La científica censurada en la Asamblea por el PP de Ayuso: “Si no piensas como ellos te vetan”

La científica vetada por el PP de la Asamblea de Madrid viene a la entrevista este martes con tres estudios de su autoría bajo el brazo. María Victoria Zunzunegui (Bogotá, 72 años) se sienta en la mesa de un bar en el parque del Retiro y empieza a hablar sobre ellos mientras los hojea. No tienen nada que ver con el PP ni con la presidenta madrileña. Fueron publicados hace más de dos décadas, cuando la estudiante Isabel Díaz Ayuso aún no había empezado su carrera política. Tratan sobre el buen envejecimiento, la especialidad a la que Zunzunegui ha dedicado su vida. Ella pide un café con leche, ...

La científica vetada por el PP de la Asamblea de Madrid viene a la entrevista este martes con tres estudios de su autoría bajo el brazo. María Victoria Zunzunegui (Bogotá, 72 años) se sienta en la mesa de un bar en el parque del Retiro y empieza a hablar sobre ellos mientras los hojea. No tienen nada que ver con el PP ni con la presidenta madrileña. Fueron publicados hace más de dos décadas, cuando la estudiante Isabel Díaz Ayuso aún no había empezado su carrera política. Tratan sobre el buen envejecimiento, la especialidad a la que Zunzunegui ha dedicado su vida. Ella pide un café con leche, pero se olvida de la bebida. El motivo de la cita es que en la tarde anterior se conoció que el grupo popular en la Asamblea había negado su comparecencia como experta, solicitada por Más Madrid, pero durante un buen rato ella esquiva el asunto. Resume con pasión sus hallazgos sobre cómo la soledad influye en la demencia o cómo la pobreza durante la infancia predice el ritmo de envejecimiento. Pasados 20 minutos, entra en el asunto que la ha convertido contra su voluntad en una protagonista: “¿Por qué te cuento todo esto? Porque quiero que veas que soy una profesional de la investigación. Yo soy una científica. Yo no soy una política. Quiero ser útil para mejorar las condiciones de vida de los mayores en Madrid”.

El viernes, Zunzunegui recibió una llamada de la diputada de Más Madrid Alodia Pérez. Le informaba de que habían propuesto su nombre para comparecer ante los 17 parlamentarios de la comisión parlamentaria de Familia y Asuntos Sociales. Este tipo de visitas de miembros de la sociedad civil son frecuentes en la cámara regional. Asociaciones. sindicatos, patronales o académicos suelen prestar testimonio durante 15 minutos y luego responden a preguntas. El grupo popular decidió este lunes prohibir a Zunzunegui recordando que era una de los siete miembros de la comisión ciudadana por la verdad en las residencias de Madrid. Este grupo de expertos, reunido a petición de las asociaciones de familiares de víctimas, publicó el 15 de marzo de este año un duro informe sobre la gestión del Gobierno de Ayuso durante marzo y abril de 2020, cuando murieron 7.291 personas en los hogares de mayores.

Nada se dice sobre ese informe en el escrito de Más Madrid motivando la invitación, que indica que su objeto era que la epidemióloga informara “sobre medidas necesarias para reducir el impacto de los brotes epidemiológicos en las residencias de mayores”. Pero el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, replicó que anticipan un fraude porque la comisión ciudadana en la que participó Zunzunegui “es una entidad no reconocida” y su informe “intenta fiscalizar la acción de una legislatura anterior”. Emilia Sánchez, diputada de Más Madrid, responde que el motivo de esta “censura preventiva” es inédito. “Es de primero de democracia”, dice. “En el Parlamento se habla de asuntos públicos y si no te gusta preparas tus argumentos, pero no los vetas”.

Además de haber participado en esa comisión, Zunzunegui es doctora en epidemiología por la Universidad de California y profesora jubilada de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Montreal.

Pregunta. ¿Qué le hubiera gustado contar a los parlamentarios?

Respuesta. Les hubiera hablado de dos ejes. Por un lado, la necesidad de limitar el negocio de la dependencia, porque el problema de la concertación público-privada es que funciona por medio de contratos con empresas cuya misión principal es el lucro. Eso no podemos echárselo en cara a las empresas porque es su razón de existir. Pero el Gobierno madrileño tiene que dar contratos con suficiente asignación económica para mantener la calidad de los servicios. Eso no pasa. Los contratos los ganan empresas con el menor presupuesto y sin un control de calidad. La víctima es la persona mayor.

Por otro lado, hubiera insistido en la necesidad de poner indicadores de calidad de la atención. Nos faltan muchos datos. ¿Cuántos mueren en las residencias?, ¿de qué?, ¿cuántos sufren infecciones urinarias, caídas, úlceras...? Cuando tengamos todo esto podremos saber en qué fallamos.

P. ¿Y por qué la han vetado?

R. La verdad que no lo sé. Creo que es por costumbre ya. Si no piensas como ellos te vetan. Yo soy una persona de izquierda. Eso no es ningún secreto. Pero tengo una ética y no soy una radical. Hablo con datos, que son datos sacados del Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid.

P. ¿Usted ha participado en política por la izquierda?

R. No, claro que no. No soy una política. Soy una científica. Siempre he trabajado con datos. Lo que pasa es que toda mi vida he hecho investigación sobre temas sociales que a ellos no les gustan: el feminismo, la inmigración, la pobreza, la violencia de género o los niños. Son temas que siempre abordo desde el método científico. Soy una persona cuantitativa y yo lo que le pido a la Comunidad de Madrid es que si no les gustan mis investigaciones sobre sus residencias, que usen los datos para ver si llegan a conclusiones diferentes. Ese es el método científico. Pero esta gente lo único que hace es descalificar.

P. ¿La han atacado?

R. Cuando sacamos el informe de la comisión ciudadana, salió un artículo en Ok Diario diciendo que hace cuatro o cinco años fui a la sede de Podemos en Torrejón. Yo fui allí a hablar sobre la universalidad y equidad en el Sistema Nacional de Salud. Yo nunca rechazo una invitación. Nunca me ha invitado Vox, pero sí gente muy variopinta, por ejemplo patronales del sector de los mayores.

P. Usted conoce muy bien los datos de la primera ola. Una de las estadísticas que suelen esgrimir los defensores de Ayuso sugiere que la mayor catástrofe se dio en las residencias de Aragón y que los medios ocultan este dato para dañar a la presidenta. Cuentan que el 90% de los muertos totales de más de 65 años en Aragón vivía en residencias, mientras que en Madrid solo el 45%.

R. Conozco muy bien esa estadística y es engañosa. Yo, que me dedico a los datos, veo cómo juegan con los números. Imagina que en una región mueren solo 10 personas y nueve lo hacen en una residencia. Tendrías un dato muy abultado del 90% que te hace pensar en un gran desastre, mientras que el dato mucho menor de Madrid puede dar la falsa impresión de haber contenido el problema.

Ese dato nos informa del lugar donde fallecieron las personas. En Madrid murió mucha gente dentro de las residencias, pero también fuera de ellas. Esto pudo ser porque el virus se expandió en la población general. En Aragón, por el contrario, el virus se controló bien en población general y, por tanto, la proporción de muertes dentro de las residencias fue mayor.

Sin embargo, lo más importante es saber cuál era el riesgo de morir que tenía una persona que vivía en una residencia. Esto se consigue dividiendo los fallecidos que vivían en residencias de Madrid (9.470 si incluimos muertos en hospital) por el total de personas que se estima vivían en esos centros (44.000). Aquí perdieron la vida una de cada cinco residentes solo en marzo y abril de 2020, muy por encima de cualquier otra región.

P. Pero la gente normal ve un dato así en Twitter y cae en la trampa.

R. Lo que recomiendo es que miren con detenimiento qué hay arriba en el numerador y abajo en el denominador. Así no te engañan.

P. ¿Qué va a pasar con el informe de la comisión ciudadana?

R. Los familiares lo están repartiendo a todas las autoridades. El Rey, el Defensor del Pueblo, todos los grupos en el Congreso de los Diputados y la Asamblea de Madrid, la Fiscalía General del Estado y la de Madrid. Ahora estamos esperando las respuestas.

P. ¿Por qué no están prosperando las causas judiciales de las familias?

R. Creo que los jueces han adoptado una postura cómoda. El tema no les inspira particular simpatía y ven que es complicado porque deben revisar historias clínicas, entrevistar a trabajadores, médicos, saber quién dio las órdenes...

P. ¿Cómo acabará este asunto?

R. Creo que hay muchas personas comprometidas. Los familiares piden justicia y estamos empeñados en que se sepa lo que ocurrió porque es clave para subsanar los errores y prepararnos para el futuro. Hoy las residencias están igual o peor que antes de la pandemia. Todo el mundo te lo dirá. Las muertes de miles de personas no han servido para mejorar las residencias. Solo reconociendo los errores podremos pensar cómo arreglar las cosas. Para mí es la base de toda esta lucha.

Escribe al autor a fpeinado@elpais.es o fernandopeinado@protonmail.com

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