De ser un niño tutelado por Madrid, a cumplir 18 años y buscarse la vida en la calle

“Están saliendo chicos mayores después de estar tiempo en el centro. Se van sin nada. Hoy sale un chico tutelado con 18 años, y no se le va a gestionar nada más. Vamos, que a la puta calle. Qué pena”. Es 16 de diciembre, y Lorena Morales, diputada del PSOE, ...

“Están saliendo chicos mayores después de estar tiempo en el centro. Se van sin nada. Hoy sale un chico tutelado con 18 años, y no se le va a gestionar nada más. Vamos, que a la puta calle. Qué pena”. Es 16 de diciembre, y Lorena Morales, diputada del PSOE, le pone voz en la Asamblea regional a los mensajes que le envían trabajadores del centro de acogida de menores de Hortaleza. Es el relato de un drama. El que lleva a jóvenes tutelados por Madrid a buscarse la vida en la calle, según denuncia la oposición, cuando llegan a la mayoría de edad, se extingue la responsabilidad de la Administración, y no hay plazas para todos en los pisos de transición habilitados hasta que cumplen los 21. Un problema que no para de crecer, como el número de menores migrantes que llegan a la Comunidad: en estos momentos, los niños llegados del extranjero representan el 90% de los 1.700 acogidos en el sistema regional, lo que supone 200 más que en 2023, según datos del gobierno.

“El sistema está absolutamente colapsado”, dice Elena Gil, la portavoz de España de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza. “No estamos dando respuesta a todas las necesidades que hay”, añade. “Eso lleva a truncar proyectos de vida”.

En 2016, 160 niños en acogimiento residencial en Madrid llegaron a la mayoría de edad, según datos oficiales, lo que significa que tienen que dejar su centro u hogar de acogida. En 2020, 2021 y 2022, fueron más de 300. Sin embargo, la red diseñada para atenderles en esa nueva etapa sin la tutela de la Comunidad no ha crecido al mismo ritmo. En 2024 solo había 144 plazas en los pisos de transición a la edad adulta destinados a estos jóvenes de entre 18 y 21 años. En 2025, según el proyecto de Presupuestos, el número apenas se incrementará hasta 167. En paralelo, cinco extutelados por el gobierno regional han recurrido a la ayuda en la Red de personas sin hogar, según documentación enviada por el gobierno a la Asamblea, a la que accedió EL PAÍS.

El dato surge de una pregunta registrada en el Parlamento regional por Diana Carol Paredes, de Más Madrid. Según la diputada, el gobierno autonómico no tiene suficientes programas para ayudar a las personas tuteladas que cumplen la mayoría de edad: “Es lamentable que a día de hoy no se les dé un buen acompañamiento, ni cuando son tutelados, ni cuando dejan de serlo”.

Lo mismo dice Lorena Morales, del PSOE. “A los 17 años y 364 días, un día antes de cumplir la mayoría de edad, les ponen de patitas en la calle”, lamenta la diputada socialista, que un día, en la Asamblea, se vio pidiendo en el restaurante un trozo de tarta para celebrar el cumpleaños de un menor que el día anterior se había quedado sin techo bajo el que cobijarse.

Cuando uno crece sin padres, sin familiares en los que apoyarse, el Estado asume ese rol. En España, son las Comunidades Autónomas las encargadas de tutelar a los menores no acompañados en centros, o a través de familias de acogida. Cuando los niños cumplen la mayoría de edad y se convierten en adultos, “empiezan los problemas”, señala Adolfo Rodríguez, vicepresidente del Colegio Profesional de Educadores Sociales de Madrid. “La Comunidad de Madrid se desentiende”, añade. Y eso, asegura, tiene consecuencias.

“Es imprescindible que haya una plaza asegurada para cada chico en estos pisos”, comenta Rodríguez en referencia a que esos primeros meses como adultos son clave para su futuro. “Muchos de ellos nunca han aprendido a hacer las cosas más básicas, como ir al supermercado, poner una lavadora o cocinar”, explica. “No les han enseñado”, lamenta. “Por eso necesitan un periodo de adaptación para entender cuál es su condición de persona adulta”.

Entre seis meses y un año en un piso

Michelle Villavicencio es educadora en uno de esos pisos de transición entre los 18 y los 21 años. Allí conviven siete jóvenes. Cada seis meses, como mínimo, o un año, como máximo, tienen que irse para dejar entrar a otros. Pese a que tienen que acostumbrarse a los nuevos compañeros constantemente, los educadores que trabajan allí se esfuerzan en convertir esas casas en hogares.

“Intentamos que tengan un espacio donde sean libres cuando vuelven del trabajo”, comenta. Villavicencio sigue haciendo seguimiento de los chicos una vez han emprendido su propio camino fuera de esas cuatro paredes. “Muchos se acuerdan de mí y me llaman. Yo siempre los ayudo en todo lo que puedo”.

Ese tiempo en el piso de transición es clave para ellos. Tienen casi todos los gastos cubiertos y pueden ahorrar durante los meses que están allí el 70% de lo que ingresan con los trabajos que consiguen. “Suelen ser empleos muy precarios”, apunta la educadora. Trabajan muchas horas, cobran poco, sin extras, y tienen que pelearse con sus jefes para que les den vacaciones. “Forma parte de su aprendizaje para entender en qué consiste la vida adulta”, señala.

Desde el Colegio de Educadores de Madrid explican que el sistema para integrar correctamente los menores que han crecido sin padres está mal planteado de raíz. “Entendemos que el modelo de un centro donde hay muchos chavales juntos no funciona”, explica Rodríguez. Para poder ayudarles a desenvolverse como adultos, los grupos deberían ser más reducidos. “La mayoría de ellos no han tenido un referente adulto. Nosotros tenemos que conseguir ser uno y es importante que podamos tener un trato más personal con ellos”. Por eso, señala el vicepresidente del Colegio de Educadores, no deberían ser espacios de más de 12 personas. En el centro de Hortaleza es habitual que haya más de 100 menores.

Cuando ese proceso no se da adecuadamente, cuando el sistema falla, el riesgo de exclusión social se dispara. Para un chico de 18 años, sin recursos, que entra directamente en la red de personas sin hogar, la remontada es casi imposible. Si se da mal ese paso de transición a la vida adulta, es muy fácil que estos jóvenes acaben en la calle, explica Rodríguez. Eso abre la puerta a otros problemas, como adicciones o delitos para sobrevivir. “Se les está condenando a la exclusión social”.