esa norma no dice que tenga que realizarse en la pública. A lo que tiene derecho la mujer es a que la sanidad pública le cubra ese gasto”.

Este especialista argumenta que montar un centro de interrupción del embarazo es costoso, lo que ha llevado a las administraciones públicas a asumir cada vez menos casos, y a alimentar las derivaciones a instituciones privadas. “El [aborto] quirúrgico es más caro, necesita personal y más recursos, atender a la mujer, mientras que con el farmacológico le das las pastillas y la envías a casa”, describe.

Las autonomías que más han reducido su tasa de IVE en la privada lo han hecho sobre todo gracias al aborto farmacológico. El quirúrgico, más complicado, requiere unos servicios para los que los hospitales públicos, por lo general, no están preparados. Esta segunda opción es la que predomina en las comunidades más pobladas. Una elección que está en la raíz de las derivaciones al sistema privado concertado.

Según Sonia Lamas, experta en derechos sexuales y reproductivos, desde 2010 (año en que salió la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo) se está incumpliendo la normativa. El artículo 8 de la norma explicita que los profesionales de la salud deben recibir una formación específica “con los conocimientos más avanzados, en la práctica clínica de la interrupción voluntaria del embarazo”. Y eso, asegura Lamas, no ocurre.

“Por eso es un procedimiento que no se puede llevar a cabo solo en la pública”, dice esta experta. “Desde el año pasado se han incrementado las IVE en la pública, pero es porque lo que más se usa es la interrupción del embarazo farmacológica”, añade. Y afirma: “En los años 90 en Madrid existían unidades IVE, pero los profesionales no querían dedicarse solo a realizarlas porque no era bien visto. El estigma de las IVE ocurre porque se trata de mujeres”.

Una prestación “que resta”

Por su parte, en la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (Acai) defienden que “no hay manera de garantizar este derecho desde la pública y la realidad lo demuestra”.

“Esta es una prestación sanitaria que no suma al currículum de los profesionales, sino que resta, por eso muchos no quieren formarse y especializarse en algo que está tan estigmatizado”, asegura la presidenta de Acai, Francisca García. “Es la prestación, de hecho, más estigmatizada”, añade. “Por eso, hoy, los que quieren hacer IVE tienen que salir de la pública y pasar a la privada”, continúa. Y augura: “Para que eso cambie, tendría que haber un cambio institucional y una voluntad política que no existe. Esto no se va a lograr de la noche a la mañana, porque en lo primero que hay que invertir es en un cambio cualitativo: formar a los profesionales, para luego crear en la sanidad pública unas unidades IVE que cumplan todos los parámetros”.

La realidad es que la mayoría de IVE se realizan en estas clínicas. Que el peso de la pública en la prestación es muy pequeño, aunque esté ahora en crecimiento. Y que la factura del último lustro alcanza ya los 150 millones de euros.