Cuatro asignaturas que el consejero de Educación de Madrid “suspende” en su primer año, según oposición y sindicatos

El Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, inicia el curso escolar con varias asignaturas pendientes y con todas las miradas sobre él tras un año accidentado en el sector. Viciana llegó en junio de 2023, sin ninguna experiencia laboral relacionada con Educación, a una Consejería que tiene a su cargo 1.951 de centros educativos públicos y más de 55.000 profesores. Antes de aterrizar en el Gobierno de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, había desarrollado su carrera en la Administración General del Estado en cargos relacionados con Industria, Hacienda y Contratación Pública.

Un año después, Viciana acumula en su historial todo tipo de polémicas: desde la enmienda a su propia propuesta de reorganizar la atención al alumnado con trastorno del espectro autista (TEA), la modificación del modelo bilingüe de Esperanza Aguirre, el caos de las becas comedor, la crisis en las negociaciones con el profesorado para la reducción del horario lectivo, la falta de inversión en climatización, la fallida implantación de una Escuela Europea Acreditada en el Ramiro de Maeztu, entre otros. Algunos de estos problemas, eso sí, fueron heredados del anterior consejero y hoy presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio. “Ha sido un año de improvisación”, resume Esteban Álvarez, portavoz de Educación del PSOE en la Asamblea de Madrid, consultado por este diario para identificar los retos del Consejero en el nuevo curso. “Su inexperiencia lo ha llevado a ir de error en error”, anota María Pastor, portavoz de Educación de Más Madrid. “El consejero suspende en su primer año. En gestión saca un cero”, sentencia Isabel Galvín, Secretaria de Enseñanza de CC OO. Aunque Ayuso descartó en junio hacer cambios en su gabinete, persisten los rumores de que en una posible crisis de Gobierno, uno los más afectados sería Viciana.

Septiembre no será para pasar página. Viciana comienza su segundo año con cuatro tareas que, aunque urgentes, tiene pendientes desde el anterior curso. Van desde el escándalo por el fraccionamiento de contratos para obras, pasando por el criticado proyecto de la ley autonómica de universidades hasta las ya anunciadas nuevas manifestaciones del profesorado y el suspenso de dos escuelas infantiles que funcionan bajo el cuestionado modelo de gestión indirecta.

El fraccionamiento de contratos de obras en la FP

El escándalo del fraccionamiento de contratos para construir nuevos centros de formación profesional (FP), revelado por ElDiario.es, será uno de los temas que llevarán en los partidos de oposición en su agenda de control político en el nuevo curso. Desde hace unos meses, la Fiscalía investiga las obras del macrocomplejo educativo Ciudad Escolar y de la Escuela de Arte que se ejecutaron y pagaron a través de contratos fraccionados por menos de 40.000 euros más IVA para evitar sacar los proyectos―por 1,2 y 2,5 millones de euros― a concurso público. De momento, la denuncia ha dejado el cese del subdirector de FP Alfonso Mateos e investigaciones abiertas a los directores de los centros. La portavoz de Educación de Más Madrid cuestiona que el Consejero “ha sido incapaz de dar ningún tipo de explicación”.

Aunque el PSOE, Más Madrid y Vox pidieron un pleno extraordinario para analizar las presuntas irregularidades, la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid lo rechazó porque las comparecencias “no tenían ningún carácter urgente”. El portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, aseguró a mediados de julio que las preguntas se responderían después del verano. En este inicio de curso, la oposición insistirá en la comparecencia de Emilio Viciana, que hereda un problema que comenzó durante la gestión del anterior consejero y hoy presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio. Además, CC OO se personará en el caso.

La nueva ley autonómica de universidades

Las universidades públicas también alzan la mano en el inicio de curso. En pleno verano, la Consejería presentó a los rectores de las seis universidades públicas de Madrid el borrador de su Ley de Enseñanzas superiores, Universidades y Ciencia. En julio, los dirigentes de los campus públicos redactaron una carta criticando el proyecto. Unos días más tarde, el Gobierno Nacional anunció que si se aprobaba el borrador, lo recurriría en los tribunales por el “maltrato” a la educación superior pública.

El borrador de ocho páginas presentado por Viciana en junio recoge temas espinosos como un sistema de financiación para las públicas en el que la Comunidad cubriría el 70% del capítulo gastos y en el que abre la posibilidad de que los centros reciban inversiones adicionales que dependerán del cumplimiento de objetivos. Por otro lado, se pretende cambiar las reglas para la elección de rectores. Hoy, la ley estatal permite que lo sean profesores titulares que hayan demostrado solvencia docente, investigadora y experiencia en gestión; pero la Comunidad de Madrid ordenará que solo lo puedan ser los catedráticos. Los rectores temen que se afecte la autonomía universitaria y los sindicatos ven con preocupación la financiación. Madrid está a la cola de las comunidades autónomas en inversión en las universidades públicas. Mientras el 81% ingresos de los centros en La Rioja vienen de financiación autonómica, los de Madrid solo obtienen por esa vía el 61%.

La oposición, además, critica que el objetivo del proyecto sea confrontar con la nueva ley orgánica del sistema universitario (LOSU). “Es una apuesta descarada por la universidad privada y un proyecto contrario a la normativa estatal”, asegura el portavoz de Educación del PSOE en la Asamblea de Madrid. El partido socialista se reunirá en septiembre con los rectores.

Manifestaciones del profesorado

“Terminamos el curso escolar en conflicto y lo comenzamos en conflicto”. Así resumía en junio Isabel Galvín, Secretaria de Enseñanza de CC OO, la crisis en la mesa de negociaciones para la reducción de las horas lectivas. Los sindicatos piden reducir el horario a los profesores de Infantil, Primaria y Educación Especial de 25 a 23 horas lectivas a la semana y a los profesores de Secundaria de 20 a 18 horas.

En abril, Educación rebajó su oferta de ajuste horario argumentando falta de presupuesto y propuso reducir una hora lectiva a los docentes no tutores de enseñanza Secundaria, Formación Profesional y de régimen especial a partir del curso 2026/2027. Hubo huelgas y manifestaciones entre abril y junio, mientras el Consejero intentó, sin éxito, volver a la mesa con una nueva propuesta. Para el próximo 15 de septiembre se ha convocado la primera Marea Verde del curso, en la que este será un tema clave y el 25 de septiembre, Menos Lectivas, la red de asambleas docentes, liderará otra protesta. En las próximas semanas, los sindicatos convocarán consultas con sus afiliados para definir cómo y cuándo seguir manifestándose. También buscarán retomar el diálogo. “Tenemos que recuperar esa confianza que se ha roto con el profesorado”, asegura la portavoz de CC OO.

Sortear las críticas a la gestión indirecta de las escuelas infantiles

A finales de junio, las educadoras de las escuelas infantiles Señor Don Gato (Valdebernardo, Madrid) y Tesoros (Arganda del Rey) se enteraron por el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid que sus escuelas se suprimirían este curso tras una tortuosa crisis administrativa de la empresa ―contratada por Educación― que las gestionaba. Eran cierres anunciados. En junio, las trabajadoras del Señor Don Gato denunciaron que la empresa gestora Atreyu Blota Carlo S.L había dejado de pagarles desde abril y las de Tesoros, que tenían casi la mitad de la plantilla de baja. En ambas escuelas sabían que los problemas de Atreyu les saldrían caros porque la gestión de esos centros se volvería a licitar este verano y la nueva empresa debía asumir los costes de lo que no hubiera pagado el privado anterior. En efecto, nadie quiso hacerlo: la licitación quedó desierta y el 26 de julio la Comunidad de Madrid suprimió las dos escuelas, dejando a cerca de 300 niños y a unas 50 trabajadoras en el limbo para este curso. Las del Don Gato no saben todavía cuándo les van a pagar los que les deben y tampoco han recibido ningún mensaje de la Comunidad de Madrid. Viciana, por ahora, ha asegurado que los menores serán reubicados en escuelas cercanas.

Para la oposición y los sindicatos, no obstante, este caso “excepcional” ―como lo ha descrito la Consejería de Educación― evidencia el modelo fallido de gestión indirecta en la Educación Infantil pública. La Red de Escuelas Infantiles Públicas de la Comunidad de Madrid para niños de entre 0 y 3 años tiene 260 escuelas infantiles (135 autonómicas y 125 municipales). De las autonómicas, 78 son gestionadas por empresas privadas con dinero público. “Lo que ha sucedido es prueba de la absoluta improvisación de la Consejería de la búsqueda de soluciones simples para problemas complejos”, dice el portavoz de educación del PSOE, que aboga por un modelo de gestión 100% directo. CC OO agrega que es urgente que la Consejería se haga responsable de las educadoras pese a que delega la gestión y que, a futuro, cambie el modelo. “Dicen que quieren universalizar la educación infantil, pero lo quieren hacer a coste mínimo”, sostiene su portavoz.

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