Empiezan a declarar familiares de fallecidos en las residencias durante la pandemia tras una denuncia colectiva

La Fiscalía de Madrid ha citado a declarar, a partir de este miércoles, a decenas de familiares de más de un centenar de personas fallecidas en las residencias de la región durante la primera ola de la pandemia de covid-19, en el marco de una denuncia colectiva presentada el pasado 10 de octubre. La Marea de Residencias y la asociación 7.291: Verdad y Justicia, que coordinan y firman la denuncia, valoran “positivamente este movimiento de la Fiscalía, que contrasta con la pasividad mantenida ante denuncias y querellas anteriores”, indican ambas entidades en un comunicado. El Gobierno regional ha reiterado en distintas ocasiones que, hasta la fecha, la justicia ha archivado todas las denuncias y querellas de los familiares.

En concreto, la denuncia la presentaron familiares de 115 mayores que vivían en 72 residencias, de los cuales 111 fallecieron, contra altos cargos del entonces Gobierno regional y los geriatras de 25 hospitales por al menos “un delito continuado de denegación discriminatoria de la prestación sanitaria”, castigado en el artículo 511 del Código Penal. La nueva denuncia se sustenta en que este delito no contempla el resultado de la infracción, si los enfermos fallecieron o no, sino que basta con no haberles prestado la asistencia médica requerida.

Las asociaciones critican que la fiscal superior, Almudena Lastra, pese al “riesgo de prescripción, dejara pasar casi un mes antes de notificar su decisión de declararse no competente” y remitir la denuncia a las cuatro fiscalías territoriales de la región: la Fiscalía Provincial y las Fiscalías de Área de Alcalá de Henares, de Getafe-Leganés y la de Móstoles-Fuenlabrada-Alcorcón.

Por eso, alertan nuevamente del “riesgo de que los delitos denunciados prescriban ―empezarían a prescribir desde la segunda quincena del próximo marzo― si el Ministerio Público y los juzgados no actúan con rapidez”. Para evitarlo, solicitan a la Fiscalía que “judicialice la denuncia en cuanto haya tomado declaración a los familiares”, dado que los denunciantes ya aportaron “abundante prueba documental para demostrar la comisión de los delitos”.

Las cuatro fiscalías que recibieron la denuncia colectiva acordaron abrir diligencias de investigación por cada denunciante, 109 en total ―en seis casos, el denunciante tuvo a dos familiares, padre y madre, entre las víctimas―, y las declaraciones de los familiares se producen en este marco. Está previsto que las primeras declaraciones se produzcan este miércoles 8 de enero. La denuncia se dirige contra 29 personas, entre ellos los exdirectores de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, que fueron “el firmante y el autor de los dos protocolos que impidieron el traslado a los hospitales de los residentes”, los llamados “protocolos de la vergüenza”.

También se denuncia al entonces director del Summa 112, Pablo Busca Ostalaza; Antonio Burgueño, el zar anticovid autor del plan de choque contra la pandemia aprobado por el Gobierno regional que incluía “una medicalización de las residencias que nunca se llevó a cabo”, y los geriatras que aplicaron el “protocolo de la vergüenza en los 25 hospitales públicos”. En el escrito detallan “la discriminación” a sus familiares en cinco ámbitos, al no medicalizar las residencias e impedir el traslado de residentes a hospitales públicos, además del “veto a atender a los residentes” en los hospitales privados salvo que tuvieran un seguro, así como en el hospital de Ifema y los hoteles medicalizados.

Se aportaron 60 documentos, incluidos informes internos del Gobierno madrileño que desde el 18 de marzo reflejaban cada día la situación en los 475 geriátricos, con el número de residentes positivos o aislados con síntomas, el número de profesionales contagiados o en aislamiento domiciliario y las necesidades de personal en cada centro. También destacan un informe de la Consejería de Sanidad, según el cual la medicalización de las residencias consistió en “enviar un total de 24 médicos y 25 enfermeras a las 475 residencias que estaban operativas en marzo y abril de 2020″, cuando murieron 7.291 personas en esos centros “sin recibir una atención sanitaria adecuada”, concluyen las entidades.

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales no se ha pronunciado este miércoles, pero ha reiterado en distintas ocasiones que, hasta la fecha, la justicia ha archivado todas las denuncias y querellas y que se está haciendo un “uso partidista” de este asunto, según expresó la consejera del ramo, Ana Dávila, el pasado octubre. La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, defendió su gestión el pasado 12 de diciembre en la Asamblea, donde leyó una comunicación supuestamente enviada por el hijo de un fallecido en estos centros, que afeaba con la máxima dureza a Más Madrid el uso “vil y miserable” de la tragedia, y reclamaba que se deje de incluir a su padre entre los 7.291 muertos por cuya desaparición protesta la izquierda. La Mesa de la Asamblea, controlada por el grupo popular, rechazó una solicitud del PSOE para conocer datos clave para determinar la veracidad o falsedad del caso leído por la presidenta.