“Muchos abogados adelantaron el efecto indeseado de la ley del ‘solo sí es sí’ y no se les hizo caso”

Desde este enero, Eugenio Ribón (Cádiz, 48 años) e Isabel Winkels (Madrid, 59 años) ejercen como decano y vicedecana, respectivamente, del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), después de ganar las elecciones en diciembre. Tras presentarse a los anteriores com...

Desde este enero, Eugenio Ribón (Cádiz, 48 años) e Isabel Winkels (Madrid, 59 años) ejercen como decano y vicedecana, respectivamente, del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), después de ganar las elecciones en diciembre. Tras presentarse a los anteriores comicios en listas rivales, en esta ocasión unieron sus fuerzas. Ribón, especializado en protección del consumidor, formó parte de la junta directiva precedente, liderada por José María Alonso. Winkels es abogada de familia. En plena polémica por la reforma del delito de malversación y las rebajas de penas a agresores sexuales tras la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí, ambos apuestan por una presencia activa de la abogacía en la “fabricación de las leyes” para “advertir de esos efectos indeseados”.

Pregunta. La participación en estas elecciones fue inferior al 8%, igual que en interiores. ¿Cómo lo interpretan?

Winkels. Este año creíamos que iba a ser bastante mayor. Pero el día fue horroroso, de lluvia.

Ribón. Hay un dato objetivo, y sin que suponga ningún tipo de excusa para una participación que es deseable que sea más elevada. A las 13.00 había crecido 17 puntos. Es decir, se había disparado. Después es verdad que vino el gran diluvio.

P. Pero, al margen de esa circunstancia, la participación siempre es muy baja. ¿Hacen un análisis más allá?

Ribón. Se necesita una agilización del proceso electoral. Hay que tener en cuenta también que el ICAM tiene más de 10.000 colegiados de fuera, que tienen que hacer un esfuerzo muy meritorio si quieren venir a votar desde Barcelona o Bilbao. Pero el sistema del voto por correo es anacrónico y complejo, requiere reformas y una actualización. Y estas suponen una modificación estatutaria, igual que la implantación del voto telemático, que implica la celebración de una asamblea general extraordinaria que, en época de covid, es especialmente compleja porque hablamos de un colegio de 70.000 compañeros. Hay un borrador ya aprobado para la modificación de esos estatutos, y esa modificación tendrá que tener lugar en estos cinco años

Winkels. Hay una desconexión endémica, y tenemos que pensar en cómo acercamos al abogado todas las cosas que hace el ICAM. Porque yo me he cansado de escuchar en estas elecciones: “El colegio no me aporta nada, sus correos me llegan al spam”.

P. ¿Qué más cambios quieren introducir?

Ribón. Queremos que la abogacía sea un actor con mayor protagonismo en la vida pública. La abogacía prácticamente es la primera que detecta los déficits que padecen los ciudadanos. Y esa detección precoz tiene que trasladarse a que sea un interlocutor en el proceso de elaboración de las normas. Por eso, una de las áreas que se va a potenciar mucho es el área de relaciones institucionales.

P. Es decir, ponen sobre la mesa la idea de participar más en el debate público.

Ribón. El colegio puede aportar el valor añadido del conocimiento técnico cualificado que lleva examinando la norma durante décadas. Tiene que ser el centinela del imperio de la ley y de la garantía de derechos. Por fortuna, existe la separación de poderes, y el legislador tendrá que legislar. Pero el colegio tiene esa responsabilidad social también.

P. Entrando en un debate concreto, ¿habrá rebajas de penas a corruptos tras la reforma del delito de malversación?

Winkels. Yo es que creo que el objetivo de la ley era ese. La ley del sí es sí ya ha tenido un efecto indeseado que, por cierto, muchos abogados adelantaron y no se les hizo caso (por eso, la idea es que nosotros estemos en la fabricación de las leyes y advirtiendo esos efectos indeseados, y lo ideal es que se nos escuche antes). Así que, en la ley del sí es sí no se buscaba ese efecto, pero efectivamente se ha producido. Y la vocación de esta ley es reducir [las penas], por lo que supongo que serán conscientes de que ese va a ser uno de los efectos.

P. Una de las reivindicaciones de su candidatura es resolver el problema de la asistencia gratuita de las personas jurídicas.

Ribón. Ahí tenemos un problema importantísimo que no admite dilaciones. La ley reconoce la responsabilidad penal de las personas jurídicas, por lo que se designan abogados de oficio. Pero no se ha modificado la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita [así que no tienen derecho a asistencia gratuita aunque carezcan de recursos, y el Estado no asume el coste de los letrados de oficio]. No se puede enviar un abogado seis meses a la Audiencia Nacional, a que abandone su despacho, ponga en riesgo su familia, y que después le digan que no se lo van a pagar. Esa persona tiene hijos, una hipoteca, un contrato de luz...

P. Sobre este tema, precisamente, ya existe un conflicto con el Ministerio de Justicia por los abogados designados a las defensas del caso Gürtel. ¿Qué pasó ahí?

Ribón. Lo que pasó fue que, precisamente, se llegó a un acuerdo con el ministerio para desarrollar esa asistencia jurídica que demandaron los juzgados. Se designó a decenas de compañeros, que pasaron meses estudiando causas de miles de folios con una elevada complejidad. Y el ministerio después se desdijo y pidió un reintegro de las cantidades que abonó a esos compañeros por sus servicios. Ahí tenemos ya el conflicto judicializado. Pero, si hiciéramos así con todo, no habrá abogados disponibles. Si no se pone en la solución urgente, cuando nos pidan abogados, les diremos: “Mire, tiene aquí el listado, llame usted a quien quiera, a quien pueda convencer, porque no hay manera de poder enviar a un profesional en esas condiciones”.

P. ¿En qué otros aspectos quieren tener mayor influencia?

Ribón. Por ejemplo, en la conciliación. Si un compañero tiene un juicio a la misma hora que operan a su hijo, no es obligatorio que se tenga que suspender la vista.

P. Pero ahí, realmente, son los jueces los que tienen la potestad. ¿Cómo se puede solucionar ese problema?

Ribón. Lo que hay que hacer es objetivar [las causas]. Que no dependa de la voluntad de un juez concreto.

Winkels. De la buena o de la mala voluntad...

Ribón. El sentido común suele imperar en la inmensa mayoría de los órganos judiciales, pero no podemos quedar al albur de que un juez decida, por ejemplo, que la madre puede acudir al juicio porque ya está el padre en la operación del niño.

P. Entre los abogados, es vox populi qué juzgados funcionan bien y en cuáles es una pesadilla caer. ¿Tienen capacidad y datos para hacer una especie de radiografía o barómetro?

Ribón. Entre los proyectos que vamos a desarrollar está la evaluación individualizada de cada juzgado, para después reportarla al propio juzgado, al juez decano, al Consejo General del Poder Judicial, a la Comunidad de Madrid y al ministerio. Y eso tendrá que evaluarse por los órganos que promocionan o no a determinados funcionarios. También lo vamos a publicar, para que se sepa. Porque un juzgado tiene un problema serio si tiene 500 reclamaciones

Winkels. O si uno tarda el doble que el otro en señalar un juicio.

Ribón. En primer lugar, hay que entender que la abogacía no es un colaborador de la Administración de Justicia, sino que forma parte de la Administración de Justicia. Sin abogacía, no hay juicio directamente. Y, en segundo lugar, los ciudadanos no son súbditos ni vasallos de las administraciones, sino que las administraciones están al servicio de la ciudadanía. Además, hemos vivido una regresión importante en la época del covid: se han alzado trincheras en las administraciones frente a los ciudadanos. Pedir una cita en la Seguridad Social, en la Agencia Tributaria o acceder a un juzgado parecía una yincana. Era una situación de sumisión y de vasallaje. Y las trincheras siguen en algún juzgado después de dos años y pico.

P. La dilación de las causas, la falta de digitalización, el uso de diferentes programas informáticos por parte de las comunidades autónomas, algunos incompatibles entre sí... ¿El principal problema de los males del funcionamiento del sistema judicial es la falta de inversión o de voluntad política?

Ribón. Hay una manifiesta falta de voluntad política. No todo es dinero. El dinero es importante y los recursos, indispensables para poner en marcha determinadas acciones. Pero muchas veces, lo que más vale es lo que cuesta menos. Cuando un compañero en funciones de guardia va a las tres de la madrugada a una comisaría donde hay aparcamiento y se tiene que buscar un aparcamiento a cuatro manzanas e ir a una zona con cierta inseguridad, eso es falta de voluntad. A nadie se le ocurre que a un sanitario le digan que busque aparcamiento y venga con el desfibrilador andando. Un simple hecho como dejarle sitio es cooperación institucional, una lealtad que hay que exigir.

P. Señor Ribón, en un momento del debate con los otros candidatos a decano, planteó a los colegiados la disyuntiva de si preferían una lista de “gente que ya conocía esto”, u otra de aquellos que venían a promocionarse profesionalmente o políticamente ¿A quién o a qué se refería exactamente?

Ribón. Podíamos tener ese temor de varios. En nuestra candidatura, ninguno tenemos ese afán de ambición que, a lo mejor, se vislumbraba en otra. Hemos tenido la suerte de formar un equipo en el que, sin perjuicio de que haya que seguir trabajando toda la vida, prácticamente todos tenemos una trayectoria profesional muy asentada.

Winkels. La idea es ofrecer lo que nosotros hemos ido acumulando, viendo y detectando en nuestras carreras. En concreto, mi vocación es el derecho de familia. Mi objetivo es conseguir la especialización de los juzgados de familia, con un fiscal especializado y con un equipo técnico adscrito.

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