Los vecinos acusan a la Comunidad de falsear un informe para justificar una estación de metro en Madrid Rio y talar 675 árboles

La Comunidad de Madrid modificó el proyecto de ampliación de la línea 11 de metro, que suponía rebajar la tala de árboles de 1.027 ejemplares a 675, para calmar la fuerte contestación vecinal a la obra. Y ese nuevo proyecto lo presentó a información pública, con un plazo de alegaciones de 20 días que finaliza el 24 de agosto. Cuatro asociaciones, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (Fravm), la asociación vecinal Pasillo ...

La Comunidad de Madrid modificó el proyecto de ampliación de la línea 11 de metro, que suponía rebajar la tala de árboles de 1.027 ejemplares a 675, para calmar la fuerte contestación vecinal a la obra. Y ese nuevo proyecto lo presentó a información pública, con un plazo de alegaciones de 20 días que finaliza el 24 de agosto. Cuatro asociaciones, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (Fravm), la asociación vecinal Pasillo Verde Imperial, Ecologistas en Acción y Más Madrid, presentaron ayer sus observaciones al proyecto. Los documentos tienen muchos puntos en común, pero uno de ellos, en el que coinciden tres de estas asociaciones, es el más llamativo: acusan a la Comunidad de Madrid de haber falseado los planos para simular que una enorme tubería del Canal de Isabel II bloqueaba la construcción de la estación de Madrid Río en el paseo de Yeserías, y por tanto tenía que hacerse dentro del parque Madrid Río, donde hay más abundancia de arbolado. Estos colectivos basan su respuesta en la documentación que aportó el Canal de Isabel II al promotor al inicio del proyecto en 2020. Según esos planos, esa tubería se encuentra algo más cerca del río Manzanares y no molesta para hacer la estación en el paseo, obra que se llevaría por delante solo 22 árboles en vez de los 162 que se pretenden talar en la parte de Madrid Río.

Además de la tubería, que tiene 1,4 metros de diámetro, los otros argumentos de la Comunidad de Madrid para no colocar la estación de Madrid Río fuera del parque se basan en que una línea de alta tensión que cruza la zona, unas cavidades del puente de Praga y los túneles de la M-30 se verían afectados, además de tener que cortar el tráfico. El edil de Más Madrid Álvaro Fernández Heredia, Doctor en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, lleva vigilando esta obra desde principios de 2022, mucho antes de asumir su puesto como concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Él ha sido el que ha dado la voz de alarma a las asociaciones del cambio del trazado de la tubería en los planos facilitados por la Comunidad de Madrid de la evaluación ambiental simplificada para presentar las alegaciones.

La Consejería de Transportes e Infraestructuras niega que hayan cambiado el trazado de la tubería en los planos. Un portavoz de la Consejería se refiere a un informe datado el 26 de febrero de 2021 del Canal de Isabel II en el que se solicitaba “proteger una red general de agua potable y otra red de saneamiento” que había por la zona. “La acusación de Más Madrid de que la Comunidad ha manipulado el trazado de una conducción de Canal de Isabel II es falsa”, reza un comunicado de la Consejería sobre el asunto. “La información que la Comunidad de Madrid recibió sobre los servicios afectados del Canal de Isabel II durante la redacción del estudio Informativo son planos esquemáticos con una ubicación aproximada de las conducciones”, matiza el texto. El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, que es el encargado de autorizar la tala de árboles por la obra, apoyó a la Comunidad de Madrid y se mostró el lunes “seguro” de que no hay “ningún tipo de manipulación” en el proyecto para ampliar la línea 11 del Metro hasta Madrid Río.

Fernández Heredia explica que el trazado de esa tubería ya se tuvo que mover cuando se realizaron las obras de Calle 30, con el soterramiento de la circunvalación madrileña. De hecho, el Canal de Isabel II avisó de que la Comunidad de Madrid debía consultar la información sobre las infraestructuras actualizada en el área de Cartografía de la empresa pública antes de comenzar las obras, y se mostró abierta a coordinarse con la Comunidad de Madrid para paliar las afecciones a sus infraestructuras durante la construcción, según un documento que presentaron durante la realización del estudio informativo del proyecto. La portavoz del movimiento ‘No a la tala’, Susana de la Higuera, denuncia esta excusa de la Comunidad de Madrid: “O bien es un error, que entonces es completamente inadmisible e invalida completamente el resto del documento, o no es un error y es una modificación completamente intencionada, que entonces estaríamos hablando de algo muchísimo más grave”.

Esta no es la única alegación que los vecinos han hecho al proyecto. El documento que ha presentado la asociación vecinal Pasillo Verde Imperial es el más extenso, con 90 páginas redactadas en el plazo de 20 días que ha dado la Comunidad de Madrid a los vecinos, en pleno agosto, para presentar sus modificaciones. En un comunicado, la asociación denuncia que lo hacen para “asegurarse de que haya muy pocas alegaciones en contra”. Además, critican que este plazo, al ser en un periodo vacacional, no respeta el convenio sobre el Acceso a la Información, la Participación del Público en la Toma de Decisiones y el Acceso a la Justicia en Materia de Medio Ambiente, ya que el comité de cumplimiento de este convenio declaró insuficiente en otro caso un periodo de información pública de 20 días por producirse en vacaciones.

Los vecinos señalan también que colocar la estación dentro del parque no respeta ni el Plan de Ordenación Urbana Municipal de la capital ni la propia Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. El Parque de la Arganzuela tiene un nivel de protección que no permite construir infraestructuras ni en la superficie ni debajo. La Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid establece además que para proyectos de esta índole se necesita un Plan General para poder esquivar la protección municipal que tiene el espacio, y no consta que la Comunidad de Madrid haya diseñado uno. Desde el punto de vista de los vecinos, “la documentación en cuestión adolece de numerosos y muy significativos fallos que la invalidan de principio a fin”.

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