El caso de los 761 millones para unas minas en Huelva registrados en Madrid: así es el espejismo de la inversión exterior en la Comunidad

La noticia en febrero del año pasado tenía una gran trascendencia para Almonaster la Real, un pueblo enclavado en la Sierra Morena, en el norte de Huelva: un gigante minero australiano, Sandfire, compraba tres minas de cobre de la comarca, en las que trabajaban algo más de 700 personas, y que eran propiedad de Minas de Aguas Teñidas SA (Matsa). Los australianos, ...

La noticia en febrero del año pasado tenía una gran trascendencia para Almonaster la Real, un pueblo enclavado en la Sierra Morena, en el norte de Huelva: un gigante minero australiano, Sandfire, compraba tres minas de cobre de la comarca, en las que trabajaban algo más de 700 personas, y que eran propiedad de Minas de Aguas Teñidas SA (Matsa). Los australianos, atraídos por la revalorización del precio del cobre, llegaron con promesas de subidas salariales y futuras exploraciones en la zona, que supondrían nuevos empleos y redundarían en beneficio de la zona. Pero esa operación tan importante para Huelva aparece registrada oficialmente en un lugar completamente ajeno a las minas, en un edificio señorial en la calle Maldonado 4, en el distrito de Salamanca de Madrid, a 495 kilómetros por carretera. Ahí, en un bajo de ese inmueble de viviendas donde opera una firma de abogados, la multinacional australiana había registrado su sede en España, en junio de 2021.

De esa forma, Madrid, que solo tiene 43 de las 2.629 explotaciones mineras de España, se ha atribuido ficticiamente esa importante inversión extranjera de 761 millones de euros en Huelva en el Registro de Inversiones Exteriores (RIE) del Ministerio de Industria. Ocurre con frecuencia en inversiones de todo tipo que realmente van destinadas a otras regiones españolas. Es el efecto sede, un espejismo que hace pensar que una lluvia de miles de millones de euros foráneos cae sobre Madrid. Una de las principales propagadoras de esa imagen irreal es la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que suele presumir de que su región concentra la inmensa mayoría de las inversiones extranjeras en España. En 2021, el RIE asignó a la Comunidad de Madrid el 73% de las inversiones, 21.851 millones de euros. A muchísima distancia aparecía la segunda región, Cataluña, con el 10%, 3.091 millones de euros. Para el resto de comunidades apenas quedaron las migajas.

“Madrid está de moda”, suele decir la presidenta, que ha convertido el tema de las inversiones extranjeras en una de sus banderas, ondeada cada vez que hace viajes internacionales (recientemente a EEUU, Reino Unido o Israel). Usando esos datos inflados del registro del Ministerio de Industria, Ayuso ha dicho que Madrid aglutinó en 2021 más inversión que todo México, algo que ha sido desmentido por la web de verificación Newtral, que indicó que el país norteamericano recibió 30.475 millones de euros. También el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida alardea a menudo de estos datos.

La Comunidad de Madrid suele sacar notas de prensa cada vez que el Ministerio de Industria actualiza la estadística. La realidad es que Madrid ha liderado este ranking incluso en la época en que Cataluña era la locomotora de España. Madrid ha sido número uno anualmente desde 1993, salvo un solo año, en 2010, cuando Cataluña la aventajó ligeramente, según la base de datos de la consultora española de inversión extranjera SIfdi obtenidas a través de la estadística del ministerio. Con esta técnica imperfecta, el registro llegó a atribuir en 2018 a Madrid hasta el 83% de las inversiones foráneas en España.

Una portavoz de la Consejería de Hacienda dice que la Comunidad se limita a citar los datos que da el Ministerio. “En nuestras notas de prensa siempre nos referimos a ellos. Igual ocurre con otros datos estatales como la Encuesta de Población Activa. No entramos en si la estadística está bien o mal hecha”.

En el caso de las minas en Huelva, la compra ascendió a 1.585 millones de euros, pero el Registro de Inversiones Exteriores solo recoge 761 millones de euros. Consultado, el Ministerio de Industria explica que solo se registra la cuantía que se aporta a fondos propios, u otras que se consideran inversión directa. “Los créditos y deudas intragrupo, que pueda tener la empresa, actualmente no se consignan”, responde un portavoz en un correo, en el que añade que un cambio normativo prevé adaptar a España a los estándares de la OCDE y del FMI para que la financiación intragrupo sí pase a formar parte de la inversión declarable.

Reforma para reducir el efecto sede

El problema metodológico del efecto sede ha sido advertido por la consultora Sifdi, que asesora a administraciones de toda España en materia de inversión extranjera. En sus informes anuales, precisa que Madrid se beneficia de la forma en que se recogen los datos. Las empresas extranjeras están obligadas por ley a notificar sus operaciones en España en el plazo de un mes. Pero a menudo omiten el lugar del destino de la inversión (por ejemplo, un nuevo centro comercial en Valladolid) y esa operación se asigna por defecto al lugar donde la empresa tiene su domicilio en España, que suele ser Madrid.

Ese problema se da en el caso de inversiones productivas de ese tipo, que suponen construcción de nuevas instalaciones (se conocen como green field, un nombre que evoca a un campo verde sobre el que inician su actividad). Pero también se da en buena parte de las operaciones de inversión extranjera del tipo “cambios de cromos”, es decir, cuando una empresa extranjera adquiere una nacional. Aquí de nuevo surge el problema de que las empresas suelen tener su sede social en Madrid, aunque en realidad sus actividades estén descentralizadas por todo el territorio nacional en fábricas, oficinas, tiendas o, como hemos visto, minas de cobre.

Como sugiere SIfdi, una alternativa más próxima a la realidad es mirar la distribución del inmovilizado material de las empresas, al valorar el conjunto de bienes físicos – terrenos, edificios, cadenas de montaje, maquinaria, equipos de transporte, mobiliario, etc- de carácter más duradero que una empresa dedica al desarrollo de su actividad. Aquí, Madrid acaparaba 28.889 millones de euros en el año 2020, ligeramente por encima de Cataluña con 28.134 millones de euros. Es la primera vez que Madrid superaba en este concepto a Cataluña, según SIfdi. No obstante, tampoco este dato está exento de sesgos, señala la consultora: “Supone apenas el 27% del stock de inversión total, y suele tener mayor representación en regiones con más peso en el sector industrial en relación con regiones más orientadas a servicios, ya que, por definición, no tiene en cuenta el inmovilizado financiero e inmaterial”.

El Ministerio de Industria responde que hacen revisiones periódicas para localizar el destino final de las inversiones e imputárselo a la comunidad de destino real. “Con los futuros modelos de declaración que entrarán en funcionamiento con el nuevo Real Decreto de Inversiones Exteriores, se obligará a las empresas a que especifiquen cuál es la comunidad autónoma en la que se encuentra la empresa objeto de la inversión, de forma que se reducirá el efecto sede que ahora se da temporalmente”, dice un portavoz. “El Real Decreto ha sido informado recientemente por el Consejo de Estado y próximamente será adoptado por el Consejo de Ministros”.

A pesar de los problemas metodológicos hasta ahora, España es uno de los pocos países desarrollados que cuentan con un registro de inversiones extranjeras, indica Andrés García, director de SIfdi. Esta consultora asesora a las agencias de promoción de inversiones de administraciones de todo el territorio y percibe frustración por la manera en que el Ministerio comunica los datos. “Solemos recomendarles que pidan a las empresas que sean explícitas a la hora de indicar el lugar de la inversión en los formularios”, dice García. Algunas regiones muy perjudicadas son las que rodean a Madrid, donde es común que haya inversiones productivas que se asignan a Madrid, donde las empresas tienen sus sedes.

Sandfire ha declinado responder a una pregunta de este periódico para conocer si tiene algún empleado en la capital de España. En casos como el suyo no hay un incentivo fiscal para poner su sede en Madrid porque el impuesto de sociedades es el mismo en toda España. A veces, las empresas gravitan hacia Madrid buscando estar cerca de los centros de decisión.

Que una empresa tenga su sede social en Madrid no significa que tenga una gran operación en la capital. En el imaginario colectivo, Madrid es sede de grandes multinacionales alojadas en grandes oficinas, pero a menudo sus actividades en la capital se reducen a un papel. Contratan a un despacho de abogados que, entre otros servicios, les presta su domicilio social. En esos casos, la capital no tiene ni mina ni oficina, pero se beneficia de un sistema que le permite sacar pecho de manera exagerada.

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