Los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel pasan a manos del Ministerio de Vivienda

El Ministerio de Vivienda ha adquirido los terrenos sobre los que se levantaba la antigua cárcel de Caramanchel, en Madrid, que fue demolida en 2008. En el lugar donde antes había un centro penitenciario símbolo de los últimos años de represión franquista, ahora se levantarán casas. Los porcentajes de vivienda libre y protegida todavía no están definidos, pero serán más altos que los que contemplaba el anterior plan de gestión de esa zona, que elaboró el Ministerio de Interior, propietario hasta hoy de ese suelo. El proyecto urbanístico lo gestionará la Entidad Pública Estatal de Suelo (Sepes), que aspira a consagrarse como la nueva empresa estatal de vivienda de referencia, como ya anunció Pedro Sánchez en el congreso socialista de Sevilla, en diciembre de 2024.

Son cuatro terrenos ubicados en la antigua cárcel de Carabanchel, 172.000 metros cuadrados que desde hoy están gestionados por el Ministerio de Vivienda. En abril, Interior hizo los últimos ajustes al plan de urbanización de la zona y, entre los cambios, reemplazó una vía de coches por un corredor peatonal, protegió un acueducto romano y se comprometió a crear un museo sobre la prisión franquista. Tras la aprobación del Consejo de Ministros, pasan de depender de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y la Seguridad del Estado (Siepse), del Ministerio del Interior, a la Sepes, gestionada por Vivienda.

Siepse ya tenía entre manos un plan de hace 30 años en el que contemplaba construir vivienda en esa zona. Según lo que se aprobó entonces, el 30% iba a estar protegida y el 70% restante serían de venta libre. Con el traspaso del terreno a la Sepes, esos porcentajes van a variar a favor de la vivienda pública, según explica Antonio Giraldo, portavoz socialista de Urbanismo en el Ayuntamiento de la capital. “El Gobierno de España cumple con sus promesas y con el que es uno de los principales problemas que hay, especialmente en Madrid: la vivienda”, señala.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha hablado del asunto en su visita a la Feria Internacional del Turismo (Fitur), que se celebra estos días en la capital. Desde allí, ha expresado su intención a seguir colaborando con el Gobierno de la nación a la hora de encontrar soluciones al problema de la vivienda, que sufren en especial las grandes ciudades españolas. El primer resultado de la buena sintonía entre ambas administraciones fue el desbloqueo de la Operación Campamento en septiembre del año pasado.

Sin embargo, el alcalde ha expresado ese gesto de voluntad colaborativa con el tono de reproche que acostumbra a adoptar cuando habla de políticas de Estado: “Le podemos explicar al Gobierno de España lo que son las políticas públicas de vivienda, cómo se hace vivienda, por qué hay 10.000 viviendas en el parque público de viviendas del Ayuntamiento de Madrid”. Almeida ha añadido que se declara “escéptico” acerca de la nueva empresa de vivienda que gestiona el Espato, pese a que lleva meses pidiendo que el Ejecutivo central destine dinero a construir casas en Madrid. Sobre esa entidad, ha remarcado que “todavía no existe porque no tiene todavía legalmente la condición de poder ejecutar vivienda” y que, por tanto, no cree que vaya a ser la solución al problema.

En la misma línea, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad y segundo teniente de alcalde, Borja Carabante, ha censurado el “vaivén” del Gobierno de Sánchez en materia de políticas de vivienda y ha subrayado que la transferencia de terrenos en Carabanchel “no tiene ningún tipo de trascendencia”, en unas declaraciones desde la sede de la EMT recogidas por Europa Press. Desde la oposición, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha pedido que estos terrenos “sigan siendo públicos” y que se dediquen para el alquiler asequible. “Nos importa poco de qué sociedad estatal sea propietaria. Aquí lo fundamental es quién va a ser o va a seguir siendo dueño de esos terrenos dentro de 15 o de 20 años. Lo que queremos es que sigan siendo públicos y que se dediquen íntegramente a promocionar el alquiler asequible”, ha subrayado desde plaza de la Villa, según Europa Press.

El Gobierno central dio en diciembre los primeros pasos para convertir la Entidad Estatal de Suelo Sepes en la empresa pública de la vivienda de referencia. El consejo de administración de la compañía, en el que está presente la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, aprobó ese mes distintas medidas para reforzar su estructura en ese sentido. Desde el Ministerio de Vivienda se indicó que, en el contexto actual y con la necesidad de desarrollar una política pública de vivienda, Sepes “pasará a ser la entidad de referencia en materia de gestión integral de vivienda y suelo”, con el objetivo de avanzar en este derecho como un quinto pilar del Estado de Bienestar.