Tras el caso Ayuso, Almeida cierra el acceso a los documentos urbanísticos y admite que durante cuatro años ha violado la protección de datos

El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por José Luis Martínez-Almeida, ha retirado todos los documentos urbanísticos de la base de datos Conex, donde es posible buscar información sobre las casi 1,6 millones de viviendas de la capital, porque ha concluido que contiene alguna información...

El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por José Luis Martínez-Almeida, ha retirado todos los documentos urbanísticos de la base de datos Conex, donde es posible buscar información sobre las casi 1,6 millones de viviendas de la capital, porque ha concluido que contiene alguna información “que no cumple con la normativa de protección de datos (…) y que constituye un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas”. La Coordinación de Vicealcaldía, dirigida por Inmaculada Sanz, solicitó el 11 de abril un informe a la Oficina de Protección de Datos (OPD) del propio Ayuntamiento, que recomendó el cierre de Conex, según contesta la dirección de Comunicación municipal a EL PAÍS. El recorte en ese portal, activo desde 2020, se produjo después de que, en marzo, esa web abierta al público fuera usada por la prensa y la oposición de izquierdas para encontrar los primeros indicios de que en el piso de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se había hecho una obra ilegal.

La OPD recomendó “proceder a eliminar de CONEX todos los documentos y planos que contengan datos personales” o “en el caso de mantener esa documentación, realizar la ‘anonimación’ (sic) de esta, de modo que se impida la identificación de las personas afectadas”, informa por correo la dirección de comunicación. “En tanto en cuanto se realicen una de las dos recomendaciones, debería cerrarse el acceso a la aplicación CONEX”, concluyó el informe de la OPD.

Esta hipotética vulneración masiva de derechos tendría un coste cero para el Ayuntamiento. Expertos en protección de datos consultados indican que, según la ley, las administraciones no pueden ser sancionadas por vulnerar los derechos relativos a la privacidad.

Durante casi un mes, el Ayuntamiento había evitado dar un motivo a este periódico sobre la desaparición de estos documentos en Conex. Finalmente, la respuesta municipal se produjo este miércoles después que EL PAÍS tuviera acceso a un documento del 20 de marzo de la oficina municipal responsable de licencias, la Agencia de Actividades, donde se informaba de la razón: “se está realizando una revisión general de la documentación publicada con la finalidad de garantizar los derechos de propiedad intelectual y protección de los datos de carácter personal en los documentos asociados a los expedientes”.

Conex, acrónimo de Consulta de Licencias y Expedientes Urbanísticos, entró en funcionamiento en 2020 y permite a la ciudadanía introducir la dirección de cualquier edificio en la capital para encontrar información sobre obras y actividades económicas en esa finca. Los resultados muestran un histórico de los dosieres en esos inmuebles. Al clicar en ellos era posible descargar documentos que contenían las resoluciones de los funcionarios. En ellas, solían aparecer planos de los arquitectos y datos de los solicitantes. Su utilidad residía en que hacía la vida más fácil para vecinos y profesionales. En lugar de acudir presencialmente a las dependencias municipales, cualquiera podía buscar esta información útil en Conex. Por ejemplo, un interesado podía averiguar si la obra en marcha de su vecino estaba autorizada o también podía saber si el local que pretendía comprar tenía la licencia de negocio oportuna.

El documento al que había tenido acceso EL PAÍS era la respuesta de la Agencia de Actividades (ADA) a una queja de un particular que manifestaba que su trabajo se había visto afectado por la falta de acceso a los archivos asociados a los expedientes. La ADA le ofrece como alternativa el método de consulta existente antes de Conex: el acceso presencial previa solicitud telemática.

Conex fue presentada en julio de 2020 como un “avance importantísimo” por la entonces vicealcaldesa Begoña Villacís y por el concejal de Urbanismo, Mariano Fuentes, ambos de Ciudadanos. Aunque es poco conocida por la ciudadanía, a mediados de marzo adquirió relevancia porque la prensa pudo comprobar que en Conex aparecían indicios de una infracción urbanística cometida por la pareja de Ayuso, Alberto González Amador.

Después de cometer presuntamente un fraude fiscal de 350.000 euros, Amador compró un piso en el pudiente distrito de Chamberí, en julio de 2022. El mes siguiente comunicó el inicio de una obra considerable a la junta de ese distrito por medio de una declaración responsable. Los técnicos municipales le ordenaron parar esa reforma en dos ocasiones, el 2 de noviembre y el 13 de diciembre. Ambas aparecían en Conex. El Huff Post fue el primer medio en informar de esas órdenes. Esta información fue la base de una denuncia de Más Madrid que obligó al Ayuntamiento a iniciar una inspección que no se había hecho a pesar de esas dos advertencias. Lo último que se conoce sobre este expediente es que el coordinador del distrito de Chamberí inició el proceso de sanción, el 27 de mayo.

El rol de Almeida y su administración ha sido polémico desde que estalló este caso. La oposición de izquierdas ha denunciado que el alcalde trata de proteger los intereses de Ayuso y su pareja, pero al mismo tiempo Amador ha denunciado al Ayuntamiento por infringir sus datos personales. La noticia, de hace dos semanas, la dio el medio El Debate, que informó de que en la denuncia, ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), se mencionaba que el expediente de la obra de Amador había sido visto por la oposición municipal de izquierdas antes que por él mismo, así como que miembros del organigrama municipal tuvieron “accesos indebidos” a esa información. Una portavoz de la AEPD responde a este periódico que no puede pronunciarse sobre la denuncia.

Tras conocerse esa noticia, el alcalde Almeida defendió a la pareja de Ayuso al coste de poner en cuestión a sus funcionarios. Reconoció que podían haberse vulnerado los derechos de Amador y anunció que iba a lanzar una investigación para “averiguar qué persona ha accedido a los datos”. El alcalde no habló de Conex, que en ningún momento había sido señalada como un problema.

¿Perjuicio masivo?

La información urbanística que dan las ciudades varía mucho de ayuntamiento a ayuntamiento, según expertos en protección de datos. En los pueblos la información proporcionada suele darse verbalmente, sin mostrar los documentos. Los municipios más grandes suelen tener una plataforma digital, pero normalmente el acceso se obtiene tras enviar una solicitud telemática. Una vez aprobada, hace falta desplazarse a las dependencias municipales para consultarlos. Otras veces los portales digitales tienen barreras como la necesidad de conocer el número del expediente. Ese es el caso de Sevilla, informa Javier Martín-Arroyo. En Valencia no existe nada parecido a Conex, informa Cristina Vázquez. Un portavoz de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona contesta que allí no tienen un herramienta semejante.

El Ayuntamiento de Madrid informa en su correo a este periódico de que el informe de la OPD surgió a petición de la Coordinación de Vicealcaldía, tras constatar que antes se habían elaborado distintos informes al respecto. En abril de 2020, la OPD ya había manifestado que en la aplicación Conex no debían publicarse datos personales. Y de nuevo en marzo de 2021, reiteró ese dictamen a la Secretaría General Técnica del Área de Desarrollo Urbano tras una queja de una arquitecta madrileña. En marzo de 2022 la OPD insistió en esta postura, esta vez a iniciativa propia.

Sin embargo, continúa el correo, en todos estos casos, desde la Secretaría General Técnica del Área de Desarrollo Urbano se justificó el contenido de Conex con base en la Ley del Suelo, que en su artículo 4.2 defiende “el derecho a la información de los ciudadanos (…) por los procesos urbanísticos”.

Según la dirección de Comunicación municipal, “por esa disparidad de criterios, desde la actual Coordinación de Vicealcaldía se solicitó el 11 de abril de 2024 este último informe” de la OPD. Como consecuencia, el Área de Urbanismo, pidió a la ADA que mantuviera reuniones con el Organismo Autónomo de Informática del Ayuntamiento de Madrid (IAM) para ir ‘anonimizando’ los datos contenidos en Conex, “asegurando que no haya en dicha aplicación datos personales protegidos”. La aplicación se abrirá tan pronto como sea posible, informa el Ayuntamiento.

¿Se han vulnerado los datos personales de millones de madrileños durante cuatro años? Los expertos consultados discrepan sobre si esta reforma restrictiva de Conex es apropiada. Esto es un reflejo de la habitual disparidad de opiniones sobre privacidad en el ámbito de las administraciones públicas. No es fácil decidir si prevalece el derecho de los ciudadanos a que se protejan sus datos personales, entre ellos el domicilio, o la obligación de los gobernantes de facilitar el acceso a la información de interés público. Este debate se suele dirimir caso a caso. En todo caso, agregan, la Ley de Protección de Datos no contempla sanciones para las administraciones públicas. En su lugar, conmina a la autoridad competente a dictar una resolución estableciendo las medidas para que cese la conducta o se corrijan los efectos de la infracción.

Borja Adsuara, profesor de la Complutense, considera que quizás el Ayuntamiento estaba permitiendo que personas no interesadas accedieran a demasiada información personal. La clave, añade, es encontrar un sistema que permita a las personas con un interés legítimo consultar esos documentos. Pone de ejemplo el Registro de la Propiedad, que permite conocer quién vive en un inmueble, previa acreditación de ese interés. “Tendrías que idear una herramienta diferente que permita valorar una a una las peticiones”, explica. “El riesgo es que puedes producir un cuello de botella porque necesitas una supervisión humana”.

El abogado Jorge García Herrero cree que debe prevalecer el interés del público en acceder a la información y opina que el cambio tiene una motivación política. “Este es un tipo de herramientas que permite la revisión pública de la legalidad”, argumenta. “La cuestión es si ese fin se cumplirá en la misma medida omitiendo la titularidad del solicitante de las licencias”.

No queda claro por qué el Ayuntamiento aduce que debe proteger la propiedad intelectual. Sobre esto, Herrero entiende que puede ser una referencia a los planos de los arquitectos: “Mi intuición es que han querido vestir la excusa poniendo ambos derechos juntos”.

¿Tiene más información? Escriba al autor a fpeinado@elpais.es o fernandopeinado@protonmail.com

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