Ayuso recurrirá al Constitucional para evitar que Sánchez recuerde con una placa las torturas franquistas en la sede de la Presidencia de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), tiene decidido que su gobierno interponga un recurso ante el Tribunal Constitucional frente a la decisión del ejecutivo central de declarar la sede de la Presidencia de Madrid como lugar de memoria democrática, en recuerdo de las torturas, encarcelamientos y persecuciones políticas que allí protagonizaron los integrantes de la dirección general de seguridad (DGS) de la dictadura franquista entre 1939 y 1979. Así lo avanza una fuente de la máxima confianza de la líder conservadora tras conocerse que el consejo de ministros ha rech...

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), tiene decidido que su gobierno interponga un recurso ante el Tribunal Constitucional frente a la decisión del ejecutivo central de declarar la sede de la Presidencia de Madrid como lugar de memoria democrática, en recuerdo de las torturas, encarcelamientos y persecuciones políticas que allí protagonizaron los integrantes de la dirección general de seguridad (DGS) de la dictadura franquista entre 1939 y 1979. Así lo avanza una fuente de la máxima confianza de la líder conservadora tras conocerse que el consejo de ministros ha rechazado este martes las alegaciones de Madrid contra la colocación de una placa conmemorativa, como avanzó EL PAÍS. Un segundo interlocutor del núcleo duro de la baronesa asegura que ella misma protagonizará este miércoles la rueda de prensa programada en la propia Real Casa de Correos tras la reunión de su consejo de gobierno, donde se debatirá la medida, aunque una tercera fuente matiza que el anuncio puede quedar pendiente hasta que el ejecutivo regional reciba formalmente la comunicación del rechazo a sus argumentos por parte del central, lo que tendrán que estudiar los servicios jurídicos autonómicos.

La decisión de acudir al Constitucional no solo profundiza el choque entre ambas administraciones por los actos de celebración del 50º aniversario de la muerte de Franco. También abre un nuevo frente en el pulso que mide al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con Ayuso, que está teniendo otro de sus escenarios en la causa abierta contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por supuestamente filtrar un email del caso que afecta a la pareja de la baronesa, Alberto González Amador, investigado por la presunta comisión de dos delitos de fraude fiscal.

“Se confirma la operación de Estado que ha urdido el presidente del gobierno y su entorno contra mi”, ha dicho este martes Ayuso tras la imputación formal de García Ortiz. “Queda claro en el auto que ha habido dinámicas delictivas, según dice expresamente, esto es, la utilización de la Fiscalía para dinamitar el Estado de derecho, vulnerar los derechos de un ciudadano [por González Amador] y poner en peligro el estado de derecho de todos los españoles”, ha seguido la presidenta de Madrid, que ha pedido la dimisión del fiscal general del Estado. “El presidente debería dimitir, porque es un peligro para España”.

El choque entre los dos líderes llega así hasta el Constitucional, convertido desde hace meses en un escenario más de la polarizada política madrileña. El tribunal tiene pendiente de resolver una decena de recursos de la oposición, el Estado o el Defensor del Pueblo contra decisiones adoptadas y leyes aprobadas tanto en tiempos del gobierno de coalición que formaron PP y Cs (2019-2021) como desde que los conservadores gobiernan en solitario (desde 2021 en adelante).

Previsiblemente, los argumentos de Madrid ante el Constitucional recogerán gran parte de los que formaban parte del requerimiento de incompetencia planteado por la Comunidad de Madrid contra el proceso de declaración de la Real Casa de Correos como lugar de memoria democrática, y que ha rechazado este martes el Consejo de Ministros.

El Ejecutivo regional viene defendiendo desde octubre, cuando se iniciaron los trámites para la declaración, que la etapa de las torturas de la DGS solo representa un 15% de la historia de la Real Casa de Correos y que la colocación de la placa afectaría a su uso administrativo e invadiría las competencias autonómicas.

Así, el Ejecutivo de Díaz Ayuso expuso en sus alegaciones que “el acuerdo (de declaración como lugar de memoria democrática) vulnera las competencias de la Comunidad de Madrid en materia de gestión de su patrimonio, defensa del patrimonio histórico, funcionamiento de una institución de autogobierno, y ataca el funcionamiento de una institución de autogobierno”. Además, el Gobierno regional denunció que “el Estado ha actuado con una total falta de lealtad institucional”, pues no le comunicó su decisión de declarar el edificio como lugar de memoria democrática hasta que publicó la decisión en el BOE. Y argumentó que no procede destacar que el complejo fue sede de la DGS entre 1939 y 1979 porque también ha sido oficina central de Correos, y ha albergado la Capitanía General, el Gobierno Militar y el Ministerio de Gobernación, sin que nada lo recuerde.

Frente a ello, el Gobierno de Sánchez opina que no hay razón para que se produzca colisión alguna entre las actuaciones previstas en la ley de memoria histórica para la declaración de un inmueble como lugar de memoria democrática y el normal ejercicio por la administración titular del inmueble de las facultades de titularidad autonómica sobre el mismo. Por ejemplo, recuerda una fuente gubernamental, miles de personas visitan todos los años la Real Casa de Correos para ver su Belén o escuchar villancicos, sin que eso perturbe el día a día de la administración regional. ¿Por qué habrían de hacerlo una placa y la explicación que le acompañe?

Además, el Ejecutivo central plantea que la mera incoación de un procedimiento administrativo no conlleva afección competencial alguna, ni puede ser una injerencia en el autogobierno de Madrid, ni en su capacidad en materia de protección y seguridad de los edificios e instalaciones. También subraya que la ley recoge expresamente la posibilidad de declarar como lugares de memoria edificios que son Bienes de Interés Cultural (BIC), como es el caso de la Real Casa de Correos, por lo que tampoco hay injerencia en las competencias autonómicas sobre patrimonio histórico, artístico o monumental. Y recalca que la existencia de otras placas en el edificio (sobre los atentados del 11-M, los héroes del Dos de Mayo o las víctimas de la covid) muestra que es posible instalar otra recordando el pasado del edificio como sede de la DGS.

La declaración de lugar de memoria democrática “normalmente” culmina con la colocación de una placa conmemorativa; acciones de “difusión, en múltiples soportes y formatos explicativos, de por qué es un lugar de memoria”; y exposiciones, según explicó un portavoz del Gobierno central cuando se inició el proceso que afecta a la Real Casa de Correos.

Como informó EL PAÍS, el Gobierno regional ya se opuso en mayo de 2024 a colocar una placa que recordara el pasado del edificio, tras solicitárselo el periodista Nino Olmeda, que fue detenido durante la dictadura y aún recuerda el complejo como un lugar terrorífico, lleno de dolor y gritos, con celdas y torturadores. El portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García Martín, llegó a decir que el edificio tiene “muchísima historia”, recordando, entre otras cosas, que en el mismo lugar se situó el Ministerio de la Gobernación de la Segunda República, “cuando también se persiguió por sus ideas a muchos madrileños”.

Entonces, tanto Ayuso como el portavoz argumentaron que las únicas placas que tenían cabida en la sede del Gobierno eran las ya existentes, “porque unen y no dividen”. Una honra a los héroes del Dos de mayo; otra recuerda a las víctimas del 11-M y a quienes las auxiliaron; y, la última, a los fallecidos durante la pandemia de la covid.

Sin embargo, el poderoso jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, fue incluso más lejos. Así, en una carta dirigida a Olmeda y adelantada por este diario, argumentó que Madrid está “plagada de inmuebles” en los que “se han cometido actos reprobables, como los sucedidos en las checas durante la Guerra Civil, sin que ninguna placa recuerde los horrores acaecidos”.

Capacidad de veto

En contraposición, así argumentaba el Gobierno central en octubre la necesidad de actuar sobre un edificio que albergó horrores descritos por Mario Martínez Zauner en Presos contra Franco (Galaxia Gutenberg, 2019): “La declaración de Lugar de Memoria Democrática pretende rescatar del olvido y reconocer a quienes sufrieron las humillaciones, torturas o encontraron la muerte en sus dependencias”, se lee sobre la iniciativa liderada por el ministro Ángel Victor Torres. “El edificio constituye un referente y símbolo de las violaciones de los derechos humanos durante el franquismo”, sigue. Y añade: “Con la declaración de Lugar de Memoria se pretende contribuir al conocimiento de la verdad de lo que ocurrió en sus dependencias con la finalidad de que nunca más vuelvan a ocurrir hechos similares en nuestro país”.

Desde entonces, un pulso administrativo por tierra, mar y aire. Primero, Madrid registró las alegaciones que ahora tumba el Gobierno central. Luego, en diciembre, el PP aprobó en la Asamblea una reforma legal para que la instalación “con carácter permanente de cualquier placa o distintivo” en la Real Casa de Correos requiera de “la previa autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid”. Es decir, para que Ayuso pueda vetar su instalación. Y ahora, con la decisión del Consejo de Ministros, el choque llegará hasta el Constitucional.

“El requerimiento al Gobierno para que desistiera del procedimiento era un paso previo y necesario ante un eventual recurso posterior ante el Tribunal Constitucional”, recuerda una cuarta fuente con galones en el gobierno madrileño.